Los frentes judiciales pendientes del ministro Grande-Marlaska

La decisión tomada este miércoles por la Audiencia Nacional de avalar la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar por “pérdida de confianza” como jefe de la Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos no cierra la causa. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que revocaba el fallo del juez de primera instancia, aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Fuentes cercanas al alto mando de la Guardia Civil, destinado en la Inspección de Armas y Explosivos desde su destitución, apuntan que, precisamente, está estudiando hacerlo. Tiene 30 días para presentar el recurso. La sentencia, en la que se estima el recurso del Ministerio del Interior, ha concluido que la destitución del alto mando estuvo correctamente motivada y se ajustó a la normativa que se aplica a los agentes del instituto armado.

También ha seguido el mismo camino judicial el coronel Manuel Sánchez Corbi, cesado con idéntico argumento en agosto de 2018 como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) ―la principal unidad de investigación de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado— tras la filtración a la prensa de un correo interno en el que se criticaba la falta de fondos reservados. Aquella decisión, tomada por Grande-Marlaska semanas después de asumir la cartera, también fue respaldada por la justicia en primera y segunda instancia al considerar que fue ajustada a derecho y que no existía la motivación personal que alegaba Sánchez Corbi. Sin embargo, el alto mando de la Guardia Civil recurrió este fallo ante el Tribunal Supremo. Un año después de que se presentara el recurso, el alto tribunal aún no se ha pronunciado si lo admite a trámite, según detallan a este diario fuentes del entorno del guardia civil. Sánchez Corbi dejó el servicio activo a finales de enero y pasó a trabajar en la empresa privada.

El próximo viernes la atención de Interior estará en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Ese día están citados a declarar como imputados los seis policías que, el pasado 21 de marzo, irrumpieron por la fuerza en un piso de la madrileña calle de Lagasca donde se celebraba una fiesta contraviniendo el estado de alarma entonces en vigor. Los seis policías fueron acusados por el inquilino de la vivienda de allanamiento de morada y daños. La cita se acodó después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase, en junio, a otro juez que archivase la causa abierta contra los nueve jóvenes que fueron detenidos aquella noche en la vivienda y apuntase en su auto que los policías podían haber cometido “un exceso en el ejercicio de la autoridad”. Aquella intervención policial generó una enorme polémica tras difundirse en las redes sociales, días después del suceso, las imágenes grabadas por una de las ocupantes de la vivienda. Grande-Marlaska salió entonces en defensa de la actuación de los agentes, que enmarcó dentro de la legalidad, y para ello llegó a poner en duda la inviolabilidad de los pisos turísticos por considerar que no son morada pese a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sentido contrario.

También ha provocado a Interior quebraderos de cabeza legales la reciente repatriación de menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta a Marruecos. Y, además, en dos frentes: un juzgado de la ciudad autónoma y la Audiencia Nacional, a los que acudieron varias ONG para frenar la medida con la que se pretendía devolver al país magrebí a buena parte de los 1.500 menores que, durante la crisis migratoria del pasado mayo, entraron irregularmente en la ciudad norteafricana. Una jueza de Ceuta suspendió en agosto la medida cuando se iba a aplicar a nueve menores con un auto, que no admitía recurso, en el que consideraba que había quedado “acreditado” la supuesta irregularidad del procedimiento.

Interior y Gobierno de Ceuta se señalaron entonces mutuamente como responsables de ordenar, en última instancia, la operación. Según la documentación aportada por cada una de las partes, Interior habría iniciado el procedimiento a petición del Ejecutivo autónomo. La jueza concluyó que correspondía a la Delegación del Gobierno incoar —abrir— los expedientes, si los hubiera habido, y atribuía por tanto la responsabilidad al Ministerio de Interior. El fallo, que solo afectaba a los nuevos niños, paralizó todo el proceso. Entonces. Marlaska defendió públicamente el mecanismo utilizado: “Lo que se determina es reagruparlos de manera asistida, para volver a su entorno social y con su familia, tal y como recoge la Convención del Niño”, recalcó el ministro, asegurando que se había respetado “el ordenamiento jurídico en su conjunto”. Ante la Audiencia Nacional, Interior también se escudó en que la iniciativa de la medida había sido del Ejecutivo de Ceuta y, en sus alegaciones, afirmó que ninguna orden ni acto administrativo había salido del departamento.