Investigado el expresidente panameño Ricardo Martinelli por contratar a cuatro guardias civiles para espiar a una mujer

Seguimientos en jornadas náuticas, vigilancia en restaurantes, fotografías y hasta un geolocalizador en el coche. Cuatro agentes de la Guardia Civil, un militar y un empresario fueron detenidos este lunes por la unidad de Asuntos Internos del instituto armado acusados de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y coacciones por su presunta implicación en un operativo de seguimiento ilegal a una mujer de nacionalidad canadiense en Mallorca. De ellos, se ha dictado prisión para dos y el resto está ya en libertad. Las pesquisas policiales apuntan al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli como la persona que habría encargado y pagado por el operativo de espionaje durante la estancia de la mujer en la isla en julio de 2020, según informes de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exmandatario centroamericano figura como investigado en la causa, según confirman fuentes policiales. Además de los detenidos, hay otras cinco personas investigadas.

A última hora de este miércoles, la jueza de guardia del Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma ha ordenado prisión comunicada y sin fianza para dos de los detenidos, entre ellos uno de los guardias civiles. Los otros cuatro han quedado en libertad, pero se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer periódicamente ante el juzgado. Los seis implicados fueron detenidos el pasado lunes por agentes desplazados desde Madrid y desde entonces permanecieron permanecido en los calabozos de la Guardia Civil de Palma, hasta ser puestos, este miércoles por la mañana, a disposición judicial. Los cuatro agentes de la Guardia Civil de la zona de Baleares arrestados prestaban servicio en lugares como el Palacio de Marivent, el aeropuerto de Son Sant Joan y el municipio de Calvià. Los otros dos detenidos son un militar y el propietario de una empresa de seguridad privada.

Según la documentación incorporada al sumario, los hechos investigados se produjeron entre el 8 y el 14 de julio de 2020. Los agentes, de forma coordinada, realizaron vigilancias de control y seguimiento sobre una empresaria que vive entre Miami y Mallorca. Los investigadores han documentado el uso por parte de los implicados de dispositivos de geolocalización y de toma de imágenes durante las vigilancias, de las que supuestamente mantenían informado a Martinelli, que quería conocer las relaciones personales e íntimas que tenía esta mujer con la que “mantendría una relación sentimental” según consta en uno de los informes policiales incorporados a la causa.

Siempre según esta documentación, los guardias civiles detenidos crearon un grupo en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp denominado Operación Cacatúa para coordinarse durante los seguimientos. En el mismo, se identificaban con nombres en clave como “Puma I” o “Puma II”, en el caso de los agentes, y como “Zeus”, en el del exmandatario centroamericano. En esta aplicación de mensajes, los investigadores han documentado un intercambio de mensajes entre Martinelli y uno de los agentes de los que se deduce que las actividades de seguimiento que posteriormente se realizaron sobre la mujer fueron previamente negociadas y acordadas entre los participantes. “Dame una cuenta para transferir una parte” dice Martinelli, a lo que uno de los detenidos le responde “te la mandé por WhatsApp”.

Los seguimientos a la mujer se desplegaron durante varios días por distintas localizaciones de Mallorca. El primer servicio se hizo “de forma gratuita” y tuvo lugar en Port Adriano “como extra de regalo” a Martinelli, según consta en las actuaciones. Al día siguiente, los agentes se situaron en la salida de la casa en la que había dormido la mujer e intercambiaron impresiones en el grupo de mensajería sobre la necesidad de saber cuál era su coche porque “de tenerlo confirmado ya podríamos ponerle al vehículo el localizador y así poder hacer los seguimientos a más distancia”, aseguraron. Finalmente, uno de los agentes compartió varias ubicaciones del trayecto hecho por el coche y facilitó su matrícula. Después, otro de ellos confirmó que se ha instalado un localizador: “con dos comandos de seguimiento en vez de uno y baliza en el carro [automóvil] ya no hace falta más”.

Los seguimientos se intentaron ejecutar mientras la mujer montaba en moto acuática, cuando estaba en un restaurante, en un bar de copas y en una jornada a bordo de un barco. En uno de los episodios intentaron el contacto físico con ella, según se deduce de las conversaciones incluidas en la causa. Martinelli envió supuestamente un mensaje al grupo en el que autorizaba a uno de los agentes “a entrar en el avispero” y ordenó que “el chaval, que es su tipo, que proceda”. Otro de los implicados le contestó que no había problema en hacerlo, a lo que el expresidente de Panamá le replicó que “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino echar pa [sic] atrás los ataques”. Una expresión que, para los investigadores, vuelve a evidenciar la posible relación de Martinelli con la mujer.

En el grupo de mensajería, los participantes en el dispositivo de seguimiento comparten continuamente las ubicaciones de la mujer y fotografías de las personas que le acompañan, para que Martinelli pueda identificarlas. Sin embargo, los continuos seguimientos a la mujer levantaron sus sospechas, por lo que decidió denunciar ante la Guardia Civil y la Policía Nacional que estaba siendo víctima de una vigilancia ilegal.

En la operación para desarticular el grupo, bautizada como Operación Pantera, se han registrado los domicilios de los seis detenidos, donde los agentes se han incautado de tecnología para realizar las vigilancias y de documentación manuscrita relativa a la organización y planificación de estas actividades.

Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. En 2017 fue detenido en Estados Unidos por un caso de presuntas escuchas ilegales durante su mandato a centenares de personas, entre ellos, periodistas y empresarios. Tras ser extraditado a su país, fue juzgado y absuelto el pasado mes de noviembre. Está inmerso en otras causas judiciales, como el caso Odebrecht por supuesto lavado de dinero y otro que investiga una operación para comprar un conglomerado de medios de comunicación. El pasado mes de diciembre declaró por videoconferencia ante la Audiencia Nacional por un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de una serie de obras públicas a un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht del que formaba parte la española Fomento de Construcciones y Contratas.