El PSOE aparta al crítico Odón Elorza en el pleno que llevará a Arnaldo al Constitucional

El caso Enrique Arnaldo no está del todo resuelto. Se enreda. La solución encontrada entre el PP y el PSOE que incluye el nombramiento de este jurista próximo a la formación conservadora será ratificada este próximo jueves por el pleno del Congreso en votación telemática, individual y secreta de todos los diputados. Antes de esa votación clave, Arnaldo pasó, no sin agrias discusiones políticas, el filtro previo de la comisión de nombramientos, donde el portavoz entonces del PSOE, Odón Elorza, fue extremadamente crítico con la idoneidad de Arnaldo por sus múltiples negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP. Elorza ya no será el jueves que viene el portavoz del PSOE en el pleno, según ha corroborado EL PAÍS en fuentes parlamentarias. Ha sido sustituido para esa sesión por el también diputado socialista Francisco Aranda Vargas, que fue aquel día su segundo y apenas intervino en la comisión.

El PSOE no quiere más “sorpresas ni salidas de tono” que puedan echar al traste los contactos que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantiene aún con el negociador del PP, Teodoro García Egea, para resolver el bloqueo en el Poder Judicial.

El PP ha transmitido su enorme malestar con el tono duro de Elorza en la comisión de nombramientos. El diputado socialista hizo 17 preguntas retóricas para poner en evidencia el perfil muy ideológico y plagado de presuntas incompatibilidades del candidato del PP. Los socialistas, al final, votaron para refrendar el acuerdo, como hizo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, en este caso también con un silente rechazo. El desahogo público de Elorza fue el único desmarque que se permitió el PSOE, así como las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, o de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en las que sí señalaron que su formación solo se hacía responsable de avalar la trayectoria de sus dos candidatos pactados (Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez) pero no de los del PP (Arnaldo y Concepción Espejel). Pero el PSOE quiere evitar que puedan surgir más escollos.

PSOE y PP pactaron a primeros de octubre en apenas 24 horas cuatro nombres para cubrir las vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional, las 12 del Tribunal de Cuentas y los puestos de Defensor del Pueblo y su adjunta, que serán los que se votarán el jueves en el pleno del Congreso. Los populares se empeñaron en que uno de sus dos aspirantes fuese Arnaldo, veterano letrado de las Cortes desde 1986, profesor en distintas universidades públicas y privadas y socio desde 2002 de un despacho que ha conseguido contratos de varias administraciones y gobiernos controlados por el PP. El negociador del Gobierno y del PSOE, Félix Bolaños, aceptó esa nominación a cambio de lo que llaman los socialistas el “bien mayor” de desatascar el bloqueo de ese organismo y otros cargos institucionales prorrogados.

Ese primer pacto superó la barrera de la comisión de nombramientos porque la votación se realizó sobre una propuesta conjunta de todos los cargos con voto ponderado —es decir, por grupos políticos y sin participación individual de los diputados— y logró 242 síes, 12 abstenciones y ningún no, porque los grupos parlamentarios que se oponen se ausentaron de la comisión.

Cuatro nombres

La votación en pleno sí será individual, secreta y telemática al 100%. A los diputados les llegará una papeleta a su ordenador y en la misma podrán rellenar y respaldar el nombre de “hasta cuatro” aspirantes para las cuatro vacantes del Constitucional. No pueden incluir nombres nuevos sobre los ya pactados, pero no tienen por qué escribir los cuatro nombres. Esa opción abre puertas a la incertidumbre y a hipotéticos votos de castigo. En la dirección del grupo parlamentario del PSOE rechazan ese escenario y aseguran que todos sus parlamentarios seguirán los criterios ya cerrados. En Unidas Podemos tampoco contemplan esa hipótesis, aunque conceden que las votaciones secretas “son incontrolables por definición”. En Podemos reconocen que sus diputados no han expresado un “malestar insoportable” ante este acuerdo aunque no les guste: “Somos conscientes de que es el peaje por asegurar que entran otros dos muy buenos candidatos”.