Los técnicos instan a usar estructuras con más garantías tras el derrumbe de Peñíscola

El edificio de apartamentos que se derrumbó en Peñíscola (Castellón) y que acabó con la vida de dos personas se levantó con una estructura de muros de carga paralelos sobre los que se apoyaba el forjado. Es el sistema conocido como de adosado. Es legal, fiable y estable. Pero falló uno de esos muros y se produjo un efecto dominó, la caída de un castillo de naipes. Los técnicos coinciden en que, muy posiblemente, no fue una única causa lo que provocó el desplome del edificio. Un fallo o defecto en la estructura, un corrimiento de tierras, o, la utilización de materiales de baja calidad, “aunque estándar para la época en la que se construyó”, tal como ha esgrimido el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Peñíscola, Ramón Mallasén, pueden haberse acumulado hasta provocar el colapso completo del edificio. “El hormigón tenía pocas varillas”, añade una fuente de la investigación. Esas varillas son las que, en un momento dado, pueden sostener un pilar, de manera que se deforme pero no se caiga del todo.

En lo que sí coinciden los expertos es en que, aunque el de muros paralelos es un sistema muy utilizado, los hay mejores, más garantistas, los realizados con hormigón armado y con una estructura tridimensional, a modo de cajas de zapatos, de manera que es más difícil que, cuando cae una parte, colapse todo. El problema es que estos son más caros y dificultan un diseño atractivo, sobre todo, para la costa, en donde se apuesta por espacios más diáfanos y grandes ventanales.

El director general de Calidad y Rehabilitación de la Generalitat, Alberto Rubio —que, además, es arquitecto de profesión— ha querido hacer un llamamiento a la calma ante la alarma creada por el uso de la estructura. “Es frecuente y también se usa en áreas metropolitanas y, si se construye y diseña bien, son estables”, asegura. Sin embargo, también ha realizado una crítica abierta a “la manera en la que usamos las viviendas” y al escaso mantenimiento que, de forma generalizada, se les hace.

Desde 2011 la ley obliga a que los edificios de más de 50 años pasen una inspección técnica que se ha de renovar cada 10 (el de Peñíscola tiene 30). Las autonomías tienen capacidad para endurecer esta condición y para implantar medidas coercitivas en el caso de que no se cumpla. El decano del colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Sendra, no es partidario de rebajar los plazos ni de atribuir solo a la administración la responsabilidad del mantenimiento de edificios que son privados. “Es una pena que se aprenda con sangre y hubiera sido mejor que no hubiera pasado nada, pero lo ocurrido en Peñíscola nos ha de enseñar a que, del mismo modo que cuidamos los vehículos y les cambiamos el aceite o las ruedas más allá de las exigencias de la ITV, los edificios también precisan de un mantenimiento”.

El catedrático del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Ramírez, cree que las autonomías deberían aprovechar para adecuar las inspecciones a las especificidades de construcción que precisa cada territorio. Porque no es lo mismo construir en la costa, donde los inmuebles están más expuestos, que en el interior. “Existe una laxitud en las normas”, asegura. “En el litoral debería haber más control que en ciudades por el impacto del entorno”, alega quien, además, ha restaurado edificios de Patrimonio histórico como la Lonja de Valencia, del siglo XV, y tiene base para destacar la existencia de construcciones de hace 500 años con mayor solidez que las actuales.

Sin embargo hay quien es más tajante, el también catedrático de Estructuras de la Politécnica Javier Benlloch, es claro: “Yo no me compraría una casa con una estructura de muros paralelos”. Y, con la misma claridad, duda de la eficacia de un mayor y estricto mantenimiento: “Es muy complicado predecir los problemas. Las estructuras avisan, a veces, pero otras no y, al final, los controles se convertirían en un papel con la firma de un responsable que tendría que asumir las consecuencias de fallos”. Aun así, admite que se podrían detectar algunos defectos pero que rebajar la edad a la que los edificios deben someterse a una inspección “no es la solución”.

Quien busca una solución común es José Miguel Adam, profesor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) que lidera un proyecto, financiado por la Unión Europea, para la segmentación de edificios con el fin de evitar la propagación de fallos por toda la construcción. “Se trata de evitar la propagación de fallos iniciales que desencadenen en el colapso del edificio”, explica.