Los letrados del Congreso admiten el error en la enmienda que da 9.300 millones a las autonomías

Una votación extraña, con PP, Vox y Ciudadanos apoyando una propuesta del partido de Carles Puigdemont, y una situación no menos extraña. La enmienda de Junts aprobada el pasado martes por la Comisión de Presupuestos del Congreso para crear un fondo covid que repartiría 9.300 millones de euros entre las comunidades autónomas no tendrá la menor eficacia, aseguran el Gobierno y el PSOE. El Ejecutivo la declara “inejecutable” por ser incompatible con las previsiones presupuestarias. Pero el asunto ha creado un barullo jurídico en el Congreso.

Los letrados de la Cámara han emitido un informe en el que señalan que fue un error admitir a trámite esa enmienda. El reglamento establece que pueden ser vetadas aquellas propuestas que impliquen un aumento de gasto sin que se plantee a la vez un recorte de igual cuantía en la misma sección presupuestaria. Es el Gobierno quien pone esos vetos, más de un millar este año.

Los servicios jurídicos del Congreso, en un informe anterior, habían amonestado al Ejecutivo por considerar que alrededor del 40% de sus vetos no estaban justificados. Pero en el caso de la enmienda de Junts, los letrados reconocen que no se debería haber dejado pasar porque aumenta el gasto en 9.362 millones y solo lo reduce en 7.000, recorte que asigna además a un programa equivocado. Lo que ocurre es que el acuerdo está tomado y ahora no resulta fácil deshacerlo.

El informe de los letrados se desliza por los más prolijos intersticios del reglamento de la Cámara para ofrecer posibles soluciones. Una es que se repare como “error técnico”, pero los mismos servicios jurídicos dudan de que se pueda catalogar así. Otra es que todos los grupos pacten una enmienda para retirar lo aprobado, una situación políticamente imposible. Y una tercera es que el pleno del Congreso emita un “voto particular”, como se llama en la jerga a la decisión de devolver un dictamen a la comisión que lo elaboró a fin de que revise su contenido. Para esto último el Gobierno requeriría del apoyo de los mismos que aprobaron la enmienda. Así que los socialistas han anunciado que dejarán el asunto tal como está, porque el Ejecutivo tiene la potestad de declarar “inejecutables” enmiendas aprobadas en el Congreso que afecten de lleno a las previsiones presupuestarias. Ha ocurrido con frecuencia, aunque nunca en las cantidades que se propone modificar en esta ocasión.

Junts, de momento, no ha decidido si tomará acciones, aunque lamenta la “falta de voluntad política” del Gobierno y afirma que sigue considerando válido lo aprobado, según fuentes de la formación.