Orden de expulsión al intentar escolarizar a los niños

Solicitar la escolarización de los hijos o acudir a la comisaría para tramitar el DNI de un menor puede costar a unos padres extranjeros la expulsión del territorio español. Ha ocurrido en Melilla, donde al menos dos familias se enfrentan a ser deportadas a Marruecos tras un largo trance burocrático para conseguir matricular a los niños en el colegio. También ha pasado en Valencia, donde la asociación Valencia Acoge ha denunciado la incoación de expedientes sancionadores a varias madres extranjeras de niños españoles cuando estas habían acudido a la comisaría para tramitar el DNI de sus hijos.

Según el Defensor del Pueblo, “esta práctica tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima”. Francisco Fernández Marugán considera “injustas y perjudiciales” estas formas de proceder en los casos registrados en Melilla y ha solicitado a las autoridades la revisión de las actuaciones iniciadas de oficio desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y que podrían tener un efecto disuasorio para otras familias en situación similar.

Ceuta y Melilla son los únicos territorios de España donde solo se pueden empadronar las personas que demuestran tener la residencia legal. Eso hace que, en la práctica, las dificultades de acceso al padrón complican muchísimo otros trámites como el de escolarizar a los niños. Para lograrlo, las familias tienen que presentar otros documentos que acrediten la residencia efectiva.

“Hay familias que han sido citadas tras la visita (de agentes y trabajadores sociales) para la verificación de la residencia efectiva”, esgrime José Luis Candela, abogado especializado en Extranjería. “Llevan años luchando por la escolarización de sus hijos; una vez que certifican (la residencia), paralelamente les citan a comisaría, acuden de buena voluntad y se encuentran con una incoación de un expediente de expulsión. Es una absoluta venganza, están amedrentando a las personas más vulnerables”.

Según ha denunciado José Palazón, fundador de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) en Melilla, se trata de personas que llevan más de una década viviendo en la ciudad y cuyos hijos han nacido en Melilla. Palazón lleva años denunciando la indefensión generada desde la Administración y la vulneración de derechos fundamentales de menores en el caso de niños y niñas nacidos en Melilla a quienes se les impide matricularse en el colegio, algo sobre lo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha llamado la atención a España.

El asunto es complejo. Melilla constituye un pozo burocrático en el que se ha tejido un entramado de excepcionalidades administrativas que derivan en la vulneración de derechos, como denuncian múltiples organizaciones. En muchos casos, mujeres y hombres nacidos en la ciudad, pero que nunca regularizaron su situación, encuentran ahora trabas para tramitar la documentación de sus hijos, que son considerados nacionales marroquíes.

En el caso de la escolarización y pese a las denuncias reiteradas, la Administración ha sido caprichosa y los criterios se han ido actualizando desde 2018. Entonces, el Ministerio de Educación emitió una orden para escolarizar a 124 niños sin certificado de empadronamiento, pero que sí pudieran acreditar su residencia en Melilla por otros medios, como una tarjeta sanitaria o facturas de la luz o el agua. En 2019, sin embargo, volvió a cambiar: se rechazó de nuevo la tarjeta sanitaria, que también pueden tener los trabajadores transfronterizos no residentes en la ciudad, y solo se admitieron como documentos válidos aquellos emitidos por la Administración, según Juan Ángel Berbel, director provincial de Educación, como un informe de arraigo de los Servicios Sociales o un contrato público de alquiler.

En junio, junto a la protesta de la Plataforma por la Infancia, el activista denunciaba la inacción de la Administración para comprobar la residencia efectiva de los menores que habían solicitado plaza escolar. Ahora, los casos han dado una vuelta de tuerca, con la incoación de expedientes de expulsión de progenitores después de haberse realizado tal comprobación. “Es una represalia por el ejercicio de un derecho fundamental”, aporta Francisco Solans, portavoz de la AAE. “Estamos hablando de un derecho fundamental de unos niños”.

La ejecución de una orden de expulsión no solo conlleva la expulsión de un extranjero de territorio español y su deportación, en este caso, a Marruecos. También se prohíbe su entrada por un periodo que no exceda cinco años, algo que, en el caso de familias residentes en Melilla con vínculos en las villas fronterizas cercanas a la ciudad resulta traumático. En pedanías como Barrio Chino, Farhana o Mariguari las casas están, literalmente, pegadas a la valla y los vecinos pueden atravesar diariamente los pasos fronterizos para hacer compras o trabajar en barrios melillenses más cercanos que la ciudad de Nador, a unos 16 kilómetros de Melilla.

“Hay ejemplos cotidianos de personas en situación irregular que acuden a la comisaría a denunciar que han sido víctimas de delito y se les incoa expediente de expulsión”, ilustra Candela. Ya en 2004, el Defensor del Pueblo dirigió una recomendación para proteger el denominado safe reporting, esto es, que haber sido testigo o víctima de un delito pueda ser denunciado con seguridad, independientemente de la situación administrativa del denunciante. Sin embargo, esta recomendación fue parcialmente aceptada en 2009 tan solo para las denuncias formuladas por mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.