El rechazo de los socios acerca al PSOE a una derrota en el decreto de los interinos

Ni Unidas Podemos tenía el martes por la noche nada claro su voto a favor de refrendar en el Congreso el decreto aprobado por el Gobierno para reducir la temporalidad de los empleados interinos en el sector público por debajo del 8%. Las negociaciones se extendieron a varias bandas y con el Ministerio de Hacienda durante toda la jornada y se preveía que continuaran hasta este miércoles, cuando se celebra el último pleno de las Cortes antes del verano.

Además de los principales, y habituales, socios parlamentarios del Ejecutivo socialista, desde Podemos a ERC y PNV, también expresaron sus críticas a la iniciativa Más País, Compromís, EH Bildu, PDeCAT, la CUP o Junts, especialmente por la falta de negociación previa y porque entienden que no computa bien la antigüedad de los actuales interinos para las nuevas plazas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, resumió así el sentir de la mayoría de los aliados recurrentes del Ejecutivo: “Tiene muy mala pinta”.

La derrota este miércoles en la votación del decreto sería muy simbólica para el Gobierno, por el momento político crítico en el que pretende relanzar su gestión tras la crisis sanitaria de la pandemia y porque apenas han decaído este tipo de iniciativas en lo que va de legislatura. Si un decreto se tumba en el Congreso, el Ejecutivo puede recurrir a aprobar otro con modificaciones o que lo plantee algún otro grupo. El actual Gabinete ya perdió un relevante decreto esta legislatura, también del Ministerio de Hacienda, sobre el uso del superávit de los ayuntamientos en la pandemia.

El pleno extraordinario de este miércoles tiene en su orden del día la convalidación por el Congreso de otros dos decretos clave, pero que disponen de más apoyos para salir adelante. El más consensuado, aunque también recaba críticas por su consideración de “parche”, supondrá la rebaja del IVA en el recibo de la luz del 21% al 10% de forma temporal para los pequeños consumidores. El otro es para revalidar la retirada de las mascarillas en el exterior aprobada por el Consejo de Ministros hace casi un mes y justo cuando ahora varias autonomías están reclamando su uso obligatorio en todas las circunstancias ante el repunte de los contagios.

Pero el mayor problema político para el Gobierno se constatará sobre el decreto que persigue rebajar el número de interinos en la Administración (ahora más de 600.000). Ninguno de los partidos que respalda normalmente al Gobierno adelantó su voto a favor. Ni siquiera Unidas Podemos, que está en la coalición gubernamental. Su portavoz adjunta, Sofía Castañón, admitió el serio peligro que corre ese decreto si el Ministerio de Hacienda no acepta algunas de las sugerencias que esa formación le lleva reclamando desde hace varios días y sobre las que este martes incrementó su presión. Unidas Podemos ejerció de mediador entre el Gobierno, el Ministerio, el PSOE y sus socios. Los contactos se sucedieron sin parar. El ministerio y el PSOE aún confiaban en una rectificación a última hora de sus socios para salvar esa derrota política.

En la carta que Podemos envió a la ministra María Jesús Montero se plantearon sobre todo dos demandas: que ni el proceso de concurso-oposición ni las pruebas ni la fase de oposición para las plazas fuesen eliminatorias, para no perjudicar a las personas que se puedan presentar habiendo acumulado muchos años de experiencia, y que los aspirantes pudieran utilizar su mejor nota de procesos opositores anteriores para el acceso al mismo cuerpo, escala o categoría. Castañón mostró su “preocupación” por la situación y añadió que estaban reclamando además al Ejecutivo que la norma debería “salir con la mayoría más amplia posible y el más amplio respaldo de la Cámara”. Esa reivindicación no se había logrado anoche. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que estableció contactos por su cuenta con otros socios, explicó el martes que consideraban ese decreto “inaceptable e injusto”. Junts per Catalunya, PDeCAT, la CUP y EH Bildu ratificaron su oposición. El PNV, Más País y Compromís se sumaron a las críticas, aunque dejaron la puerta abierta a una solución in extremis. Prácticamente todos esos partidos lamentaron la práctica usual del Ejecutivo de no informar ni negociar nada previamente y también el abuso de los reales decretos.