El PP denuncia al Gobierno ante la Junta Electoral por el “juego sucio” en la campaña de Castilla y León

El Partido Popular ha presentado este miércoles un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) por la aprobación por el Consejo de Ministros de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario aprobado este martes con una inversión pública estimada en 1.000 millones de euros hasta 2023. El partido de Pablo Casado critica que la aprobación de este plan coincide con la última semana de campaña electoral en Castilla y León. Casado ha acusado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de “utilizar el BOE” para hacer “juego sucio” en las campañas electorales.

El PERTE le parece al líder del PP “un refrito” de medidas anteriores y “una auténtica vergüenza” por su aprobación a falta de cinco días para una cita en las urnas. También se lo parece el anuncio de subida del salario mínimo interprofesional, porque ambos son “anuncios con la billetera de todos los españoles”. Casado prefiere “herramientas eficaces y no medidas electorales”, como sería, por ejemplo, dotar de fondos a los planes hidrológicos ante la sequía. Ha dicho que en Castilla y León y en concreto en Burgos, hay “innovación, excelencia, industria” que hay que potenciar con un impulso a los emprendedores, reducción de la burocracia y medidas a favor de la exportación. Y ha añadido que eso es lo que fomenta su partido y lo que no hace el Gobierno que, ha criticado, quiere recuperar impuestos, como el de sucesiones y patrimonio, además de subir la presión fiscal.

En la denuncia ante la JEC registrada este miércoles, el PP destaca que la aprobación del PERTE este martes en Consejo de Ministros estuvo precedida de su anuncio por Sánchez durante un acto público en Níjar (Almería) el lunes, “con una evidente connotación electoral”. El PP expone que no puede ser calificado como “un anuncio rutinario en el ejercicio de sus competencias de gobierno”, sino como un “absoluto desprecio a la legislación electoral” y una “abusiva y descarada instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada”. El PP solicita a la JEC que Sánchez sea multado con la sanción máxima prevista, de 3.000 euros, debido a la reincidencia, pues, según ha recordado, ya fue multado por una acción similar en las elecciones generales de noviembre de 2019.

A ello se suma que la semana pasada y también a instancias del PP, la JEC ya ordenó al Gobierno que retirara de inmediato de la web de Moncloa un vídeo de Pedro Sánchez, en un acto sobre pensiones celebrado en Alcalá de Henares (Madrid), al considerar que violaba la neutralidad que debe mantener el Ejecutivo en periodo electoral. “La existencia de un proceso electoral en curso no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas. Ahora bien, ello no puede servir de excusa para la instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada”, alertaba la JEC en su resolución. En esta ocasión, la JEC acordó no iniciar ningún expediente sancionador contra el Ministerio de la Presidencia y se limitaba a ordenar la retirada inmediata del vídeo electoralista.