El Gobierno deja manos libres a Felipe VI para decidir si el rey Juan Carlos vuelve a España
El Ejecutivo asegura que respetará lo que determine la Casa del Rey
El Gobierno deja manos libres a Felipe VI para tomar una de las decisiones más difíciles de su reinado: elegir si permite que su padre, el rey Juan Carlos I, vuelva a España una vez que se está despejando su horizonte judicial, a pesar de que el escándalo sigue en pleno apogeo porque los datos demuestran que tuvo durante años una fortuna opaca en Suiza y obtuvo regalos multimillonarios de monarquías del golfo Pérsico sin que los españoles lo supieran y sin que conste por qué le entregaron esas cantidades, de hasta 65 millones de euros. En La Moncloa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que esta es una decisión que compete a Felipe VI y el Gobierno no piensa inmiscuirse ni presionar. “No nos corresponde. Seremos respetuosos con la decisión que se adoptará en la Casa Real al respecto de su vuelta [del rey emérito]”, señaló ante la pregunta de la prensa. El debate sobre el futuro del rey emérito y la Monarquía se trasladó a todos los grupos del Congreso y Unidas Podemos se desmarcó de nuevo del PSOE, su socio en el Ejecutivo, al mantener su acusación de “corrupto” sobre Juan Carlos I y pedir otro diseño del sistema monárquico español.
Cuando el rey Juan Carlos abandonó España, en agosto de 2020, el Gobierno sí estuvo detrás de la decisión y la respaldó. El escándalo entonces se hizo insoportable para La Zarzuela y Felipe VI, respaldado por el Ejecutivo, animó a su padre a salir del país. Don Juan Carlos decidió quedarse en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde reside desde entonces. La decisión provocó una crisis interna del Ejecutivo, porque Pablo Iglesias y su grupo se enteraron por la prensa y protestaron ante Pedro Sánchez, que no les había informado, en un duro Consejo de Ministros. Esta vez el Gobierno quiere dejar muy claro desde el principio que la decisión es de Felipe VI como jefe de Casa del Rey y que el Ejecutivo la respetará.
Sin embargo, el problema político que supone el regreso de don Juan Carlos no se ha resuelto. El rey no salió de España por los avances judiciales, sino por las informaciones periodísticas que daban detalles del escándalo. Desde entonces los datos han ido en aumento y el rey emérito ha regularizado dos veces por una cantidad de casi cinco millones de euros el dinero opaco que tenía, lo que ha confirmado todos los extremos sobre el manejo de fondos ocultos a la Hacienda española por parte del que fue jefe del Estado durante 40 años. La decisión es muy delicada y en el ambiente político se ve como muy improbable que don Juan Carlos pueda volver a residir en La Zarzuela, un palacio oficial sufragado con dinero público.
En cualquier caso, el Gobierno ha cambiado el tono. Hasta hace poco, el Ejecutivo, y en especial su presidente, Pedro Sánchez, utilizaba palabras muy duras cuando le preguntaban por el rey Juan Carlos. “Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española ante estas conductas incívicas”, llegó a decir el jefe del Gobierno. Además, en varias entrevistas insistió en que el rey emérito debía “dar explicaciones” por su fortuna opaca.
Ahora el Gobierno, al menos su portavoz, Isabel Rodríguez, evita las críticas a la conducta de don Juan Carlos y se limita a respuestas muy breves en las que en todo momento traslada la decisión a la Casa del Rey e insiste en alabar la “ejemplaridad y transparencia” de Felipe VI. Sin embargo, un año después que Pedro Sánchez anunciara reformas legales para aumentar la transparencia de la Casa del Rey, estas duermen en un cajón porque La Zarzuela y La Moncloa no las han impulsado y no parece que sea algo prioritario.
El resto de partidos representados en el Congreso mostraron claras diferencias sobre el debate del regreso del rey emérito. Mientras el PP, Ciudadanos y Vox insistieron abiertamente en que don Juan Carlos debería volver a España si así lo desea —eso es lo que se está difundiendo en sus entornos—, varios socios parlamentarios del Ejecutivo están en contra. Y el que se expresó de manera más contundente fue precisamente Unidas Podemos. Tanto Gerardo Pisarello, como representante de En Comú Podem en la Mesa de la Cámara, como Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, recalcaron que la decisión de la fiscalía suiza “no cambia nada” y mantuvieron sus duras acusaciones, refiriéndose a Juan Carlos I como “corrupto”.
Pablo Echenique interpretó que lo que resolvió este lunes la Fiscalía suiza fue “que no hay pruebas” de que el dinero donado por el rey de Arabia Saudí al exjefe del Estado español se debiera directamente a “comisiones del AVE a la Meca”, pero no que haya desmentido que Juan Carlos I recogiera ese dinero, ni que un año antes el monarca otorgara a su homólogo de Arabia Saudí el Toisón de Oro ni que luego lograra que se organizase un evento en Madrid “para blanquear la teocracia saudí, que se sabe que ha colaborado con los talibanes y con Al Qaeda”. Echenique tildó de “vergüenza” toda esta situación y concluyó que el problema es de diseño del sistema monárquico actual para el que abogó por una revisión profunda: “Hoy cualquier persona que ocupe la Corona podría llevar a cabo las mismas actividades que Juan Carlos I con la misma impunidad que él”.
No fue el único portavoz crítico con Juan Carlos I. También se pronunciaron en esa línea el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y sobre todo el de ERC, Gabriel Rufián, que también abundó en que la decisión de la fiscalía suiza no varía el fondo del escándalo: “¿Es ético que un rey reciba 65 millones de un monarca saudí?”. Y propuso que si el monarca finalmente regresa de Abu Dabi “se vaya a vivir a un piso de 60 metros cuadrados en un barrio obrero y cobrando la pensión mínima”.
La portavoz del PP en la Cámara baja, Cuca Gamarra, sí se congratuló ante la posibilidad de que Juan Carlos I retorne a España y señaló: “El rey emérito es un ciudadano español que puede venir a su país cuando quiera y en las circunstancias que quiera y, por tanto, respetamos enormemente sus decisiones personales en este aspecto”. Gamarra concluyó, además, que detrás de las críticas que el comportamiento de Juan Carlos I ha recibido en estos últimos tiempos “hay una búsqueda del debilitamiento de la institución” y estableció una comparación entre la falta de libertad que tendría el monarca para regresar y la que achacó a la familia de una niña de cinco años de Canet del Mar para defender que pueda recibir un 25% de sus horas de clase en castellano. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, remató en esa misma línea que a día de hoy “no hay ningún impedimento” para que Juan Carlos I vuelva a su país y agregó: “Podrá volver cuando lo estime oportuno”. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, reafirmó: “No existen medidas cautelares, es un ciudadano libre, no seré yo quien le diga donde tiene que residir”.
