La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para el consejero catalán Roger Torrent

La Fiscalía ha solicitado un año y ocho meses de inhabilitación para el expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent ―hoy consejero de Empresa en el Govern de Pere Aragonés― por un supuesto delito de desobediencia grave. Torrent tramitó en octubre de 2019, cuando presidía la Cámara autonómica, diversas resoluciones favorables al derecho de autodeterminación y contra el jefe del Estado, a pesar de que el Constitucional había ordenado su paralización en sendas providencias de los días 10 y 16 de dicho mes.

En las providencias dictadas, el Constitucional acordaba requerir individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa del Parlamento catalán de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento”. El escrito de la Fiscalía subraya que, a pesar de todo ello, Torrent, junto a otros miembros de la Mesa, aceptó tramitar las mociones presentadas, en las que se decía que la Cámara catalana “expresa la voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”.

Además de la resolución sobre el derecho a la autodeterminación, en otra de las mociones se manifestaba “la reprobación de Felipe VI por su posicionamiento y su intervención en relación al conflicto democrático que genera la denegación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado español”. Los partidos de la oposición pidieron la reconsideración de la tramitación de estos textos, que fue desestimada.

En diciembre de 2019, el Constitucional anuló ambas resoluciones, por ser contrarias a sus anteriores mandatos sobre el deber del Parlament de paralizar e impedir su tramitación. El tribunal de garantías remitió a la Fiscalía General del Estado notificación o testimonio de particulares sobre la supuesta desobediencia, lo que desde el primer momento se consideró por los fiscales como una petición ―aunque formalmente no lo fuera― de presentación de una querella por la actuación de Torrent como presidente del Parlament, y de los miembros de la Mesa que le apoyaron en sus decisiones: Josep Costa (Junts per Catalunya), Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). Tras casi dos años de investigación en contacto permanente entre la Fiscalía General y la de Cataluña, el escrito de conclusiones del ministerio público ha sido presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Fiscalía pide para Torrent un año y ocho meses de inhabilitación “para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean del ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional”. La misma pena se solicita para Costa y Campredós, y para todos ellos también una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 100 euros. Para Adriana Delgado ―que no tomó parte en todas las decisiones investigadas― se pide una pena de inhabilitación de un año y cuatro meses, con los mismos efectos que para los anteriores, y una multa de ocho meses, con una cuota diaria de 100 euros.