La Fiscalía del Estado toma las riendas de la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia

La Fiscalía General del Estado ha ordenado este lunes a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan en un plazo de 10 días todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. Todos ellos “incoados tanto en sede judicial como fiscal”, según indica el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con ello, la Fiscalía pretende tener una radiografía sobre el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia. Este mandato inédito supondrá una exhaustiva investigación en un plazo corto de tiempo, ya que en los registros de este tipo de procesos de las memorias anuales nunca se especifica si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. La recopilación que llevarán a cabo los fiscales no representará la totalidad de estos delitos, ya que una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesiásticos. Son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.

La solicitud del ministerio público se produce en medio del escándalo de pederastia que está viviendo la Iglesia española después de EL PAÍS entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso. El trabajo periodístico, puesto en marcha en octubre de 2018, ha impulsado que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu presentasen la semana pasada en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación de dichos delitos. Este martes se decide la admisión a trámite de la iniciativa para debatirla en el pleno de la Cámara.

No es la primera vez que la Administración intenta hacer una recopilación de los datos. El Gobierno solicitó en enero de 2019 a la por entonces fiscal General del Estado, María José Segarra, que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia, tanto en las parroquias que dependen de las diócesis como en los colegios de las congregaciones religiosas. Un mes después, el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado, pidió a la CEE que le informara de los casos que conocía, un gesto que sentó mal en la jerarquía eclesiástica. Y de hecho, no le contestaron.

Meses después, en junio de ese mismo año, el ministerio fiscal remitió al Ministerio de Justicia un escrito donde explicaba que sus registros informáticos sobre diligencias abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas o en otros lugares, y solo detalló al ministerio datos generales de abusos que se registraron en España. Para conocer esos casos, era necesario que se pusiera en marcha una revisión como la que la Fiscalía ordenó el lunes: que cada fiscalía provincial indague en cada uno de sus expedientes.

Pese a la falta de cifras, las conclusiones del ministerio público en dicho documento eran contundentes: señalaba la “opacidad” de la Iglesia e instaba al Gobierno a movilizarse y a tomar medidas. En el documento sugería al Ejecutivo que se pusieran en marcha comisiones de investigación similares a las que países como Australia u Holanda habían establecido, formadas por grupos de expertos independientes y que han investigado estos delitos durante años. En ellas, se abrieron canales para que las víctimas pudieran aportar su testimonio, hicieron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es