La investigación suiza sobre los 65 millones del rey emérito sigue viva con nuevas pesquisas

Hace tres años, el fiscal suizo Yves Bertossa ordenó un registro en las discretas oficinas de Rhône Gestion, un edificio de cinco alturas en el centro de Ginebra a orillas del Ródano, en las que se escondían los documentos de la cuenta secreta de Juan Carlos I. Cuando se cumplen 36 meses de aquella sigilosa inspección, la causa judicial que provocó ese hallazgo sigue viva. Las diligencias judiciales, que nunca se han interrumpido, han continuado en las últimas semanas con nuevas pesquisas, sin que el anterior rey de España haya sido imputado ni llamado a declarar.

Bertossa ha imputado por presunto blanqueo agravado de capitales a todos los actores del caso, menos al Gobierno saudí que el 8 de agosto de 2008 transfirió a la cuenta oculta de la fundación Lucum los 65 millones y al entonces jefe del Estado español que los recibió. “Después de tres años de indagaciones y sin haber obtenido nuevas pruebas no tiene sentido que ahora sea llamado a declarar”, afirma una fuente cercana a la investigación.

La prudencia del fiscal suizo, según algunas fuentes por la falta de indicios más sólidos, se evidencia en que todavía no ha enviado una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Arabia Saudí para que le expliquen por qué se transfirieron al rey emérito esos 65 millones desde el Ministerio de Finanzas. En el know your client (conoce a tu cliente), el formulario de ingreso en el banco Mirabau & Cie, solo aparece la explicación de que se trató de un “pure gift” (puro regalo) del rey Abdalá bin Abdelaziz a su “hermano” Juan Carlos I.

Hoy, las diligencias de la Fiscalía del Cantón de Ginebra por el presunto pago de una comisión por la construcción del AVE a La Meca por un consorcio de empresas españolas siguen activas y centradas en el mismo núcleo de personas que al inicio de la investigación, en otoño de 2018. Todas ellas se encuentran en situación de “prévenues” (denominación de imputado en Suiza).

El fiscal suizo sospecha que los 65 millones pudieran ser el pago de una comisión por la rebaja del 30% que las empresas españolas hicieron en su puja final para adjudicarse la obra. La defensa de todos los investigados es casi idéntica: el dinero se recibió tres años antes de que se ofertara la obra y las comisiones, generalmente, las pagan los adjudicatarios de las obras, no los países donde se llevan a cabo.

Por el despacho de Bertossa, en un moderno edificio de cristal situado a cinco minutos en metro del corazón de la ciudad, han desfilado varias veces todos los imputados acompañados de sus abogados ginebrinos. Y seguirán haciéndolo en los próximos meses, según apuntan fuentes judiciales.

Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta del rey emérito y dueño de todos los secretos que se encierran entre las paredes pintadas de amarillo de Rhone Gestion; Dante Canonica, el abogado y director de la fundación panameña Lucum, bajo cuya opaca estructura se ocultaron los 65 millones; Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I que en 2010 recibió los 64,8 millones de euros de este último en la cuenta de su sociedad Solare en Nassau (Bahamas); e Yves Mirabaud, el presidente de la entidad bancaria que, tal y como desveló EL PAÍS, acaba de ser imputado por Bertossa por no informar al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país. El banco como entidad jurídica, también está imputado.

Ante el fiscal, también declaró en 2018 como testigo, Álvaro de Orleans, el primo lejano del rey emérito, titular de la fundación de Liechtenstein Zagatka que abonó más de ocho millones a Juan Carlos I y tres a Corinna Larsen en vuelos en aviones privados. Esta los ha devuelto a petición de Juan Carlos I y el pago lo hizo Canonica, según afirma la consultora alemana.

Informes sobre la ley saudí

Bertossa no ha pedido información a Arabia Saudí, pero si lo ha hecho al Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausanne. Este prestigioso organismo, adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza y al que acuden jueces y fiscales para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales, ha emitido un informe en el que cuestiona la donación de 65 millones que se investiga. En opinión de este centro una donación de esas características hecha por un funcionario público habría violado la legislación de ese país y dañado a sus arcas públicas. El informe no menciona al monarca saudí fallecido en 2015.

Las defensas de todos los investigados han presentado sus propios informes donde se concluye la tesis contraria: el rey Abdalá bin Abdelaziz tenía postestad para donar ese dinero sin violar la ley. El fiscal los ha remitido al mencionado instituto para que se pronuncie.

Bertossa no ha tirado la toalla. Ha centrado su investigación en los últimos meses en el banco Mirabaud & Cie por una supuesta falta de diligencia de sus directivos. La cuenta del rey emérito solo la conocían los seis socios del banco y el contrato se guardaba en una caja fuerte. “El fiscal no cerrará este caso sin procesar o llevar a juicio a alguien”, aventura una fuente cercana al caso.

En Suiza, la causa sobre los 65 millones que recibió Juan Carlos I sigue abierta, aunque a juicio de personas cercanas a las pesquisas judiciales parece que no deparará demasiadas sorpresas.