La mayoría de comunidades autónomas opta por la prudencia ante una propuesta de financiación embrionaria

Las comunidades autónomas optaron de manera mayoritaria por el silencio y evitaron este viernes pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica hasta tener una opinión más armada. El Ministerio de Hacienda les remitió pasadas las dos de la tarde su planteamiento para el cálculo de la población ajustada, desarrollado a lo largo de 240 páginas. “Es mejor ser lento que imprudente”, resumía un alto cargo de un territorio el sentir general de la mayoría de comunidades, del PSOE y del PP, mientras los consejeros de Hacienda despejaban sus agendas y se zambullían en el estudio del documento.

Asturias y Extremadura celebraron la propuesta de la ministra María Jesús Montero como el “punto de inicio” de la negociación para reformar el modelo vigente, que se aprobó en 2009 y caducó en 2014. El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara confía en que el futuro sistema se defina por “la equidad y solidaridad” y asegure el equilibrio territorial. Galicia y Castilla-La Mancha, también del grupo afectado por la despoblación, escrutaban la noche de este viernes hasta la última línea, el último número y el último porcentaje del informe.

La más rápida en reaccionar fue la de la Comunidad Valenciana, que según diversos estudios es la más infrafinanciada. Su consejero de Hacienda, Vicent Soler, calificó de “victoria colectiva” que el Gobierno haya marcado la población ajustada como criterio principal. Aun así, Soler pidió prudencia porque todavía debía estudiar “con profundidad” el esqueleto de la reforma remitido por Montero. El informe no indica si desaparecen los fondos arbitrarios, que crean las injusticias del sistema, y que actualmente concentran el 25% de la financiación que reciben las comunidades, o si el Fondo de Garantía, en el que se incluyen los recursos para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, se mantiene en el 75% o supondrá un mayor pedazo de la tarta.

“En principio no me gusta”, aseveró el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que defiende que se priorice el coste efectivo de los servicios frente al criterio de población. El consejero de Murcia, Luis Alberto Marín, acusó por su parte al Gobierno de mandarle “un documento mutilado con solo una parte de la reforma” para “ocultar un nuevo maltrato” a su región. “Es la primera vez que el Gobierno inicia en clave multilateral la reforma del modelo y poniendo un documento público encima de la mesa”, destacó La Moncloa en un argumentario interno. Una de las ideas clave era la de instar “a las formaciones políticas, especialmente al PP, a mantener un diálogo leal y constructivo. Es necesario abandonar la confrontación y los intereses partidistas si se quiere alcanzar un consenso”.

Frente a las críticas, el Gobierno subraya que las comunidades han recibido con Pedro Sánchez un 35,8% más de recursos que en los últimos cuatro años de Mariano Rajoy.