El tribunal superior vasco rechaza suspender la marcha de homenaje al etarra Henri Parot

La marcha de homenaje convocada por el entorno de Sortu al preso de ETA Henri Parot, en prisión desde 1990 por 39 asesinatos, sigue adelante. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado un auto en el que mantiene intacta la convocatoria de este sábado en Mondragón (Gipuzkoa). El tribunal vasco especifica que este tipo de marchas no están sujetas al régimen de autorización administrativa sino de comunicación de sus convocantes, por lo que no cabe suspenderla. Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y la asociación Jucil (Justicia Guardia Civil) han expresado su preocupación y la asociación Dignidad y Justicia ha saltado de la vía contencioso-administrativa de los tribunales vascos a la vía penal en la Audiencia Nacional. En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, Dignidad y Justicia pide que suspenda el homenaje, porque mantener la convocatoria a favor de Parot, supone “una humillación a las víctimas”.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ya remitió la convocatoria a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Gobierno autónomico vasco también se ha mostrado crítico con la convocatoria, pero al igual que el tribunal superior, considera que no dispone de competencias para evitar su celebración. Los convocantes de la marcha, la red de apoyo a los presos de ETA Sare y la organización Elkartasun Eguna, ambas del entorno en la izquierda abertzale, insisten en que el objetivo de la movilización es “denunciar el mantenimiento de un régimen de excepcionalidad en el colectivo de presos” de ETA. “Se está aplicando una legislación de carácter excepcional, como es la ley orgánica 7/2003, que supone la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas a un número aproximado de 15 presos. Esto es lo que se quiere denunciar. El acto no supone ningún tipo de homenaje a ningún preso”, declaró hace unos días el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, el que fuera consejero de Justicia del Gobierno vasco con el lehendakari Juan José Ibarretxe. La ley orgánica 7/2003 eleva a 40 años, en lugar de 30, el máximo de tiempo de cumplimiento efectivo de penas de cárcel en determinados delitos, entre ellos los asesinatos terroristas.

Dignidad y Justicia argumenta que la marcha a favor de Parot es un acto de enaltecimiento del terrorismo porque, sostienen, los convocantes justifican los asesinatos y “entienden que no debe seguir en prisión y cumplir su condena”. “Llama la atención la similitud e identidad en la forma de actuar” de Sare con Sortu, destaca la asociación de víctimas. El escrito cita como elementos de esta supuesta unidad de acción “la gestión, planificación, organización, dirección, convocatoria, puesta en escena y ejecución de los actos de homenaje, bienvenida, y manifestaciones reivindicativas de los derechos de los presos de la organización terrorista ETA”.

Por ello, pide al juez que investigue si la red de apoyo a los presos de ETA está instrumentalizada por la Comisión de Presos de Sortu o por si existe alguna vinculación con alguna de las personas investigadas y la marcha de Parot del día 18 en Mondragón. Además, solicitan que identifique a los convocantes, la publicidad de la manifestación en las redes sociales y cualquier otro dato que se disponga sobre la convocatoria.

Henri Parot, Unai, de 63 años y uno de los terroristas más sanguinarios de la banda, formó parte del comando itinerante Argala y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los años de mayor actividad de la organización terrorista. Parot está condenado, entre otros asesinatos, por atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales, cinco de ellas niñas. Cometió una decena de atentados en Madrid, varios contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989.

Los atentados de Parot se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría. Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el pasado 26 de marzo su acercamiento a la cárcel de León, donde sigue cumpliendo condena.