Expertos urgen a reformar la financiación autonómica para eliminar las desigualdades regionales

La financiación autonómica está oxidada. Esa es la conclusión que se desprende del XXXI Informe de las Comunidades Autónomas, elaborado por el Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. El estudio, que analiza la gestión autonómica durante 2020, se presentó este jueves en el Senado antes de la celebración del décimo Foro de las Autonomías. Un monográfico en el que se insiste en la necesidad de dotar de mayores recursos económicos a las regiones frente al Gobierno central, y de eliminar las “desigualdades” entre los distintos territorios.

“Técnicamente la financiación, las competencias... requieren de ajustes, y la línea del informe ha sido postular reformas”, manifestó en la Cámara alta Javier García Roca, director del estudio, en el que han participado una treintena de expertos en Derecho. Entre ellos, Jesús Ruiz-Huerta y Francisco Javier Loscos, que ponen en el foco en la necesidad de “abordar un nuevo modelo” tras años en los que “las deficiencias” del sistema se han ido enquistando.

Los responsables del informe son conscientes de las dificultades de acometer reformas en épocas de crisis, como las de la pandemia, pero entienden que es un problema que el Estado de las autonomías viene arrastrando desde hace varios años y que requiere de un compromiso político. A juicio de los autores, el nuevo modelo debería orquestarse en torno a dos puntos clave. Por un lado, “revisar los desequilibrios entre comunidades autónomas y Gobierno”, recordando que son las regiones las que aplican el estado del bienestar. Y por otro, eliminar “las desigualdades entre las comunidades de régimen especial o foral y las de régimen general”. Además de aplicar mecanismos de compensación que corrijan el desequilibrio que también se da entre los territorios del segundo grupo. Los expertos mencionan expresamente a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia como autonomías especialmente perjudicadas, así como otras regiones del arco mediterráneo y Andalucía. “Tenemos que corregir la población ajustada, es decir, por unidad de necesidad”, explica el profesor Loscos.

El actual modelo de financiación autonómica lleva pendiente de renovación desde 2014, y la necesidad de ajustarlo, sea con criterios de población o de dispersión demográfica, divide a las comunidades. En este sentido se manifestó, durante su intervención en el debate, la directora general de Coordinación del diálogo social de Presidencia de la Generalitat valenciana, Zulima Pérez: “Existe la necesidad de emprender la reforma del sistema de financiación para paliar la situación de infrafinanciación que sufre mi comunidad”.

El informe invita a aplicar la experiencia ganada durante la gestión de la covid-19. Según el estudio, las comunidades autónomas han salido fortalecidas de la gestión descentralizada llevada a cabo durante la pandemia. En particular, durante el segundo estado de alarma. Los juristas alaban en este sentido la celebración de conferencias sectoriales. Y recomiendan fortalecer estas herramientas para el futuro.

Dentro de las 437 páginas que abarca el informe, se analiza también el plan de ayuda europeo NextGenerationEU para ayudar a los Estados miembros en la recuperación tras la pandemia. En el debate celebrado este jueves durante el foro, los asistentes y algunos ponentes se quejaron de “falta de descentralización” en el reparto de los fondos que corresponden a España. Los expertos se lamentaron de que el Gobierno “ha dejado poco margen de maniobra” a las comunidades, que solo “podrán ejecutar” lo presupuestado. Y creen que se debería haber dado a los entes territoriales un marco más amplio en el diseño de las partidas económicas.

Tanto Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal de garantías, como David Moya, director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, se mostraron favorables a trasladar algunas agencias o instituciones de Madrid a otras comunidades siempre que se haga bajo el consenso político y para “acercar las instituciones al ciudadano”. Una medida que “podría ayudar a la cohesión entre comunidades si se hace sin pretender mayor rédito político”.