El juez cita a declarar a los seis policías que tiraron la puerta de un piso por una fiesta ilegal

El titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, Jaime Serret, ha admitido a trámite la querella presentada contra los seis policías que, el pasado 21 de marzo, irrumpieron por la fuerza en un piso de la madrileña calle de Lagasca donde se celebraba una fiesta contraviniendo el estado de alarma entonces en vigor. El magistrado ha citado a los agentes a declarar el próximo 17 de septiembre acompañados de abogado para responder a la acusación de allanamiento de morada y daños que hace el inquilino de la vivienda. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase, en junio, a otro juez que archivase la causa abierta contra los nueve jóvenes que fueron detenidos aquella noche en la vivienda y apuntase en su auto que los policías podían haber cometido “un exceso en el ejercicio de la autoridad”. Los magistrados señalaron también entonces la necesidad de investigar la actuación de los agentes por si “pudiera ser constitutiva de infracción penal”.

Aquella intervención policial generó una enorme polémica tras difundirse en las redes sociales, días después del suceso, las imágenes grabadas por una de las ocupantes de la vivienda. En el vídeo se veía a una joven negarse a abrir la puerta si los agentes no llevaban un mandamiento judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías derribaron la puerta con un ariete. Nueve de las 14 personas que participaban en la fiesta fueron detenidas acusadas de un delito de desobediencia grave a la autoridad, aunque quedaron horas después en libertad. En su informe, los policías recalcaban que su actuación había estado amparada, entre otros preceptos legales, por la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero.

Tras el suceso, la policía remitió el atestado de lo ocurrido a los juzgados de plaza de Castilla, y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, cuyo titular, Marcelino Sexmero, acordó el pasado abril abrir diligencias contra los nueve detenidos por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacciones. La decisión fue respaldada por la Fiscalía. En paralelo, uno de los detenidos presentó a través de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, una querella contra los seis agentes que intervinieron para poner fin a la fiesta ilegal. En la misma se acusaba a los agentes de un delito de allanamiento de morada al considerar que aquel día no estaban autorizados legalmente para derribar la puerta y entrar. “La conducta denunciada supone la lesión de la inviolabilidad domiciliaria del inquilino de la vivienda en la medida que los funcionarios querellados procedieron sin causa justificada a asediar violentamente el domicilio logrando, finalmente, acceso al interior del mismo”, recogía el escrito.

Tras la querella contra los policías, el magistrado Serret ha abierto ahora diligencias. En un auto dictado el pasado 13 de julio, el juez, además de citar a los agentes, llama a declarar al autor de la denuncia y a dos testigos. Se trata de dos de las personas que estaban aquella noche en el interior del piso, entre ellas la joven que se ve en las imágenes discutir a través de la puerta con los policías.

Además, el magistrado ha pedido al juzgado que instruyó la causa archivada contra los participantes en la fiesta ilegal que le remita la documentación recabada en la misma. Finalmente, el juez ordena que se tasen pericialmente los daños causados en la vivienda al ser derribada la puerta con un ariete.

La decisión se conoce solo unos días después de que un juez haya citado a declarar como imputados, para el próximo octubre, a 12 policías que, en la madrugada del 9 de diciembre, entraron también sin orden judicial en otra vivienda de la capital a la que habían acudido alertados por un vecino que aseguraba oír gritos. Los cinco ocupantes de la casa, que aseguraron estar celebrando el cumpleaños de uno de ellos, fueron detenidos por atentado a la autoridad tras ser acusados de impedir su identificación y resistirse al arresto. Ellos, a su vez, han denunciado a los agentes por allanamiento de morada al considerar que no cometieron ningún delito que justificara la entrada en el piso.