El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por los campos de golf del ‘caso Lezo’

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marca distancias con los anteriores presidentes regionales de su partido, al menos en los tribunales. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, pide 16 años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González por la pieza del caso Lezo de corrupción sobre las irregularidades en la construcción de un campo de golf en los terrenos de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. Es la petición de pena más alta de las cinco acusaciones presentadas, según el auto de apertura de juicio oral notificado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años para González, así como para los otros cuatro acusados: Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública Canal de Isabel II y hombre de máxima confianza de González; José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular. El Ayuntamiento de Madrid, también gobernado por los populares, se ha adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que el PSOE reclama 10 años para González y el sindicato CCOO de Madrid, ocho. En esta pieza se ha investigado la adjudicación supuestamente irregular, en 2004 y 2006, de sendos contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II, en la capital que permitió a la trama presuntamente encabezada por el expresidente embolsarse más de medio millón de euros.

La diferencia de penas es fruto de la diferente calificación de los hechos que hace cada una de las acusaciones. Así, los representantes legales de la Comunidad de Madrid consideran a González y a los otros cuatro encausados autores de los delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales y cohecho. Anticorrupción, sin embargo, solo les acusa de dos delitos de cohecho, como el Consistorio madrileño y CCOO, mientras que el PSOE les imputa tráfico de influencias con cohecho, prevaricación administrativa y fraude.

Tras el auto de apertura de juicio oral del juez García-Castellón, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que poner fecha a la vista por los amaños del campo de golf, que se suma a otras dos piezas del caso Lezo ya concluidas y pendientes de ser juzgadas. Una es la referida a la compra de la empresa brasileña Emissão por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que González se enfrenta a una petición del fiscal de ocho años de cárcel. La segunda es la supuesta adjudicación irregular, en 2007, a la empresa OHL de la obra pública del tren a Navalcarnero, en la que Anticorrupción pide para el expresidente cuatro años de cárcel.

El auto del juez conocido ayer describe la operativa de la trama, en cuya cúspide se situaba presuntamente González, que en aquellos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II en su condición de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocupó desde 2003 a 2012, cuando asumió la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a él, el relato de los hechos sitúa a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II. Según recogía en su escrito de acusación la Fiscalía, ambos aprovecharon “la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos” para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, SL, entre cuyos socios estaban el hermano y el cuñado del expresidente.

El primero de los contratos presuntamente amañados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama modificó el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitación como obligaba la ley, acordó con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte, valorados en más de tres millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado de González pese a que esta no tenía capacidad para realizarlos. De hecho, Tecnoconcret subcontrató a su vez aquellos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobró presuntamente una comisión del 8%, obteniendo así supuestamente un beneficio de 381.029 euros.

El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudicó, en 2006, a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped de la instalación deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que también carecía de capacidad para ejecutar ese trabajo, lo subcontrató a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de González logró por su mera intermediación un beneficio aproximado de 20%. En total, 123.752 euros.