El tapón fronterizo de Ceuta y Melilla en la frontera sur de Europa

Hamed señala en el horizonte las tumbas de los miembros de su familia, enterrados a menos de un kilómetro de su balcón, con vistas a la playa y a la valla perimetral que delimita los 19 kilómetros cuadrados que encierran Ceuta. “Tengo dos hermanas en Marruecos”, cuenta, “una murió el año pasado y la enterraron allí. No pude ni visitarla siquiera. Tuve que salir carretera arriba para verla”.

Allá donde Hamed seguía las exequias, a un par de callejones de su edificio, una señal de tráfico indica la prohibición de acceso a vehículos por la carretera restringida que continúa solo en ocasiones a pie de valla. Un guardia civil se dirige al octogenario: “No puede estar ahí”. El hombre regresa cabizbajo por la cuesta que se adentra desde el barrio de la Cabiliya, en el extremo más al norte de la frontera, a Benzú. Por ese mismo espigón comenzó, el 17 de mayo, una crisis fronteriza que ha puesto patas arriba la ciudad.

La vida de este vecino condensa la historia de Ceuta y de buena parte de sus 85.000 habitantes. Nació en Oued el Marsa, al otro lado de la llamada Mujer Muerta, una montaña que interrumpe la vista de la costa marroquí desde el puesto fronterizo de Belyounes, cerrado desde 2019 tras un salto colectivo. Se asentó en ese trocito de tierra que su familia compró en 1953, cuando se resquebrajaba el Protectorado español en un Marruecos que celebraba su independización tres años después. “Entonces eso era horrible”, rememora. “Venía la gente andando, empezaban los tiros, hasta que se tranquilizó la cosa, en el 75 o 76 por lo menos”. Fue el año en que se construyó la primera valla. 45 años después es una triple alambrada de ocho kilómetros en Ceuta y 11 en Melilla. Este año se invertirán 2,1 millones de euros en mantenimiento.

Ceuta y de Melilla son los únicos enclaves europeos en el continente africano. Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, explica: “No solo se trata de una frontera entre dos Estados con un gran escalón económico y grandes diferencias en el sistema político y en lo social; también son territorios sobre los que uno de los dos países hace reclamaciones formuladas por vías oficiales o, con mayor frecuencia, oficiosas”.

Noemí Alarcón, presidenta del Comité de Migraciones del Consejo de la Abogacía Europea, compara las ciudades autónomas con otros territorios exteriores de la Unión Europea, como Polonia o los Balcanes, donde se establecen “zonas de tránsito” antes de permitir el acceso a suelo europeo.

Pablo Ceriani, especialista en migraciones y asesor de Unicef, incide: ”Esas fronteras son unos limbos jurídicos en los que no se aplica el Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Hay una combinación de factores, el más clásico, de control fronterizo, con todo lo que ocurre en esos contextos de violencia, prácticas de devolución, represión y las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que está la población del otro lado intentando encontrar una manera de cruzar. Y luego está esa otra etapa que le sigue de no poder salir: ¿Qué pasa con quienes ya cruzaron la frontera terrestre, que jurídicamente están en Europa, pero geográficamente están en África y tienen que cruzar el mar?”.

Bloqueo es el término clave. Brandon, camerunés de 27 años lo teme. Está acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta desde mayo, cuando cruzó nadando desde Marruecos. “Estoy esperando el momento de salir de este maldito lugar”, clama el joven, impaciente. Acaba de despedir a uno de sus amigos que embarcó esta semana rumbo a la Península en uno de los traslados gestionados entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Migraciones para despejar el CETI. “Quiero llegar a la gran España”, dice en referencia a la Península. Su objetivo es acabar en Bélgica, donde reside el compañero de fatigas que lo animó a salir de Camerún hace cuatro años. “Tenía trabajo allí antes de la crisis”, refiere, “pero abandoné mi país y la guerra entre milicias porque ya se ha derramado demasiada sangre”.

Brandon es uno de esos peones en el ajedrez fronterizo que se juega en las ciudades autónomas, como en Canarias. La reactivación de la ruta que dio origen a la “crisis de los cayucos” en 2006 amenazaba con reproducir, desde 2019, el escenario dantesco de Lesbos, la isla griega en la que 20.000 mil personas malvivieron durante cuatro años. “Lesbos es Lesbos y Canarias es Canarias”, sentencia Txema Santana, asesor de Migraciones de la Vicepresidencia del Ejecutivo canario, “¿estamos aisladas? Sí; ¿nos usan como escudo para no llegar al continente? Sí; pero Lesbos es una isla pequeña y Canarias son ocho islas con dos millones de personas, una economía turística potente y más peso en el PIB”. Más de 22.000 personas llegaron al archipiélago en 2020. En lo que va de año son más de 8.200 las llegadas

En Ceuta, Bilal Dadi es el presidente de una de las asociaciones de empresarios del polígono de El Tarajal, donde el Ejecutivo autónomo ha alquilado hasta siete naves como refugio precario de cientos de marroquíes que permanecen en la ciudad. Más de 12.000 accedieron en los dos días de crisis, según la Delegación del Gobierno. Unos 7.500 fueron devueltos en caliente o regresaron voluntariamente en las primeras semanas. “Esto es un segundo CETI”, clamaba hace un mes el empresario, que hasta este verano reivindicaba un plan de reconversión de los almacenes desde los que antes se dirigía el llamado “comercio atípico” hacia la frontera con Marruecos. “Han convertido esto en un campo de refugiados”.

Existe algo de crónico en la situación “excepcional” que vive desde hace tres meses y medio Ceuta, que, como Melilla, es en sí una excepción. La emergencia ha servido de coartada para que el Gobierno autónomo, la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior intentasen sentar un precedente con las repatriaciones de al menos 55 niños sin cumplir con las garantías a las que obliga la legislación española e internacional, como la tramitación de expedientes individualizados. La intención es devolver a Marruecos a más de 500 menores de los 700 tutelados por la administración desde mayo y que están acogidos en recursos temporales.

La cifra excede cualquier cuota con la que pueda cargar el territorio. Ceuta acoge el 10% de los menores extranjeros tutelados en España, con un 0,18% de la población, según el Gobierno autónomo. “Es como si llegaran a Madrid 40.000 menores no acompañados en dos días, imagínenlo”, recordó Vivas durante su encuentro con Sánchez. En Melilla, esa cifra se dispara. A comienzos de 2020, justo antes de que se decretase en mayo el estado de alarma, había más de 1.000 menores extranjeros bajo tutela de los servicios sociales para una población de 86.000 habitantes. En diciembre de 2021, ese número rozará mínimos históricos, pero solo porque más de 700 menores habrán cumplido en estos dos años la mayoría de edad.

La crisis sanitaria dibujó en Melilla un escenario que auspició un verano de motines y sentencias revocando los intentos de cierre del CETI y otros recursos de acogida, como la Plaza de Toros, donde llegaron a vivir 450 personas en literas plantadas en los pasillos que salen al tendido. En siete meses, Interior solo autorizó tres traslados a la Península, pese a que en 2020 las cifras de llegadas batieron un récord a la baja merced al cierre fronterizo decretado por Marruecos por la pandemia. El goteo, sin embargo, ha sido incesante, como la llegada de cuerpos a los rompeolas y playas durante la primera mitad del año y que ahora se repite en Ceuta.