La Junta Electoral da la razón a RTVE para que organice uno de los dos debates electorales de Castilla y León
La comisión organizadora de los encuentros entre candidatos políticos estableció en un principio que la televisión autonómica, privada, organizaría ambos
La gestión de los dos debates obligatorios que recoge la ley electoral de Castilla y León ha copado el debate mediático de la comunidad en las últimas semanas. Un primer acuerdo de la comisión organizadora de estos encuentros entre candidatos políticos estableció que la organización de ambos la ejecutaría la televisión autonómica, un ente privado con financiación de la Junta, y desoyó una propuesta para que fuera Radio Televisión Española (RTVE) quien organizase uno de ellos. La campaña electoral comienza a las 00.00 horas de este próximo viernes y las elecciones se celebrarán el 13 de febrero.
Pero el ente público recurrió y la Junta Electoral de Castilla y León ha establecido ahora que RTVE se haga cargo de uno de los debates. El Colegio de Periodistas de la comunidad, que también presentó recurso por no haber sido incluido en el foro de representantes mediáticos que acordó asignar ambos debates al canal autonómico, ha conseguido la anulación de los acuerdos fruto de esa reunión.
A última hora de este martes se ha difundido que el primer debate, emitido por RTVE, será el lunes, 31 de enero. El segundo debate, organizado por la televisión autonómica, será el miércoles, 9 de febrero.
La corporación pública RTVE había insistido en que podía darle una difusión y visibilidad superior al alcance de la plataforma autonómica. El periodista Xabier Fortes, que había sido sugerido como moderador de la cita entre políticos, criticó en una tribuna en EL PAÍS que la comisión gestora excluyera a RTVE arguyendo que el contenido debían emitirlo medios castellanoleoneses. El reportero destacó que la comunidad cuenta con nueve unidades informativas, una por cada provincia, y es por tanto el territorio con más despliegue. “Además, que se ofreciese un debate por TVE no impediría, como en Cataluña, que se emitiese también otro por el canal autonómico o por las cabeceras regionales”, explicó Fortes, gallego, que reprobó que no se le considerase como posible moderador “por ser de fuera”, según manifestó en su artículo, cuando la procedencia de un periodista, entiende, no tiene por qué influir en el desarrollo de un debate autonómico.
El presidente del Colegio de Periodistas de la comunidad, Pedro Lechuga, indica que un “error humano”, según se les informó, causó que se les excluyese del cónclave que pactó la gestión de los debates. El periodista valora la decisión de la Junta Electoral en favor de la “pluralidad informativa” y considera que la intervención de dos cadenas de televisión “puede potenciar la visibilidad”. “Después de las elecciones puede ser el momento de darle una vuelta a la comisión y avanzar para que no haya conflictos de intereses”, comenta Lechuga. Los debates aún no tienen fecha, hora o lugar fijados.
La comisión de los debates en Castilla y León la integran, según la normativa, un representante del colegio de periodistas y portavoces de los periódicos provinciales o autonómicos de la comunidad con una sección autonómica, así como diarios nacionales con una sección sobre el territorio. El mismo criterio se marca con las radios, las agencias informativas o las televisiones. Una de las claves que influyeron en la decisión de otorgar los dos debates al canal autonómico es que dos grandes empresas poseen varios medios con voto independiente, de ahí que sus representantes se pudieran unir y defender los intereses de su compañía. Es el caso de las dos entidades que gestionan Radio Televisión Castilla y León: Promecal, del constructor Antonio Méndez Pozo; y Edigrup, de la familia Uribarri. Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística y el también constructor José Luis Ulibarri está implicado en la trama Gürtel, que juzga si el PP se lucró de irregularidades urbanísticas.
División política
La normativa indica que solo pueden debatir los candidatos de los partidos con grupo propio en las Cortes. Esta vez solo podrían citarse el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP, 29 procuradores), el líder de la oposición, Luis Tudanca (PSOE, 35) y el exvicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos, 11), que apoyó a Mañueco hasta que este rompió la coalición el 20 de diciembre. En 2019 participó también Pablo Fernández como voz de Podemos, que ocupaba 10 asientos, pero tras esos comicios cayó a dos. La Junta Electoral ha rechazado la petición de Vox, con solo una procuradora en el hemiciclo, de ser incluida en estos encuentros políticos. Este partido ha pedido medidas cautelarísimas al Tribunal Supremo para poder formar parte pese a que la legislación de Castilla y León expresa que solo pueden comparecer los candidatos de las fuerzas con grupo propio, esto es, con al menos cinco escaños.
Igea y Tudanca han propuesto en las últimas fechas que se celebre un encuentro entre todos los partidos con presencia en la Cámara (PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y Vox). La agrupación de electores Soria ¡Ya!, que concurre por esa provincia, y las plataformas de la España Vaciada, que lo hacen por Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, también han solicitado participar en esos posibles debates.
La Junta Electoral recoge que si alguno de los candidatos no pudiese asistir por motivos de salud relacionados con el coronavirus sí puede intervenir de forma telemática.
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