El PP propone que el Parlamento someta a un examen a los cargos institucionales que elige

El quinto y último foro de discusión interna organizado por el PP para perfilar su programa electoral facilitó ayer una de las ofertas más novedosas que este partido presentará el 12 de marzo. El PP defenderá que "los titulares de órganos cuyo nombramiento o propuesta proceda del Parlamento" pasen antes de su designación una examen de calidad en el Congreso. Sería una comparecencia "no vinculante" que afectaría a los responsables de RTVE, a ocho magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros del CGPJ y del Consejo de Seguridad Nuclear y al Defensor del Pueblo y sus adjuntos.

La oferta sobre el "escrutinio parlamentario" la concretó durante la discusión en el foro sobre la constitución el diputado Gabriel Cisneros, uno de los ponentes de la Carta Magna. Los redactores del programa del PP se la presentaron antes a Aznar y el candidato dio su visto bueno. Este hearing o examen previo ante los partidos representados en el Parlamento es una iniciativa que ahora propugnan varios grupos, aunque el PP limitará mucho el alcance de esta comparecencia al no conceder derecho de veto ni permitir una votación sobre las cualidades del señalado para el cargo. En cualquier caso, el hecho de que los designados para uno de esos puestos sepan que deben acudir antes al Congreso le concede un valor político.Este último foro programático del PP fue utilizado por distintos dirigentes del partido para despacharse contra los enemigos externos y también internos de la actual Constitución, como quienes propugnan "la interpretación expansiva de los derechos históricos", tesis que defiende hace años el dirigente del PP Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Cisneros, moderador del debate de ayer, ironizó sobre esos "excesos" de Herrero, sin citarle, y también arremetió contra las propuestas federalistas que emergen en el PSOE. Según Cisneros, ese tipo de ideas surgen porque en ese partido se ha producido "un déficit de liderazgo" con la llegada a la secretaría general de Joaquín Almunia.

Sólo la ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, que volverá en la próxima legislatura al Congreso como diputada, apuntó que no debe alarmar que alguien defienda la reforma de la Constitución porque esa posibilidad ya está prevista en la propia Carta Magna. Los moderadores oficiales le recordaron a Becerril que, aunque esas opciones existen, el PP no cree que haya ninguna necesidad de aplicarlas en los próximos años. Todas las intervenciones se produjeron en un debate al que no tuvieron acceso a los medios de comunicación.

Intervención de Aznar

José María Aznar, luego, en la clausura del acto, completó su discurso sobre la validez de la Constitución con una diatriba contra las políticas de los "nuevos conservadores", etiqueta que le valió para descalificar el proyecto del PSOE -por centralista, generador de déficit público, y destinado a aumentar los impuestos y los altos cargos-, frente a los "planteamientos valientes" de terceras vías como la del primer ministro británico, Tony Blair. También cargó contra quienes "se incorporan tardíamente a la modernización, a los grupos que se niegan a abandonar situaciones de privilegio y a los que se aferran a disfrutar de los monopolios públicos y privados".