Empieza un curso político de alta tensión

La crisis de Afganistán, las repatriaciones de menores a Marruecos, los frentes sociales con el precio de la luz y la reforma de las pensiones y la negociación de los Presupuestos son algunos de los frentes de los principales partidos con representación parlamentaria. Estos son sus retos para el curso político.

PSOE. En ‘modo congreso’ y centrado en la bandera social

El PSOE se adentra en el curso político en modo congreso y más inquieto por los récords del precio de la luz que de la oposición a todo del PP. Fiel a su idea de agotar la legislatura, con elecciones en 2023, La Moncloa y Ferraz enarbolarán los próximos meses la bandera social como mejor exponente de la recuperación económica.

Tras el desgaste de un año y medio durísimo por la pandemia, el primer mensaje ha sido para dos colectivos muy sensibles para el Gobierno: los jubilados y quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). La aprobación del proyecto de ley de las pensiones en el pasado Consejo de Ministros, el primero tras el parón de verano, y las negociaciones para incrementar el SMI son la punta de lanza del proyecto estrella: unos Presupuestos expansivos que el Gobierno confía aprobar pese a las tiranteces en las relaciones con ERC y el resto de socios.

El 40º Congreso Federal del 15 al 17 de octubre en Valencia, donde las sorpresas que haya las decidirá Pedro Sánchez, marcará las líneas maestras del proyecto socialista para los siguientes cuatro años. La dirección del PSOE cambiará casi por completo tres meses después de la profunda remodelación del Ejecutivo, dentro de la apuesta por nuevos perfiles y más jóvenes que el secretario general del PSOE quiere imprimir al partido. / JOSÉ MARCOS

PP. Nuevo curso, mismo dilema: más ideología o más gestión

El PP arranca el curso político animado por encuestas que contemplan la posibilidad de un vuelco electoral gracias a la suma con Vox y convencido de que el triunfo en las elecciones madrileñas de mayo marca un punto de inflexión tras malos resultados en las urnas. Pero arrastra el dilema estratégico de la legislatura pasada: más ideología o más gestión.

En los últimos días, Pablo Casado ha optado por el tono duro. Acusó a Pedro Sánchez de “buscar fotos” en la crisis de Afganistán, usar los fondos de ayuda europeos “para su agenda electoral” y formar parte del “Gobierno más radical de la Unión Europea”. Barones del partido piden una estrategia más moderada y centrada en la economía para presentar un plan de gobierno. La idea es plantear alternativas a las leyes de la coalición, como la ley de concordia en lugar de la de memoria democrática, la ley de pandemias y un plan de choque económico con una reforma para abaratar el precio de la luz. La “puesta de largo” de todas esas incitativas, según un miembro del comité de dirección, será la convención que celebrarán en otoño en Valencia. Durante toda esa semana habrá actos en las comunidades que presiden para presentar esos territorios como “ejemplo de gestión”.

Otra de las líneas estratégicas del PP será forzar comparecencias de Sánchez, empezando por la celebración del debate sobre el estado de la nación. / NATALIA JUNQUERA

Vox. Convención en octubre para recuperar terreno

Vox trata de contener la subida del PP —pese a que su única opción de gobernar es con los populares—. Para recuperar espacio político ha convocado “un gran acto” con el que pretende contraprogramar la convención de los populares y hacer una demostración de fuerza. Se celebrará el 9 y 10 de octubre con el título Viva21 y según el partido, “movilizará a las delegaciones de Vox de todas las provincias y a organizaciones de la sociedad civil bajo el lema ‘España en pie”. El primer día darán conferencias en 52 provincias para dar a conocer su programa “frente a las agendas ideológicas de la izquierda” y el segundo se cerrará con un discurso de Santiago Abascal en Madrid.

La moción de censura que presentaron contra Pedro Sánchez y en la que Pablo Casado marcó distancias como nunca antes con Vox ha enrarecido la relación entre ambos partidos y preocupa a los barones autonómicos que necesitan sus apoyos. Dirigentes regionales consultados por este diario creen que la formación de Santiago Abascal subirá el precio de sus negociaciones.

El partido ultra divide su estrategia de oposición entre ataques al Gobierno y señalar supuestas connivencias del PP con el Ejecutivo de coalición. Su idea fuerza es “solo queda Vox”, señalando en muchas ocasiones al resto de partidos en un bloque común de tibiezas políticas. / N.J.

Unidas Podemos. El reto de asentar el proyecto sin Pablo Iglesias

Tras un agosto plagado de desencuentros con su socio de Gobierno, Unidas Podemos encara el nuevo curso con liderazgos renovados, pero muchas incógnitas. Los próximos meses serán fundamentales para asentar el proyecto del partido sin Pablo Iglesias, engrasar la coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz y conocer si será ella —y con qué fórmula— la candidata a las generales de 2023, una decisión que lo condiciona todo. Ahora es la líder política mejor valorada, según el CIS.

Las tensiones en público por la ampliación del Prat, la crisis en Ceuta y las medidas para atajar la subida del precio de la luz anticipan un otoño caliente, con duras negociaciones, como la de la ley de vivienda, la reforma fiscal, la aprobación de la ley de familias o la subida del salario mínimo, que parece haberse encauzado en la recta final de agosto. En la reforma del mercado energético, la formación ha amenazado con salir a la calle si los socialistas desoyen sus propuestas. Y persiste la cuestión catalana, en la que el PSOE y Podemos no siempre han ido de la mano. Díaz tiene previsto llevar a Pedro Sánchez una propuesta para la mesa de diálogo, que se reanuda en septiembre. Sigue pendiente la derogación de la ley mordaza, parte del pacto entre los socios, o de la reforma laboral del PP. Fuentes de Unidas Podemos señalan que el diálogo social está “muy avanzado” y tiene que concluir antes de fin de año. / PAULA CHOUZA

ERC. Encauzar la mesa de diálogo y las cuentas en Cataluña

Esquerra encara el curso con el objetivo de encauzar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, congelada en 2020 por el anuncio de elecciones en Cataluña y por la covid. La primera cita está prevista para después de la Diada del 11-S. El president Pere Aragonès comparte con todo el independentismo la reivindicación del referéndum y de la amnistía y afronta la mesa con la mentalidad de un corredor de fondo haciendo caso omiso a los dardos de Junts, su socio de gobierno. ERC defiende que es una oportunidad histórica y no se levantarán de la mesa.

La dirección de ERC desligará esa negociación de la de los Presupuestos y la comisión bilateral, con 50 traspasos a abordar. “Cada tema tiene su espacio y no están vinculados, pero si la mesa va bien favorecerá el clima y la negociación de los Presupuestos”, dice la portavoz Marta Vilalta. ERC ya apoyó las cuentas de 2021 a cambio de inversiones por 2.300 millones de euros —equiparable por primera vez a la aportación de Cataluña al PIB nacional— o al levantamiento de control de las finanzas de la Generalitat. Ahora evaluará el grado de cumplimiento de acuerdos, desde la ejecución de inversiones a traspasos, pendientes, como el del ingreso mínimo vital. En otoño se visualizará el grado de sintonía social entre ERC y Junts: aspiran a pactar las cuentas con la CUP, que les acusa de neoautonomismo, e ignorar cantos de sirena del PSC. / ÀNGELS PIÑOL

Ciudadanos. La lucha por la supervivencia en su curso más difícil

Ciudadanos (Cs) afronta el arranque de curso más difícil. Todavía resuenan los ecos de la frustrada moción de censura en Murcia, desencadenante de una tormenta que acabó por menguar los cuadros de un partido ya debilitado en las urnas y dejó a la formación de Inés Arrimadas fuera de la Asamblea de Madrid.

Pese a la última crisis en Granada, que dio la alcaldía al PSOE el pasado julio, Cs afirma llegar “unido” al nuevo curso político, “reforzado” después de la convención política del verano, en la que se reivindicó como única fuerza política liberal en España y recibió el “refrendo” de otros partidos europeos, en palabras de su vicesecretario general, Edmundo Bal. Sin embargo, en la formación no quieren oír hablar de un adelanto electoral en Andalucía. “Nos pueden correr a gorrazos”, dijo al respecto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, hace unos días.

Como ya anunció Arrimadas, el partido pondrá entre sus prioridades la propuesta para la creación de una mesa nacional por la energía que reúna a expertos, comerciantes y sectores implicados, con el fin de afrontar las subidas desorbitadas del precio de la luz. El partido se ocupará de otros temas como la crisis ecológica en el mar Menor, las devoluciones de menores en Ceuta, la misión española en Afganistán y la reanudación de la mesa de diálogo con Cataluña, que la presidenta del partido califica de “chantaje”. / P. C.

Junts. Negociar con el Gobierno en medio del escepticismo

Junts per Catalunya incorporó en el acuerdo de investidura de Pere Aragonès, el 17 de mayo, las “dudas” y el “escepticismo” ante la mesa de diálogo pero también que eso no impediría participar con “lealtad” en ella. Este verano numerosas voces del partido de Carles Puigdemont, desde Laura Borràs al expresident Quim Torra, han arremetido contra el órgano al sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene voluntad real de negociar. El mismo vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, cuestionó que la mesa dure hasta 2023 si no avanza. La fecha es clave: hay elecciones generales y Aragonès se someterá a la cuestión de confianza. ERC, su socio de gobierno, cree que esas críticas les debilitan.

Jordi Sànchez, secretario general de Junts, avisa del riesgo de que la mesa se limite a ser una foto y sirva para dividir el independentismo. Paralelamente, reivindica que este actúe en bloque en el Congreso y pide que se negocien los Presupuestos sin “regalar” votos a cambio de nada. “Solo tiene sentido si son a cambio de cosas”, afirma. En Cataluña, el curso estará condicionado por el proyecto de ampliar el aeropuerto de El Prat, pactado por Puigneró con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y que debe ratificar la Comisión Europea. El acuerdo ha indignado a la CUP, que lo juzga de agresión al medio ambiente. ERC avisa de que ese debate, el de la tercera pista, no está cerrado. / A. P.

PNV. Fiscalizar el cumplimiento de los pactos con el Ejecutivo

El PNV cree que, en la actual coyuntura, lo más urgente, más allá de la gestión de la pandemia, pasa por abordar ya las reformas pendientes, como la de pensiones, la laboral y la del sistema eléctrico, y hacerlo a partir de las bases que existen para ello, desde el diálogo y la negociación. Todo, con un estricto seguimiento de los Fondos Europeos, “para que sean lo más efectivos posibles para una sólida recuperación económica y social que sirva, a su vez, para sentar las bases de la economía del futuro”, aseguran fuentes del partido.

En paralelo, el PNV advierte de que el Gobierno español “debe cumplir con los compromisos pendientes” con el partido, entre los que se encuentra la culminación de los traspasos de las competencias del Estatuto de Gernika. En el plano legislativo, “ha llegado también el momento de avanzar en reformas centrales para la democracia, como son la ley mordaza o la de secretos oficiales, ambas nuestras y ambas bloqueadas”. Y el desarrollo del acuerdo de investidura firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez en diciembre de 2019, con la vista puesta en la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca como guía, con voluntad de diálogo y acuerdo. La negociación de los Presupuestos para 2022 añadirá nuevos compromisos al listado de los deberes que “ya tiene Sánchez” pero eso está por venir. / PEDRO GOROSPE

EH Bildu. Un ojo puesto en la mesa de diálogo para Cataluña

La coalición EH Bildu considera que dejar caer a Pedro Sánchez sería contraproducente. Los avances en la nueva política penitenciaria que ha implantado el Ejecutivo central, y las puertas que puede abrir la gestión de las prisiones por parte del País Vasco, competencia que va a entrar en vigor el primero de octubre, son argumentos para continuar haciendo política en el Congreso de los Diputados y garantizar la gobernabilidad del Ejecutivo de coalición. Uno de los principales frenos a acelerar esa política de acercamiento, de flexibilizar los progresos de grado y beneficios penitenciarios, y la excarcelación de los presos de ETA gravemente enfermos, son, sin embargo, los homenajes a exterroristas. Con su defensa, EH Bildu lanza un mensaje a su parroquia que aumenta de manera exponencial las resistencias exteriores a elevar el nivel de acuerdos.

La coalición abertzale va a exigir con carácter inmediato el cumplimiento de los compromisos previos alcanzados con PSOE y Podemos, como la derogación de la reforma laboral y de la conocida como ley mordaza, pero sobre todo en la adecuación de la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. EH Bildu va a seguir con especial interés el diálogo en Cataluña. Si de la mesa catalana surge algún avance aplicable a Euskadi, podría incorporarse al nuevo estatuto vasco cuyo debate se reactivará en este tramo final de legislatura. / P.G.

Más País. En busca de un camino propio tras afianzarse en Madrid

La formación de Íñigo Errejón, aliada al ecologista Equo, enarboló el curso pasado la bandera verde e hizo un mantra de la política “de lo sencillo”. Con tan solo tres diputados en el Congreso, Más País logró poner en primera línea el problema de la salud mental. Mientras dentro y fuera del hemiciclo se aplaudía su discurso, la marca del partido en Madrid se convirtió en la segunda más votada en las autonómicas de mayo. El éxito fortaleció la idea de seguir “un camino propio”, lejos de una hipotética alianza con Unidas Podemos en una etapa de reorganización tras la salida de Pablo Iglesias.

Con este panorama, el partido no cambia sus prioridades en los próximos meses y volverá a apostar por sus iniciativas para una transición ecológica con “justicia social”, apuntan fuentes de la formación. Entre sus propuestas, aumentar los objetivos de reducción de emisiones a 2030, avanzar hacia una reforma del mercado eléctrico para tener electricidad “más limpia y más barata”, eliminar los vuelos cortos y paralizar infraestructuras como el Prat, que califican de “insostenibles”. “El Gobierno no está haciendo lo suficiente, debería ser más ambicioso”, critican las mismas fuentes.

El principal problema que enfrenta el partido se dirimirá en los juzgados, con la denuncia contra Errejón por un delito leve de maltrato, acusado de haberle dado una patada a un hombre en mayo. / P. C.