El reto de escolarizar a mil menores en Ceuta

Ceuta afronta el inicio del curso con la tarea de escolarizar a más de 1.000 menores marroquíes que entraron en mayo de forma irregular por la frontera y tras haber fracasado la operación coordinada con Interior el mes pasado para devolver a más de la mitad a Marruecos. Al menos 260 menores de 16 años serán escolarizados en cinco centros de primaria y secundaria de la ciudad, y más de 750 de entre 16 y 18 años recibirán clases en espacios habilitados en los mismos recursos de acogida en los que están ahora, según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación, que contratará a 47 docentes y una veintena de orientadores para atender a los chavales.

El plan, en el que Educación lleva una semana trabajando en coordinación con el Ejecutivo autónomo y la Dirección Provincial de Educación en Ceuta, abarcará todo el curso, con independencia de que se decida o no reactivar las repatriaciones que quedaron congeladas la pasada semana después de que una jueza de Ceuta señalase las irregularidades del procedimiento, que había ingnorado, según señaló la magistrada, las exigencias legales previstas para la expulsión de menores.

Entre 10 y 12 pequeños asistirán a clases de Infantil y Primaria, integrados en aulas con el resto de compañeros que ya estudian en la ciudad. Para los cerca de 250 estudiantes en edad de Secundaria se crearán aulas de primera acogida e inmersión lingüística en las que un equipo de al menos 27 personas evaluará las competencias educativas de los chavales para derivarlos a los cursos que correspondan y valorar la creación de aulas de enlace o clases de apoyo. Las primeras clases se impartirán por la tarde, lo que supondrá un desdoblamiento que impedirá que los menores tutelados desde mayo coincidan con el resto del alumnado.

“Es importante que la escolarización se realice en los propios centros”, subraya Catalina Perazzo, de la ONG Save The Children. “No es una solución ideal, pero sí puede funcionar como una primera fase puente para su incorporación progresiva según los distintos niveles”. El plan, además, puede servir de experiencia piloto para establecer un mecanismo de respuesta a largo plazo, al margen de la situación “excepcional” que ha dejado en Ceuta la crisis fronteriza desatada por Marruecos y durante la que accedieron a la ciudad, entre el 17 y el 19 de mayo, más de 12.000 personas, entre ellas un número incierto de menores: entre 1.500 y 3.000.

Más de mil menores

De todos ellos, más de 1.000 se han quedado en una ciudad de 85.000 habitantes y con apenas recursos de acogida en sus 19 kilómetros cuadrados. Hasta el momento, se encuentran repartidos en un centro y dos dispositivos temporales, además de varios recursos para la acogida de niñas y niños con un perfil más vulnerable. Solo la acogida de menores cuesta a la ciudad entre 1,5 y 1,8 millones de euros al mes. Ceuta recibirá una inyección de unos 6,3 millones para la habilitación, en el espacio cedido de un antiguo penal, de un nuevo centro de menores que no estará listo en menos de un año y cuyas obras aún no han entrado en fase de licitación.

Desde la semana pasada, efectivos de la policía local y la Policía Nacional han patrullado constantemente las zonas de mayor afluencia y asentamiento de menores en las calles de la ciudad, como las escolleras y los almacenes del polígono cercanos al puerto. Los chavales, muchos de los cuales se habían escapado ante el temor a ser expulsados a Marruecos, están siendo trasladados al polideportivo Santa Amelia, que está siendo utilizado como centro de primera asistencia para los menores que están en la calle.

“A los chavales los llevaban y volvían a salir, pero ahora los tienen retenidos con el centro cerrado”, explican voluntarias de No Name Kitchen, una ONG de asistencia social que ha estado trabajando mano a mano con los menores desde hace meses. Unos 40 niños han sido trasladados al centro, con condiciones de habitabilidad insuficientes, según han reconocido el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el fiscal de Menores.