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Juicio al etarra Gadafi por un crimen sin resolver de la banda: “No pienso declarar nada”

El fiscal pide 40 años de cárcel para Juan Carlos Iglesias, exjefe de la organización terrorista, por el asesinato del ex guardia civil Francisco Díaz de Cerio en 1991

J. J. Gálvez
Juan Carlos Iglesias Chouzas
Juan Carlos Iglesias, alias 'Gadafi', este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.Emilio Naranjo (EFE)

El sanguinario etarra Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi, exjefe de la banda terrorista y condenado ya a cientos de años de cárcel por su participación en el asesinato de ocho personas, ha vuelto este jueves a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional.

—¿Piensa declarar a las partes? —le ha preguntado el magistrado José Antonio Mora, presidente del tribunal que lo enjuicia ahora por atentar contra Francisco Díaz de Cerio, un antiguo guardia civil al que ETA descerrajó cinco tiros por la espalda mientras caminaba por la calle en Bilbao, el 31 de enero de 1991.

—No voy a declarar nada. Lo único que quiero decir es que soy inocente y no sé por qué estoy en este juicio. No pienso declarar nada —ha contestado el terrorista, que se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de Dueñas (Palencia).

La muerte de Díaz de Cerio es uno de los más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer. Hasta este jueves, más de 31 años después del atentado, ninguno de los dos presuntos autores materiales del asesinato se había enfrentado a un tribunal. Según la Fiscalía, que pide 40 años de cárcel para Gadafi, aquel día de 1991, Iglesias y un compañero del comando Vizcaya —Juan María Ormazábal, Turco, muerto a los pocos meses en un tiroteo con la Ertzaintza— secuestraron a un taxista, al que introdujeron en el maletero de su vehículo. Entonces, a bordo del coche, se dirigieron hasta el bilbaíno barrio de Ocharcoaga, donde dispararon a la víctima.

“Hoy, este tribunal es una esperanza para su esposa y su hijo, que se encuentran entre el público”, ha afirmado la abogada de la viuda de Díaz de Cerio, que ha subrayado que los informes forenses revelan que las balas recogidas en el lugar del crimen fueron disparadas “por el revolver que le fue incautado en el bolsillo del pantalón al Turco” cuando murió. También, uno de los agentes que intervino en la causa, ha precisado que el taxista, ya fallecido, ofreció una “precisa” descripción de los dos etarras que lo secuestraron, y dijo que se comunicaban por walkie-talkie. Precisamente, ha añadido el investigador, intervinieron después a la banda dos aparatos de este tipo que “podrían ser” los que se utilizaron ese día. Además, otro etarra ha identificado este jueves a Gadafi como miembro del comando Vizcaya.

El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que existen suficientes pruebas para condenar a Gadafi: “Y esperamos que la condena mantenga la proporcionalidad que corresponde a la gravedad de los hechos. Un asesinato inopinado, injustificado como todos, pero que en este caso fue una auténtica lotería criminal: descerrajar cinco tiros por la espalda a una persona que camina por la calle por haber sido guardia civil”. “La familia lleva 31 años, 1 mes, 24 días y unas horas esperando y sufriendo. Durante muchos años, además, también sufrieron las difamaciones en su barrio porque les decían que [la víctima] era narcotraficante y que por eso había sido asesinado”, ha denunciado la abogada de la viuda. Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución al entender “que no hay prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

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El juicio celebrado este jueves, que el tribunal ha declarado “visto para sentencia” tras más de tres horas, es uno de los múltiples frentes que cercan a Gadafi. Iglesias se encuentra también en el listado de 20 antiguos jefes de ETA investigados por la Audiencia Nacional como “autores mediatos” —una especie de inductores intelectuales de los crímenes al tener el control absoluto de la banda terrorista— de cuatro atentados: los perpetrados contra Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, asesinados en 1995 y 1995 respectivamente; contra el magistrado Francisco Querol en 2000, donde perdió la vida el juez y otras personas; y contra la T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en 2006, con dos muertos.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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