El pasado nunca se quema

A Óscar Alzaga no se le han olvidado las columnas de humo elevándose sobre el cielo de Madrid durante aquellos días del comienzo de 1978. En la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, las calderas funcionaban sin descanso para destruir los archivos de la represión franquista, decenas de miles de fichas de opositores a la dictadura, entre ellos el propio Alzaga, un hombre de trayectoria singular: entregado desde joven a la causa democristiana, se batió como activo dirigente estudiantil en los años sesenta, se adhirió en la Transición a UCD y, tras la desintegración de esta, acabó su carrera política en una efímera coalición con Manuel Fraga. De 1979 a 1986 tuvo asiento en el Congreso, adonde regresó el pasado martes, con 79 años, para presentar un libro de memorias, La conquista de la Transición, y deplorar aún aquella “quema indiscriminada” con la que se incineró un episodio crucial de la historia reciente de España.

La orden de destruir las pruebas de la represión había partido de un antiguo hombre del régimen, Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación y, aunque parezca asombroso escuchando hoy a Alzaga, compañero de este en UCD. La Transición se fraguó en esos retorcidos laberintos. Alzaga la defiende, pero también lamenta algún precio pagado: “Privarle a nuestro pueblo del derecho a conocer su historia, aun la más triste”. Así lo dice en su libro, escrito con un propósito fundamental, según contó ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los portavoces de los principales grupos parlamentarios: “Rebatir esa idea aún tan extendida por algunos de que fueron los franquistas quienes nos donaron la democracia”.

“El olvido es incompatible con la democracia”, sentencia Fernando Martínez, historiador y secretario de Estado de Memoria Democrática, que la próxima semana también estará muy pendiente del Congreso. Una de las grandes apuestas legislativas del Gobierno, la Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la de Zapatero de 2007 y la amplía, afronta el jueves su primer trámite parlamentario. Una ley que quiere “ser de todos”, inspirada en los principios del “humanitarismo y los derechos humanos” y que, subraya Martínez, no persigue abrir heridas sino “retribuir a las víctimas”. El proyecto, coinciden los grupos políticos, salvará el primer escollo parlamentario, pero su tramitación se adivina más compleja, porque no solo la derecha se opone radicalmente, también el independentismo ha abierto otro frente por los motivos contrarios. Donde PP y Vox ven un mero instrumento revanchista de la izquierda, ERC solo encuentra pequeños avances que en ningún caso acaban con lo que define como “la legitimación de la impunidad”.

Esquerra ya se opuso a la ley de Zapatero en 2007. Entonces también integraba la mayoría que sostenía al Gobierno, pero sus votos no eran tan decisivos como ahora. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido contactos con ERC a través del exdiputado Joan Tardà, abanderado durante estos 13 años de las reivindicaciones de su partido: anulación de los juicios del franquismo, revisión de la ley de amnistía de 1977 para permitir la investigación penal de los crímenes de la dictadura e indemnizaciones a las víctimas.

Las conversaciones no avanzaron y ERC se ha descolgado con una enmienda a la totalidad, al igual que PP y Vox. Los republicanos presentan un texto alternativo, que se votará aparte, lo que garantiza al Ejecutivo salvar el primer obstáculo, aunque habrá que ver con cuántos apoyos. ERC puede arrastrar al resto del independentismo catalán y al vasco de EH Bildu, mientras Ciudadanos, que se muestra favorable a las políticas de memoria, tiene reticencias ante el texto. Con toda esa mezcla deberá cocer el Gobierno la nueva ley cuando se empiece a debatir artículo por artículo.

“Nuestra posición se ha folclorizado, nos han presentado como frikis”, se queja Tardà, “pero lo que pedimos es lo que está en las legislaciones de países como Francia o Alemania”. El dirigente de ERC defiende revisar uno de los pilares de la Transición, la ley de amnistía de 1977, porque “en la práctica se convirtió en una ley de punto final para garantizar la impunidad”. “Tenemos el antifascismo en nuestro ADN”, enfatiza Tardà para remitirse a la historia de su partido, con cientos de militantes ejecutados, entre ellos su gran símbolo, el president Lluís Companys. ERC sabe que su enmienda será testimonial, pero se apresta a dar la batalla en el debate del articulado.

Hay una cuestión de fondo que separa las posiciones del Gobierno y de su habitual apoyo parlamentario. La ley, subraya el secretario de Estado, se inspira en los principios de la “justicia restaurativa”, es decir, la satisfacción de las víctimas, y no en la “justicia punitiva” por la que aboga ERC. Aun así, los socialistas están dispuestos a negociar algunos aspectos, como la exigencia de Esquerra de declarar “ilegales” los juicios políticos del franquismo, sobre los que el texto del Gobierno arroja más bien una “condena moral” al señalarlos como “ilegítimos”. Martínez ha conversado con la mayoría de los grupos políticos y ve campo abierto a las propuestas para “enriquecer el texto”. La derogación de la ley de amnistía de 1977, sin embargo, está descartada. El responsable de Memoria Democrática arguye que no tendría efectos prácticos, porque los delitos ya han prescrito y prevalece el principio de la “irretroactividad de las leyes penales”.

Martínez destaca que el proyecto “recoge las demandas de las víctimas y del movimiento memorialista”, obliga al Estado a acometer la exhumación de fosas o crea un fiscal de sala para que se puedan dilucidar hechos pasados, aun sin condena penal. Su objetivo, insiste, es que sea una “ley de todos”. El Congreso de la polarización no se lo va a poner fácil.