El PSOE negocia ‘in extremis’ tres decretos clave con sus aliados

El PSOE aún está negociando in extremis con sus socios, en el Gobierno y en el Parlamento, los votos necesarios para convalidar tres decretos clave para esta fase de la legislatura. Los socialistas creen más que probable que saldrán adelante mañana miércoles en el último pleno del Congreso antes del verano. Uno de los decretos, el más consensuado aunque con críticas, supondrá la rebaja del IVA en el recibo de la luz; otro es para la retirada de las mascarillas en el exterior; y el último, que es el que está más en el aire, afecta al intento de reducir la temporalidad de los empleados interinos en el sector público por debajo del 8%. Este decreto ni siquiera le gusta a Unidas Podemos, el socio de la coalición gubernamental.

La actividad en el Congreso ya decayó oficial y formalmente a finales del pasado mes de junio, pero el Gobierno tiene la posibilidad de solicitar plenos extraordinarios para asuntos de relevancia y es lo que ha hecho con la sesión prevista para el miércoles. Las negociaciones para ratificar la validez de esos decretos, sin embargo, continúan en marcha. Algunos grupos normalmente aliados del Ejecutivo, como ERC, mantendrán una reunión este mismo martes para fijar posición y voto, y otros, como el PNV, solo habían cerrado su apoyo por ahora a la votación crítica sobre la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% de forma temporal para los pequeños consumidores. El propio PNV, que prestará sus seis escaños para que el decreto continúe su camino, ha mostrado sus reparos a una medida que considera “un parche”. Y no son los únicos socios críticos con esta actuación que entienden insuficiente del Ejecutivo en un momento en el que el recibo de la luz se ha vuelto a disparar y este martes cerrará con el segundo precio más alto de la historia: 101,82 euros por megavatio hora (MWh).

Otro de los decretos que el Congreso discutirá, y que el Gobierno y el PSOE apuestan por que saldrá adelante su convalidación, es el aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio y que eliminó la obligatoriedad de llevar mascarillas en el exterior.

Debate bronco

El Ejecutivo tenía un mes de plazo para superar el filtro del voto en el Congreso. Todas las fuentes consultadas apuntan a que la medida será ratificada, pero tras un debate bronco, como han sido casi todos los relacionados con la pandemia en el último año. Y más ahora, cuando el repunte de la quinta ola ha llevado a España a niveles de incidencia en los contagios de casi 600 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y las hospitalizaciones han crecido un 65%. El panorama jurídico, además, tampoco ayuda a la paz política, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el rechazo al confinamiento impuesto en el primer decreto de estado de alarma y con distintos tribunales superiores de justicia autonómicos fijando posiciones contrapuestas sobre los toques de queda territoriales.

La discusión, en cualquier caso, no es ahora tanto sobre la legalidad y oportunidad de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre como sobre la regulación general que se podría requerir para los confinamientos y toques de queda tras la polémica generada por la decisión del Constitucional. El líder del PP, Pablo Casado, volvió a insistir el lunes en que debería improvisarse ahora en 15 días una ley de pandemias tras no haber aceptado el Ejecutivo su oferta en esa línea hace casi un año.

El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya confirmó en una entrevista a EL PAÍS el pasado domingo que no piensan por ahora impulsar ni nuevas leyes ni reformas de la Constitución para solventar las cuestiones que plantea la sentencia del alto tribunal. Ni Ciudadanos ni Vox, sin embargo, están de acuerdo con el PP sobre una ley ordinaria de pandemias para poder limitar derechos tan fundamentales como la libertad de movimientos. Cs aboga ahí por cambiar la ley que regula el estado de alarma actual.

El asunto más peliagudo del pleno se presenta sobre la reducción de la interinidad en el sector público. Unidas Podemos ha enviado incluso una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública exigiendo una serie de compromisos mínimos para mejorar el real decreto-ley 14/2021 antes de ser votado el miércoles en el Congreso. Y en la misiva plantean fundamentalmente dos reivindicaciones: “Establecer que, en el proceso de concurso-oposición, ni las pruebas ni la fase de oposición podrán ser eliminatorias, algo que, en su formato actual, perjudica a las personas que se presentan a estos procesos habiendo acumulado muchos años de experiencia”. Y que “la persona aspirante podrá utilizar su mejor nota obtenida en cualquier proceso anterior convocado por la misma Administración para el acceso al mismo cuerpo, escala o categoría”.

Ciudadanos, que también tiene reparos a ese decreto, vislumbra que podría incluso decaer si ERC, el PNV o EH Bildu, que aún estudian su voto, se posicionan al final en contra junto a la derecha. El Gobierno argumenta que el decreto se tramitará como proyecto de ley para posibles mejoras. Los sindicatos aplaudieron el plan porque supone convocar, antes del 31 de diciembre de 2024, hasta 300.000 plazas estructurales ocupadas ahora por interinos con tres años de antigüedad a 31 de diciembre de 2020. PDeCAT y Más País están más cerca del no que de la abstención.