20 presos de ETA reactivan los encuentros con víctimas paralizados hace una década

Un total de 20 de los 190 miembros de ETA recluidos en cárceles españolas han solicitado participar en los talleres de justicia restaurativa puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias para que los condenados por todo tipo de delitos se sienten cara a cara con sus víctimas y les pidan perdón, según han informado EL PAÍS fuentes políticas vascas y confirmado fuentes penitenciarias. El objetivo, a semejanza de los 14 encuentros celebrados hasta 2012 con reclusos arrepentidos de la organización terrorista acogidos a la llamada vía Nanclares, es que las víctimas consigan una reparación, al menos simbólica, por el daño sufrido y, a la vez, facilitar la reinserción de los presos haciéndoles conscientes del dolor que han causado.

Sin embargo, a diferencia de aquella iniciativa —interrumpida tras la llegada del PP al Gobierno—, estos “diálogos restaurativos” no están enfocados exclusivamente a etarras, sino que en ellos participan desde enero de 2020 todo tipo de reclusos, salvo los penados por violencia de género y delitos sexuales. Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarios han confirmado a este diario el interés de un grupo de etarras por intervenir en estos talleres y el respaldo del Ministerio del Interior a la iniciativa. “La justicia restaurativa es, sobre todo, un derecho de las víctimas, pero también una oportunidad de reinserción para los condenados, incluidos los presos de ETA, que tienen el mismo tratamiento que el resto de la población reclusa”, señalan.

Los presos etarras que han solicitado participar en estos encuentros están recluidos en las cárceles de Asturias, Burgos, Logroño y El Dueso (Cantabria), en las que en la actualidad hay 66 integrantes de la organización terrorista. Según detallan fuentes penitenciarias, en los próximos días, los equipos de tratamiento de estas prisiones, en colaboración con profesionales en mediación que intervienen habitualmente en la preparación y celebración de estos encuentros, seleccionarán, entre los 20 que lo han pedido, a aquellos que se consideren preparados. “Se intentará que las víctimas con las que se reúnan sean directas de sus atentados y, en caso de que no sea posible, con otra de la violencia etarra o, en su defecto, que les puedan remitir a una de ellas una carta”, añaden estas fuentes.

Los reclusos de ETA ya han sido informados de que su participación en el taller no les supondrá ni una reducción de la pena ni el acceso a beneficios penitenciarios. Es la forma de garantizar que su interés es sincero, que no buscan ninguna ventaja que vaya más allá del plano estrictamente personal. No obstante, Instituciones Penitenciarias admite que los equipos de tratamiento de las cárceles sí tendrán en cuenta esta actividad a la hora de hacer las valoraciones para, por ejemplo, progresar al tercer grado o semilibertad o acceder a permisos a los presos.

Esta iniciativa se pone en marcha después de que Interior finalizara de un modo simbólico, el pasado 1 de julio, la política de dispersión con el anuncio del traslado de los cuatro últimos reclusos de la organización terrorista que permanecían en cárceles de Andalucía. Ahora todos los presos están en cárceles de la mitad norte del país, más cercanas al País Vasco (y 54 de ellos están en prisiones vascas). La medida se ha visto acompañada también de un paulatino cambio en el régimen de vida al que estaban sometidos los reclusos etarras, de los que solo quedan tres clasificados en el primer grado o régimen cerrado, el más duro. Estas medidas se han visto acompañadas de un cambio también significativo en la actitud de los etarras dentro de prisión, que, en algunos casos, se ha traducido en cartas de arrepentimiento. En 2020, más de 40 de ellos pidieron perdón por escrito, según datos de la lucha antiterrorista. El año anterior habían sido una treintena y en 2018, el año en el que ETA anunció su disolución, tan solo ocho.

Contemplados en el Estatuto de la Víctima

Los talleres de justicia restaurativa que van a seguir los presos etarras no son nuevos. Contemplados en el artículo 15 del Estatuto de la Víctima, se realizan desde 2016, aunque entonces solo se ofrecían a condenados que cumplían sus penas a través de medidas alternativas, no dentro de prisión. Además, los encuentros no se realizaban con víctimas directas, sino con otras que habían sufrido la misma infracción penal por la que habían sido condenados. En enero de 2020, Interior extendió la iniciativa a aquellos que cumplen sus penas privados de libertad y, además, incluyó la posibilidad de que fuera con las víctimas de sus delitos. En lo que va de año, han participado en ellos 258 condenados (17 de ellos mujeres) por delitos que van desde el homicidio y el asesinato a las lesiones o los robos con fuerza.

El programa contempla para los presos 10 sesiones de preparación de cuatro horas de duración cada una que se celebran semanalmente dentro de prisión. Al término de las mismas, son los mediadores, junto a los técnicos penitenciarios, los que deciden si, una vez terminadas las sesiones, los reclusos están preparados para celebrar el encuentro con la víctima o si, por el contrario, se les saca del programa o es necesario que asistan a más sesiones de las inicialmente previstas.

En el folleto informativo que se facilita a la víctima antes de iniciar todo el proceso, Prisiones detalla que el objetivo del encuentro es que esta pueda explicar en persona al recluso “cómo vivió [el delito] y qué consecuencias se han derivado de aquella vivencia”. También se busca que el condenado se responsabilice de su acción y pida perdón. El programa contempla que el encuentro —que está previsto que se celebre en una o dos sesiones como máximo— sirva para acordar “medidas de reparación del daño derivado del delito” reales o simbólicas.

Instituciones Penitenciarias hace una “sesión de seguimiento” final con la víctima para, antes de cerrar todo el proceso, constatar que esta ha recuperado la “tranquilidad personal”. El documento recalca que en ningún caso se pide a la víctima que perdone al delincuente, aunque el folleto señala que “en ocasiones esto deviene de forma natural en el encuentro”. En el caso de los presos, serán los profesionales de la cárcel los que valorarán si el arrepentimiento del delincuente es “sincero”.

El protocolo de la justicia restaurativa recalca tanto la “confidencialidad” de todo el proceso como el carácter “voluntario” de la participación de la víctima, con la que se contactará para hacerle el ofrecimiento a través de la Fiscalía o las oficinas de atención a las víctimas de las comunidades autónomas. También se recoge que tanto la persona afectada como el condenado pueden decidir “en cualquier momento” no seguir adelante.