El juez rechaza prohibir una marcha a favor de los presos de ETA al considerarla libertad de expresión
El magistrado pide a las Fuerzas de Seguridad que vigilen su desarrollo, prevista para tres días de octubre, por si se produjera humillación a las víctimas
![Óscar López-Fonseca](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa4800d1a-9d33-4428-8a37-1482d2965d79.png?auth=01d56f0529fe3bf700ead848aa19887639bea38bba9f3004f9d4835234100274&width=100&height=100&smart=true)
![Manifestación celebrada en enero pasado en Bilbao en favor del traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NDIIBZDYJHTKLRVCJEPVBIURJE.jpg?auth=1c54b32b347460183242f596c8bc820aaa9bf03fb947aceea598f73b9186581f&width=414)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado prohibir la marcha en favor de los presos de ETA convocada para tres días de octubre en Álava por una plataforma ciudadana vasca al considerar que reclamar el acercamiento o la excarcelación de estos reclusos entra dentro de la libertad de expresión. No obstante, la decisión del magistrado, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, incluye la petición a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza de que realicen “el pertinente control y seguimiento del acto” para evitar que el transcurso del mismo se cometan delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas. “En caso de que se produjeran, proceder a la identificación de sus autores”, ordena el juez en un auto dado a conocer este viernes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En la actualidad, de los 187 presos etarras que hay en España, 66 están en las cárceles del País Vasco (56) y Navarra (10), según fuentes penitenciarias. El pasado 1 de julio, el Ministerio del Interior puso fin de un modo simbólico a la política de dispersión con el anuncio del traslado de los cuatro últimos reclusos de la organización terrorista que permanecían en cárceles de Andalucía.
La decisión del juez, que puede ser recurrida, se produce después de que la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo presentara un escrito en el que pedía la prohibición de la marcha convocada para los días 7, 8 y 9 de octubre por Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos que en los últimos años ha convocado numerosas manifestaciones para reclamar su acercamiento a prisiones del País Vasco y Navarra o próximas. Convocada bajo el lema Arabako Itzulia (Vuelta a Álava), el acto pretende recorrer durante esas tres jornadas la provincia pueblo a pueblo reclamando el traslado de los presos etarras o la excarcelación de aquellos enfermos o que hayan cumplido una parte importante de sus condenas. La movilización es similar a otra convocada por la misma plataforma para unos días antes en Navarra.
La asociación de víctimas pedía que se prohibiera al considerar que su celebración va a suponer una humillación de las víctimas “a través de una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo”. Además, pedía que la policía investigara quién está detrás de Sare, cuyo portavoz es Joseba Azkarraga, dirigente de Eusko Alkartasuna (EA) y exconsejero del Gobierno vasco, al considerar que sus reivindicaciones sobre los reclusos de la organización terrorista coinciden con los que realizaban otras organizaciones, como Askatasuna, ya ilegalizadas.
En su auto, el juez Moreno rechaza prohibir la movilización al considerar que del escrito de la asociación de víctimas “no se desprenden suficientes elementos o indicios de entidad suficiente” para apreciar el delito de enaltecimiento que justificaría la adopción de la medida. El magistrado recuerda que varias sentencias del Tribunal Supremo han concluido que pedir el acercamiento de los presos de ETA o su excarcelación, si no incluyen “expresiones que incorporen elogios o justificaciones de los actos por aquellos cometidos”, son “la mera expresión de opiniones arriesgadas que inquietan o chocan a diversos sectores de la población”, pero que no constituyen ningún delito. “Se trata de la mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privadas de libertad”, recalca el juez Moreno antes de concluir que, por tanto, la marcha está amparada por el derecho a la libertad de expresión.
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