Los socios avisan al Gobierno de que le harán “sudar” su apoyo a los Presupuestos

El Gobierno quiere aprobar en los próximos días su proyecto de Presupuestos para 2022 y llevarlo a las Cortes a finales de este mes o primeros de octubre, pero no cuenta todavía con ningún aliado seguro. Hasta Unidas Podemos ha expresado este martes que “comparte la preocupación” de los aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso sobre el barniz claramente de izquierdas que se debería dar a esas cuentas. ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y el PDeCAT, que suman en total 25 votos básicos, expresaron con distinta intensidad, pero el mismo mensaje, sus intenciones: quieren negociar más y que se note que hay un gobierno progresista en La Moncloa. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió: “El voto de Esquerra se suda”.

“El Gobierno está muy tranquilo para todo lo que tiene por delante”, declaró Rufián en una rueda de prensa en el Congreso. “El Ejecutivo no puede ni mucho menos dar por hecho que ERC respaldará los Presupuestos Generales del Estado para 2022”, añadió. Los compañeros en la mayoría de las votaciones del Ejecutivo en el Congreso quisieron anticipar esas posiciones pocos minutos antes de que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comenzase en la cámara a mantener una primera ronda de contactos con los portavoces de todos los partidos para iniciar la fase formal de las negociaciones. La primera reunión fue con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ya anticipó claramente su rechazo por no compartir prácticamente nada con el Gobierno y porque sostiene que su líder, Pablo Casado, tiene en mente ya un proyecto alternativo para España.

La fase de negociación y tanteo sobre el proyecto de Presupuestos para 2022 ha comenzado. Tras el PP, la siguiente cita de Bolaños será con ERC y luego con Más País, Compromís y PDeCAT. Todos esos partidos ya avanzaron este martes que habrá mucho que hablar antes de dar por descontados sus votos. Tanto ERC como otras formaciones de izquierda, y el propio socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, han insistido en reclamar al PSOE más política social como condición para sacar adelante esas cuentas, que serán determinantes para prefigurar la duración de esta legislatura. La ley de vivienda, con una limitación de los precios del alquiler, ha vuelto a ser la primera demanda expresada por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y que también sitúan entre sus prioridades para la negociación presupuestaria la propia ERC, EH Bildu, Más País y Compromís.

Pablo Echenique ha añadido otra petición de su grupo para incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y puso como ejemplo las medidas en ese sentido anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos. “Nadie entendería que la Administración Biden nos pasara por la izquierda”, ha dicho Echenique.

EH Bildu también va a negociar su apoyo a los Presupuestos “sin órdagos, pero también sin cheques en blanco” y con una exigencia fundamental al Gobierno: “Abandonar las políticas tímidas”, en palabras de la portavoz del grupo de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua. “El Gobierno debería estar preocupado, ahora toca cumplir”, ha avisado Aizpurua.

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Gerardo Pisarello, no solo “compartió la lógica preocupación” de las otras fuerzas de izquierda sino que añadió otro requerimiento que admitió se está ya negociando con la parte socialista del Ejecutivo: “Adaptar los presupuestos a la situación de enorme emergencia social que vivimos”.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, confesó que este miércoles le recordará a Bolaños en su cita que para su formación es necesario que a las promesas y acuerdos comprometidos en su día para el acuerdo de investidura se sume ahora la concreción de números y partidas en los Presupuestos para implantar políticas energéticas y de infraestructuras medioambientales “verdes y limpias”. Errejón también concretó su oposición a las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de El Prat, en Barcelona. Más País también requiere partidas para mejorar la prevención y cura de la salud mental. El representante de Compromís, Joan Baldoví, casi catalogó como línea roja para su voto afirmativo el cumplimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore las prestaciones para la comunidad valenciana antes de diciembre, como prometió en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ahora se vislumbra como muy improbable, lo que desata las quejas de muchos presidentes autonómicos de diferentes ideologías y partidos.

El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, dijo entender las reivindicaciones de todos esos socios, pero se mostró optimista ante la posibilidad de llegar finalmente a algunos acuerdos para que esos presupuestos, que consideró “necesarios y fundamentales”, sean refrendados. En el Gobierno y el PSOE no cuentan, en ese sentido, ni con el PP ni con Ciudadanos, que también se ha desmarcado de esta negociación. Gamarra, del PP, ya enfatizó este martes que el Ejecutivo no cuente con sus votos “para blanquear a Bildu ni entregar cheques en blanco a los independentistas”.

Al margen de la negociación presupuestaria, otras dos cuestiones han añadido dificultades a la negociación del Gobierno con sus habituales apoyos en el campo nacionalista. ERC, EH Bildu o PDeCAT han mostrado su rechazo al proyecto de ley audiovisual que prepara el Ejecutivo, porque obliga a las plataformas internacionales de contenidos a reservar una cuota para producciones en castellano o en el resto de las lenguas españolas, sin obligar a un porcentaje concreto para estas últimas. También la marca catalana de Unidas Podemos, En Comú Podem, se ha sumado a esa petición. ERC además defenderá su enmienda a la totalidad de la ley de memoria, que, entre otras cosas, propone que se anulen todas las actuaciones del Estado franquista. Rufián ha recordado que en este caso, al igual que en los Presupuestos, el Gobierno no puede desdeñar a su grupo. “¿Con quién lo van a aprobar si no? ¿Con Ciudadanos?”, ha enfatizado el portavoz de ERC, con otro aviso: sería “kamikaze” para el Ejecutivo rechazar las posiciones de los republicanos tanto en la ley de memoria como en la audiovisual.