Ceuta se da seis meses para tramitar la devolución de los menores marroquíes

El Ejecutivo de Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad se dan seis meses para tramitar caso por caso los más de 500 expedientes de repatriación de menores marroquíes que cruzaron la frontera durante la crisis de mayo. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, admitió que la devolución de los niños y adolescentes a Marruecos es su único objetivo: “Estos niños deben estar con sus familias y en su país o asistidos por una entidad que los tutele, igual que se está haciendo en Ceuta, pero en su país”.

La Delegación contratará a unas 15 personas para agilizar los trámites que no se realizaron en agosto, cuando la institución debió haber abierto expedientes individuales de los menores cuyas devoluciones se pactaron con Rabat y que se iniciaron ignorando las leyes españolas. “No tenía por qué [ajustarse a la ley de Extranjería]”, defendió la delegada del Gobierno en su primera comparecencia desde que arrancó la operación que luego detuvo un juzgado ceutí, “era el momento de empezar”.

El Ejecutivo autónomo ha solicitado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al menos una decena de trabajadores sociales, a quienes se contratará temporalmente y cuyo sueldo saldrá primero de las arcas ceutíes y será compensado después por Madrid. También se ha iniciado la contratación de al menos ocho intérpretes de dariya, el árabe dialectal hablado por la mayoría de los chavales. La Fiscalía de Menores contará con un fiscal de apoyo, según El Faro de Ceuta.

El procedimiento sigue rodeado de incógnitas y polémica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió tras una reunión en agosto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a enviar personal a las administraciones para concluir con los expedientes lo más rápido posible. Pese a la intención férrea de proceder a las devoluciones, la ley exige valorar si es la mejor opción en cada caso. “Se va a hacer caso por caso, que es como lo iniciamos; no hemos hecho la petición todavía [de reagrupación con las familias], pero si los padres no contestan, está una entidad que se va a hacer cargo de ellos”, dijo la delegada del Gobierno.

Hasta el momento, la mayoría de niños está aún en dispositivos de emergencia. Según la Fundación SAMU, que gestiona varios dispositivos de acogida, más de 400 menores viven en los 22 módulos instalados en Piniers, con capacidad para unas 108 plazas. “Se trata de una situación que se está consolidando; prestamos un servicio indefinido que no puede ser eterno; la emergencia no puede ser eterna”, afirma Enrique Yrazusta, secretario general técnico de la Fundación SAMU.

Organizaciones de defensa de la infancia temen que la administración paralice durante los próximos meses la tramitación de los permisos de residencia de los menores tutelados, algo a lo que obliga también la legislación española. La Fundación Raíces ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el intento de expulsión, la pasada semana, de al menos tres jóvenes que acababan de cumplir los 18 años y un menor. Los tres mayores lograron parar su devolución inminente tras solicitar asilo y el menor, que se había identificado como adulto creyendo que sería enviado a la Península, evitó la expulsión cuando sacó su documentación. Entre los 500 menores acogidos en recursos gestionados por la Fundación SAMU, al menos 147 tienen entre 17 y 18 años. De ellos, 13 cumplirán la mayoría de edad en los próximos tres meses y al menos 6 ya han cumplido los 18.