Buses y taxis para cubrir el voto de 306 mesas menos
La Junta contrata 105 empresas para trasladar votantes desde 1.359 pequeños pueblos a 263 municipios de cabecera
Muchas cosas son nuevas y ocurrirán este domingo por primera vez en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Será la primera cita con las urnas en ese vasto territorio que se celebrará en solitario. Y ese experimento, provocado por la decisión política del presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, de anticipar los comicios para desligarse de sus socios de Ciudadanos, ha forzado algunas novedades. La ley electoral (Loreg) obliga, en su artículo 23.6, y para los casos de la población diseminada, a que la distribución de secciones y mesas electorales para votar se realice “atendiendo a la menor distancia entre el domicilio del elector” y su correspondiente urna pero especifica que “en ningún caso el número de electores adscrito a cada Mesa puede ser inferior a 200″. En esta ocasión, y por ese motivo, habrá 306 mesas electorales menos y eso puede dificultar el voto en algunas zonas, algo que ha inquietado especialmente al PP.
En Castilla y León hay 1.657 municipios con menos de 500 habitantes, según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE): 419 de menos de 100 y 1.238 de entre 100 y 500. Por lo tanto, y según lo marcado por la Oficina del Censo Electoral ante ese supuesto, en estas elecciones habrá 306 mesas menos para votar que en las anteriores autonómicas de 2019, que coincidieron como siempre con municipales y donde ahí sí se permite un mayor despliegue y cercanía de urnas.
La Junta de Castilla y León ha contratado para paliar esa carencia sobre la marcha 105 empresas de taxis y autobuses para llevar votantes de los 1.359 pequeños “núcleos poblacionales” sin mesa que tienen localizados a 263 municipios de cabecera. No es un recurso cualquiera y ha provocado quejas y resquemores, sobre todo por parte de dirigentes del PP nacional próximos a su líder, Pablo Casado, que atribuyen ahí al INE “maniobras oscuras como las de Tezanos con el CIS” para provocar la “desmovilización” del voto y beneficiar así con una menor participación al candidato socialista, Luis Tudanca. Desde la Junta y desde el INE se precisa que es solo una decisión legal y de distribución de los medios disponibles.
Tras 35 años gobernando en Castilla y León, el PP ha corroborado que es una región enorme, con nueve provincias muy distintas, muchas peculiaridades y en las que puede resultar muy arriesgado citar a sus dos millones de electores en pleno invierno. Un veterano dirigente del PP de la zona asegura que alertó de ese riesgo tanto a Mañueco como a Casado y cifra en un 40% la emigración en muchos pueblos hacia otras zonas de España de clima más benigno en esta época del año. El gran temor para el PP es que sus votantes tradicionales, muchos del ámbito rural, no estén el 13-F o no acudan a votar. Por eso sus mensajes en esta recta final de la campaña se han orientado en reactivar a sus partidarios, sobre todo los que solo se motivan en las elecciones locales.
La no coincidencia de las elecciones autonómicas, por primera vez, con unas municipales no anima igual a las bases, alcaldes y estructuras locales del partido, como han observado varios de los dirigentes nacionales del PP que han aterrizado por esos pequeños pueblos en la campaña. Y también lo han transmitido a la cúpula nacional, que se ha desplegado a diario por todo el territorio. Los lemas, mensajes, discusiones, argumentarios, y algunos líderes nacionales, tampoco son en esos pueblos los más atractivos. Ocupa más no cerrar el consultorio.
Lo que el PP necesita ahora en este contexto de nervios y dudas de última hora es recuperar un alto nivel de voto, lo más cercano posible al 40% si quiere gobernar en solitario. Y por eso ha puesto la lupa en que haya mesas y urnas en todos los lugares posibles para superar así el 31% de papeletas que acaparó en las autonómicas de mayo de 2019 (y los 29 escaños actuales que le permitieron seguir gobernando gracias a los 13 de Ciudadanos) y dejar muy atrás el hundimiento al 26% de las generales de abril de ese año, antes de la repetición.
La Ley mandata que debe haber al menos una mesa en cada uno de los 2.248 municipios de la autonomía, pero eso no abarca toda la realidad sobre el terreno.
Cuéllar de la Sierra y Fuentelfresno dependen de Asuejo de la Sierra, una pequeña localidad del norte de Soria. El alcalde pedáneo de la primera, Miguel Ángel Sanz, cree que esta medida es una forma de optimizar recursos: “No tenía sentido tener tres mesas, con todo el gasto que conlleva constituirlas, pagar a la gente…”. Cuéllar tiene unos 25 vecinos, pero viven allí unos 20. Asuejo no contará con este servicio el domingo, pero no parece ser un problema: “Todo el mundo tiene su coche”.
En San Andrés de Soria, una de las 12 pedanías de Almarza, en cambio, el autobús pasará a las 10.25 horas, según reza el cartel situado en la pared exterior del Museo Etnográfico. Todos los vecinos consultados opinan igual: quien quiere votar, casi con seguridad, irá en su coche, informan Elena San José e Iker Vega.
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