Sánchez se blinda frente a la presión de Unidas Podemos por el precio de la luz

Nadie lo discute ya internamente en el Gobierno. La subida del precio de la luz se ha convertido en el gran tema político de la nueva temporada, y amenaza con complicarle el otoño y sobre todo el invierno al Ejecutivo. La tensión interna es muy fuerte y las posiciones de los dos socios cada vez están más claras y más alejadas. La presión seguirá en las próximas semanas hasta encontrar una vía intermedia, porque nadie apuesta por la ruptura. Pero el acuerdo está lejos. Resuelto prácticamente el debate del salario mínimo, que dividió al Gobierno durante meses, ahora es la luz la que centra la disputa política en la coalición.

El presidente, Pedro Sánchez, mostró este miércoles con claridad que está decidido a respaldar a la vicepresidenta, Teresa Ribera, que rechaza de plano las propuestas de Unidas Podemos de fijar el precio de la energía nuclear, como hace Francia, y limitar el de la hidroeléctrica. Sánchez admitió la inquietud del Gobierno con este asunto, pero reivindicó las medidas tomadas y confió en que empiecen a surtir efecto. Aun así, todos los escenarios están encima de la mesa y La Moncloa está presionando con fuerza al ministerio de Transición Ecológica, que dirige Ribera, para buscar soluciones también a corto plazo, no solo a medio o largo.

El sector socialista del Gobierno tampoco acepta la idea de Unidas Podemos de aprobar ya por real decreto la ley que elimina los llamados “beneficios caídos del cielo” (el exceso de retribución de las tecnologías no emisoras de CO₂), y apuesta por agilizar la tramitación de esta norma en el Congreso. La Moncloa y Transición Ecológica prefieren que la reforma se apruebe en la Cámara baja, aunque tarde más, para tener más garantías jurídicas, dado que las eléctricas recurren todo a los tribunales y muchas veces ganan, como ha sucedido con los 1.400 millones de euros que el Estado tendrá que pagar por una medida tomada con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo que sí está perdiendo fuerza es la idea de que Unidas Podemos iba a promover movilizaciones contra el Gobierno en este asunto, algo que se ha ido diluyendo con las horas. “Los gobiernos están para gobernar y tomar decisiones y la sociedad para manifestarse si lo estima oportuno”, sentenció Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y mujer fuerte de Unidas Podemos. Dirigentes de este grupo consultados creen que la presión será sobre todo interna y confían en que el PSOE acabe moviéndose a la vista de que la factura seguirá subiendo.

La luz fue un asunto importante en la inauguración del curso político que protagonizó este miércoles Sánchez en la Casa de América. El presidente insistió en la idea de la “recuperación justa”, el gran lema para las próximas semanas. Pero uno de los obstáculos para lograrla es el aumento de algunos precios, en especial el de la luz, que afecta más a las clases trabajadoras, núcleo duro del respaldo social del Ejecutivo progresista.

Sánchez, que apenas había hablado hasta ahora de este asunto, lo hizo en un foro con muchos de los principales empresarios del país delante, entre ellos los máximos directivos de las eléctricas, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, o José Bogas, consejero delegado de Endesa, escuchándole. El presidente contestó a Unidas Podemos y mantuvo la posición de Ribera.

“Es una situación compleja a la que no podemos dar una única respuesta. No voy a perder el tiempo hablando de lo que hicieron anteriores administraciones. Hay que mirar al futuro. El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. El Gobierno seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios. Hemos bajado el IVA, suspendido el impuesto del 7%, hemos ampliado el bono social térmico para 1,1 millones de beneficiarios. Hay reformas pendientes en el Congreso, pedimos una tramitación parlamentaria rápida. Actuamos con las subastas de energías. Actuamos con ayudas directas al autoconsumo. Vamos a continuar actuando pero dentro del marco regulatorio europeo”. Esta última referencia va claramente dirigida al grupo de Yolanda Díaz, que según el Gobierno propone soluciones fuera del marco legal europeo.

Díaz rechaza esta idea. “Nosotros queremos copiar el modelo francés [que regula el precio de la nuclear]. Esto es absolutamente sostenible dentro de la legislación europea”. Fuentes de las eléctricas señalan que ellos no verían mal tampoco la idea de regular los precios, y creen que se podría convencer a la Comisión Europea, aunque quieren discutir ese precio al alza.

La gran preocupación política del Gobierno

El asunto de la luz se ha convertido en la gran preocupación política del Gobierno en este momento, no solo por la tensión interna que genera sino sobre todo porque está causando un importante desgaste entre su electorado. Sánchez ha decidido que sea la vicepresidenta Ribera quien lidere la explicación, y multiplique sus apariciones. La comparecencia del lunes en el Congreso, en la que la vicepresidenta pidió “empatía social” a las eléctricas, dejó muy malas sensaciones dentro del Ejecutivo. Así que Ribera hará más esfuerzos de explicación.

Pero sobre todo lo que necesita el Gobierno son nuevas medidas de impacto para frenar la presión. Y en eso está trabajando tanto La Moncloa como el ministerio de Ribera. De momento no hay ningún anuncio, pero la presión política es tan fuerte que fuentes del Ejecutivo dan por hecho que no tardará.

El sector socialista está muy molesto con la posición de Unidas Podemos, e insisten en que no es nada fácil tomar medidas. Además de que las eléctricas suelen recurrir, la Comisión Europea las puede rechazar también, así que el Ejecutivo va con pies de plomo.

El Gobierno de coalición empieza nueva temporada tras el parón del verano con importantes retos sobre la mesa, como la reanudación del diálogo con Cataluña, la gestión de las evacuaciones de españoles y colaboradores afganos tras la retirada de las tropas de EE UU de Afganistán o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “No es aceptable que instituciones como el Poder Judicial lleven 1.000 días sin renovarse, no hay precedentes, no es razonable que permanezca bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas. Ninguna formación política tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales”, señaló Sánchez.

El Ejecutivo intenta no centrar la agenda política en la crisis catalana en los próximos meses. Tanto es así que Sánchez no dijo una palabra sobre este asunto en su discurso de arranque del curso político.

Mientras, Podemos tiene el asunto de la luz como una cuestión absolutamente prioritaria y se muestra seguro de que logrará convencer al PSOE. “Lo estamos viendo hoy mismo con el salario mínimo, hace tres meses era inviable, negativo para la economía, un problema, una mala idea. Y hoy el presidente lo está anunciando orgulloso. Esto ha pasado ya varias veces. Sabemos que para conseguir las cosas tenemos que perseverar”, señala a EL PAÍS Pablo Echenique, su portavoz parlamentario.