Euskadi asume las prisiones y uno de cada tres presos de ETA

Juan Carlos Díaz comenzó a trabajar en la cárcel de Basauri (Bizkaia) en marzo de 1990, pocos días antes de que ETA asesinara en San Sebastián a su compañero Ángel Mota. Tres décadas después de aquel crimen, que marcó el inicio de la persecución a los funcionarios de prisiones y que les ha obligado a vivir escondiéndose hasta 2011, cuando la banda dejó de matar, los 593 empleados públicos más unos 100 contratados laborales ya están en la nómina del Gobierno autonómico. La transferencia, cuestionada por el PP, Ciudadanos y Vox, entró en vigor ayer en un nuevo ciclo marcado por los diez años del fin del terrorismo y cuando 66 de los 184 del colectivo de presos de ETA que los puso en la diana, están bajo su custodia.

El traspaso vino precedido por un pulso laboral lanzado por el colectivo de funcionarios, alarmados por lo que entendían que iba a suponer un cambio a peor en sus condiciones de trabajo, especialmente con una pérdida de ingresos y un recorte de días de libranza. Alrededor de un tercio de la plantilla, según distintas fuentes, solicitó en septiembre su traslado a prisiones fuera de Euskadi en un concurso que ofrecía plazas en varias prisiones de provincias cercanas. El Gobierno vasco y el sindicato mayoritario de prisiones ACAIP-UGT alcanzaron el lunes, in extremis, un acuerdo de mantenimiento de las condiciones laborales llamado a frenar un posible éxodo que amenazaba la prestación del servicio.

“Consideramos que el acuerdo da estabilidad a la plantilla”, confía el jefe de servicios de Basauri, Juan Carlos Díaz, que pone en valor el paso dado por el Gobierno de Íñigo Urkullu para evitar una crisis con los funcionarios. Las peticiones de traslado no habían alcanzado esa magnitud ni cuando ETA consumó los cuatro asesinatos contra el colectivo, o durante el secuestro de 532 días del funcionario José Antonio Ortega Lara.

Los funcionarios de prisiones en el País Vasco tienen mejores condiciones salariales que sus compañeros dependientes del Ministerio del Interior, como consecuencia directa de la persecución que sufrieron cuando estaban en la diana de ETA, y que todavía hoy les afecta. “Hemos sido una profesión casi proscrita en Euskadi durante mucho tiempo. Nadie te alquilaba un piso ni quería relacionarse contigo. Teníamos que vivir sin decir dónde trabajábamos y sin que se les escapara nada a nuestros hijos”, recuerda Jesús T., otro funcionario de Basauri. La mayoría optaron por marcharse de Euskadi, como también hicieron algunos ertzainas y otros colectivos amenazados. “No se trata de hacer victimismo, otros colectivos pasaron lo mismo, pero vivir con una percepción social de nuestra profesión tan degradada deliberadamente por muchos colectivos y encima sufrir la persecución de ETA ha sido muy, muy duro”, asegura Juan Carlos Díaz.

Ahora, finalizada la política de dispersión de los presos de ETA, él y sus compañeros tienen en sus celdas a 66 de los 184 reclusos de la banda, menos del 5% de los 1.387 internos de las cárceles vascas. Parte de ellos ya disfrutan del tercer grado penitenciario o semilibertad, lo que les permite solo tener que ir a prisión a dormir de lunes a jueves. Los 66 presos de ETA es un número sensiblemente superior a los que había el pasado mayo, cuando se anunció el acuerdo para transferir las competencias penitenciarias. Entonces, las cárceles vascas acogían a 44 reclusos de la banda del total de 192 encarcelados en España.

Fuentes de Interior confirman que los acercamientos de presos de la banda continuarán. “Sabemos que esta transferencia tiene un claro contenido político”, asegura José Ramón López, de ACAIP-UGT. En la actualidad, la mayoría de los presos de ETA se encuentran repartidos entre las cárceles del País Vasco y Navarra, y las provincias limítrofes. El PP sentencia: “Es una transferencia para sacar a la calle a los presos de la banda”.

“Muchos no se creen ni su discurso”, afirma Jaime Tapia, magistrado y uno de los padres del nuevo modelo penitenciario que quiere implantar el Gobierno vasco: “En el tema de ETA hemos sido, somos y seremos, yo el primero, muy claros. Van a cumplir sus penas como todos los demás. Pero después de diez años sin violencia, las cosas tienen que evolucionar, no se pueden quedar estancadas”, asegura. Tapia fue el presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, el mayor caso de corrupción que ha afectado a cargos del PNV y que se saldó con elevadas condenas.

Las bases para implantar el modelo penitenciario en Euskadi establecen que el tratamiento de las personas con condenas largas por delitos de terrorismo como miembros de ETA “ha de ser sustancialmente idéntico que el que se realice con otros internos” zanjan desde el departamento de Justicia, que apuesta por la reinserción “sin diferenciación de delitos”. El nuevo modelo que quieren implantar se basa en la promoción de los regímenes de semilibertad, en la resocialización en el ámbito comunitario, en la incorporación de la perspectiva de género y en la promoción de los encuentros restaurativos. “Para trabajar en esa línea se necesitan inversiones y más personal” explica el funcionario Díaz. En las tres cárceles hay un déficit tasado de 90 trabajadores para cubrir todos los puestos, aunque la transferencia se ha lanzado sin una Relación de Puestos de Trabajo. El plan de euskaldunización apenas si va a afectar al colectivo de funcionarios, con una media de edad que sobrepasa los 50 años. Hasta 2023 no va a haber una Oferta Pública de Empleo (OPE).

El departamento de Justicia quiere ir más allá a la hora de preservar la memoria. El Instituto Arrupe va a elaborar el próximo año un informe con sus testimonios para que no se olvide “el sufrimiento que padecieron” como víctimas de ETA. “Contamos con todos los funcionarios. El Gobierno necesita a todos y cada uno de los funcionarios”, subraya Tapia. La inexperiencia en este campo de la administración vasca es total y tiene que empezar a partir del conocimiento de Tapia en materia de justicia juvenil, para implantar ese nuevo modelo que se resume en “a mayor reinserción, menos reincidencia”.