Quedan 30 meses de conllevancia

España al borde del abismo permanentemente; España desigual por los privilegios a unos territorios frente al abandono de otros; España camino de la ruina económica; España abocada a la destrucción del Estado de derecho... En pleno agosto esta es la estela que deja cada día la llamarada que lanzan los partidos conservadores contra el Gobierno. A su lado, la fuerza que lo apoya, Unidas Podemos, alza la voz para marcar sus discrepancias con los socialistas. Los partidos de centro, derecha y extrema derecha, se soportan pero están en plena competencia. Esta será la legislatura, que aún no ha llegado a su mitad, de la controversia permanente, en direcciones cruzadas, sin que ninguno de los actores se sienta plenamente identificado con aquellos con los que forma bloque. Todos se conllevan, pero no se quieren. Aun así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene invariable su horizonte electoral de 30 meses. Ni un día menos. Los necesita todos.

El cambio de personas en el Consejo de Ministros y en el Gabinete del presidente supone el inicio de una nueva etapa, muy diferente a la anterior. “Pedro Sánchez ha sufrido mucho con la pandemia pero ahora cree que el país entrará en una realidad socioeconómica y sanitaria en la que será difícil mantener el discurso del horror y del hundimiento”. Esta impresión de fuentes gubernamentales se generaliza en las fuentes consultados por este periódico. No esperan acuerdos con el PP, tampoco se aprecia un gran interés en los mismos, salvo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el empuje del propio órgano afectado y de las asociaciones judiciales sobre el PP. Los movimientos para convencer al PP a que se avenga a negociar por parte del mundo judicial no han cesado en estos primeros días de agosto.

Solo falta para que la mil veces leída lista de nuevos jueces y juristas pueda hacerse pública que el presidente del PP, Pablo Casado, concluya en que este pacto con Pedro Sánchez no perjudica su estrategia de guerra total. Si negocia y accede a la renovación, el grito de Vox y Ciudadanos contra él será inmediato. El debate en el PP sobre la necesidad de no vivir atenazado por Vox es permanente. Ambos compiten pero tienen que entenderse, como única alternativa a los gobiernos de izquierda. Hasta que el PP decida qué hacer, en el Gobierno aseguran que no van a permitir que se normalice la caducidad de los órganos constitucionales.

“La denuncia será permanente”, aseguran fuentes gubernamentales. “¿Dos años y medio con un discurso de catástrofe que no se corresponde con la realidad que viven los ciudadanos?”. Esta es la pregunta que se hacen fuentes gubernamentales para responderse con los dos grandes vectores que pueden hacer que el discurso de la oposición en el Congreso suene desajustado: la mejoría de la situación sanitaria, por la extensión casi total de la vacunación, y los fondos europeos. Fundamental para la nueva etapa será estrechar las relaciones con los presidentes autonómicos, reconocen en Moncloa. Estos apretarán a Sánchez cuando se acerque el proceso excepcional de reparto y gestión de fondos europeos. La relación es mejor de lo que dicen en público, según el Gobierno. A ellos les interesa su comunidad y sus ciudadanos. Les va mucho en llevarse bien con el Gobierno de España, admiten presidentes autonómicos, que intentan que sus necesidades como gobernantes sean compatibles con la estrategia de Casado. O, al menos, no choquen. Pero ellos tienen que negociar.

Al tiempo, el Ejecutivo quiere mantener el alto nivel de entendimiento con los sindicatos y la patronal. La tarea de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es altamente valorada por Sánchez. El engranaje desde la salida de Pablo Iglesias no está del todo ajustado, pero las dos partes están bastante satisfechas del discurrir de la relación. Unidas Podemos exhibe la ley contra la violencia sexual y el anteproyecto de la ley trans como mérito suyo. El próximo reto es mantener sobre la mesa la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y no aflojar la presión sobre la Ley de Vivienda, muy lejos del acuerdo dentro de la coalición, que solo aspira a la convivencia y a sacar delante el mayor número de iniciativas. El republicanismo de Podemos no alterará la defensa absoluta de la institución —y de quien ahora la encarna, Felipe VI—, por parte del Gobierno.

El PP tiene su propia agenda y aguarda vigilante las negociaciones del Gobierno central con el catalán. “Se ha superado la concesión de los indultos a los condenados del procés porque la sociedad es más madura de lo que el PP cree”, quieren creer interlocutores gubernamentales. Pero sí, perdura para el Gobierno la idea que defendió el filósofo José Ortega y Gasset en las Cortes. “El problema catalán es un factor continuo de la Historia de España. Lo único que podemos hacer es conllevarlo dándole en cada momento su solución mejor”. Debate del Estatuto catalán. 1932.