La Fiscalía mantiene bajo sospecha la obra de reforma de la sede del PP de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo sospecha las obras de reforma de la sede del PP de Madrid acometidas durante la etapa de Esperanza Aguirre como líder de la formación regional. A través de un escrito firmado el pasado 28 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público pide al juez del caso Púnica que incorpore al sumario un informe de Hacienda donde se enumeran anomalías detectadas en la facturación de dichos trabajos. La iniciativa se enmarca dentro de la línea de investigación sobre la supuesta financiación irregular de los populares madrileños, donde permanecen imputados la propia Aguirre y su sucesor, Ignacio González.

Las oficinas del PP de Madrid se encuentran en la primera planta del edificio donde el partido tiene su sede central, en Génova 13. Precisamente, el pasado octubre, la Audiencia Nacional consideró probado que la formación pagó con dinero negro la reforma de las plantas utilizadas por el PP nacional, sin entrar en las dependencias de la dirección autonómica. Aunque, según manifestó el extesorero popular Luis Bárcenas, esas instalaciones también se pagaron de forma irregular.

Según declaró Bárcenas al juez Manuel García-Castellón en febrero de 2021, Aguirre quería que el PP nacional asumiese el gasto de la obra de la sede de los populares madrileños; pero Álvaro Lapuerta, al frente entonces de la tesorería central, se negó. “Puedo afirmar que costó más [de lo pagado]”, dijo Bárcenas, que añadió que el PP de Madrid solo desembolsó unos 200.000 euros por la reforma de toda una planta, cuando al PP nacional le costó más de un millón adecentar cada planta del resto del edifico. “Pese a que las obras eran comparables”, remachó Bárcenas.

El pasado 26 de enero, García-Castellón dio por concluidas las pesquisas sobre el PP de Madrid. Sin embargo, la ley permite incorporar pruebas encargadas antes del cierre del sumario y, por ello, Anticorrupción pidió el día 28 que, entre otros documentos, se sume el informe de Hacienda. Un estudio que la Agencia Tributaria elaboró en marzo de 2020 con los escasos papeles que aportó la gerencia de la dirección regional, que dice no encontrar los “contratos” firmados para la reforma.

Los técnicos de Hacienda solo pudieron analizar una decena de facturas facilitadas, pero destacaron aspectos que “llaman la atención”. Como dos abonos de dinero girados en 2005 a Indecor, pagados al contado. Esta empresa, según añaden, es “la responsable del mayor coste de la obra”, que incluye un pago de 30.248 euros para la demolición de 35 metros cuadrados de muros, la colocación de una mampara acristalada de 25 metros cuadrados y la instalación de parqué en 350 metros cuadrados. Unos datos de los que recelan los peritos, ya que consideran “muy escasa la superficie de muro y mampara”, en comparación con la del parqué, salvo que se hicieran constar en facturas que no se han aportado o que, “en realidad, se mantuvieran muchos de los muros de fabrica o mamparas ya existentes”.

Hacienda incide también en que tiene informes internos que señalan que otra compañía contratada, Erin South S. L., “formaría parte de una cadena de facturación irregular”, de la que “se beneficiaría” la sociedad Administradora de Archivos, participada por Indra. El ministerio público sostiene que el sumario del caso Púnica desvela que directivos de esta última compañía se “habrían concertado con dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid” para que la empresa participase supuestamente en el “desvío de fondos públicos de las arcas del ente público Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM)”, dependiente del Gobierno regional. Según la Fiscalía, desde 2007, el ICM “inflaba” contratos adjudicados a Indra y, posteriormente, esta sociedad hacía frente al pago de deudas del Ejecutivo regional o de sus dirigentes; y abonaban gastos electorales del PP de Madrid derivados de sus campañas y de los supuestos trabajos prestados por diferentes mercantiles a los populares.