El Gobierno vasco defiende las ocho primeras semilibertades que concede a presos de ETA

El Gobierno vasco defiende que la reciente concesión de ocho terceros grados penitenciarios o semilibertades a presos de ETA se ajustan a la legalidad y la inscriben dentro de la política de reinserción que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu anunció tras recibir, el pasado octubre, la transferencia de la gestión las tres cárceles vascas. Las semilibertades, anunciadas el pasado fin de semana por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas sociales, Beatriz Artolazabal, en una entrevista a El Correo, son las primeras decididas por el ejecutivo autonómico y han provocado malestar en algunas asociaciones de víctimas, que han reclamado a la Fiscalía que las recurra ante la Audiencia Nacional. Este martes, fuentes de ministerio público aseguraban a este diario no haber recibido aún notificación de estas semilibertades y señalaban que la decisión de recurrir se tomará tras estudiar cada caso individualmente. En los últimos cinco meses, la Fiscalía ha conseguido que se revoquen tres semilibertades.

Según datos del Gobierno vasco, en la actualidad hay en las cárceles de Basauri (Bizkaia), Martutene (Gipuzkoa) y Zaballa (Álava) 75 presos de ETA (otros nueve están ya en libertad condicional), a los que se sumarán en breve otros seis internos de la organización terrorista, según anunció el martes de la semana pasada el Ministerio del Interior dentro de la política puesta en marcha por Pedro Sánchez al llegar al Palacio de la Moncloa para acabar con la dispersión tras el fin de ETA. De la primera cifra, 14 ya disfrutaban del régimen abierto, lo que les permitía, en la mayoría de los casos, solo tener que ir a prisión a dormir de lunes a jueves.

A ellos se suman ahora Egoitz Coto, Joseba Lerín, Iñaki Garcés, Unai Fano, Ugaitz Pérez, Mikel Arrieta, Francisco José Ramada y Joseba Arregi Erostarbe, alias Fiti, este último uno de los tres integrantes de la dirección de ETA detenidos en 1992 en la localidad francesa de Bidart. En todos los casos, el Gobierno vasco recalca que la decisión fue adoptada después de que las Juntas de Tratamientos de las cárceles —formadas por profesionales penitenciarios— propusiera concederles el régimen abierto. A otros 26 etarras que lo habían pedido, este órgano informó desfavorablemente.

A dos de los beneficiados ahora, Unai Fano y Mikel Arrieta, el Ministerio del Interior ya les concedió el tercer grado en 2021, en el segundo caso como paso previo para poder estudiar su puesta en libertad condicional por sufrir una grave enfermedad. Sin embargo, en ambos casos la Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Nacional les revocó la semilibertad. En los casos de Ramada, Coto y Fiti, las juntas de tratamiento de las cárceles ya habían propuesto también con anterioridad su paso al tercer grado (la situación penitenciaria de todos los reclusos debe ser revisado cada seis meses como máximo), pero en sus casos Interior rechazó concederles este beneficio.

Tras conocerse ahora la decisión del Gobierno vasco, tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) pidieron a la Fiscalía la revisión de las ocho semilibertades al considerar que, en su opinión, estos presos no cumplen los requisitos que marca la ley para acceder a la misma. No obstante, Covite admitía en su comunicado que en el caso de Fiti podría estar justificada la medida por su avanzada edad —75 años— y atendiendo a “cuestiones humanitarias”.