Un tribunal fatigado en plena batalla política

El Tribunal Constitucional ha salido exhausto del reciente debate sobre el estado de alarma. Los magistrados se levantaron de la última deliberación, el pasado jueves, en un clima de tensión que no se veía en la sala de plenos desde hacía tiempo. Su presidente, Juan José González Rivas, quiso que se dictara esta sentencia antes del paréntesis veraniego para evitar la sensación de que el tribunal se pronuncia sobre problemas que quedaron atrás. Por ejemplo, como en ese caso, sobre el confinamiento y el decreto de estado de alarma firmado hace más de un año.

La sentencia, sin embargo, no ha servido para pacificar el debate que existía en la comunidad jurídica sino que lo ha exacerbado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, ha calificado de “elucubraciones doctrinales” el resultado de 15 horas de deliberación, en dos plenos consecutivos, de los 11 componentes con que cuenta ahora el Constitucional. Una expresión a la altura de la definición clásica del Supremo estadounidense, la que lo describe como “nueve escorpiones encerrados en una botella”.

En el último pleno del Constitucional no circuló el veneno, pero desde luego hubo picotazos entre Cándido Conde Pumpido y Pedro González Trevijano, ponente de la sentencia. En la sesión del miércoles, y oída la vicepresidenta, Encarnación Roca, estaba claro que perdía el estado de alarma y ganaba el de excepción. El presidente, viendo venir el estrépito de los platos rotos, propuso una última oportunidad para reflexionar. Pero el ponente dijo que había llegado el momento de votar. Y se votó, con el resultado de seis a cinco, tras decantarse Roca por el lado conservador.

Pero antes, en el debate, algunos se buscaron la ceja. Criticó Conde Pumpido un fallo tan relevante con resultado tan ajustado (un voto de diferencia). Y replicó Trevijano que siempre hubo resultados ajustados, alguno incluso histórico. Conde Pumpido respondió entonces que lo ahora decidido sería revisable más tarde con otra mayoría en el tribunal, cuando se renueve. A lo que el ponente de la sentencia respondió con un “Ojalá me equivoque, pero…”. El “pero” es que nada da idea de que vaya a renovarse el Constitucional, ahora con cuatro plazas pendientes desde hace año y medio, entre ellas las del presidente y la vicepresidenta.

Si el tribunal resolviera estos relevos y los otros cuatro que corresponde llevar a cabo el año que viene, la actual mayoría conservadora pasaría a ser minoría. Entre otras cosas, porque de los cuatro cambios de la próxima renovación, dos le corresponde decidirlos al Gobierno. Y van unidos a otros dos que debe hacer el Consejo General del Poder Judicial, que prorrogado no tiene competencias para efectuar nombramientos.

El comentario de Trevijano tiene que ver con una hipótesis manejada en el mundo judicial, y es que el año que viene puede haber 8 de las 12 plazas del Constitucional pendientes de una renovación que no llega.

En paralelo, el cansancio, la fatiga de las togas, se está adueñando del tribunal. El procés ya provocó disensiones. Los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer están abonados a los votos particulares. Pura tarea testimonial, salvo en cuanto se refiere a los líderes independentistas, que van a usar esos votos discrepantes en sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una vez indultados, el objetivo ya no es recuperar la libertad, sino una victoria jurídica que tendría también clara dimensión política.

En esa tarea de constante apoyo a la labor del Supremo sobre el procés —con las excepciones señaladas— el Constitucional también se ha desgastado. Dos magistrados, Antonio Narváez y el propio Conde Pumpido, fueron recusados y tuvieron que dejar los recursos sobre este asunto, por declaraciones que habían hecho y que permitían cuestionar su imparcialidad. Las sentencias estaban muy avanzadas, pero esas recusaciones retrasaron su deliberación, y llevaron al tribunal a resolver algunas de las impugnaciones según las pautas del “tiempo del castigo”, y no en sintonía con el “tiempo del perdón”, expresiones estas utilizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para describir el pase de página. De ahí, en cambio, los votos particulares de Xiol y Balaguer contra la “desproporción” de las penas impuestas a los líderes independentistas.

Mientras avanzaba su tiempo de prórroga en el cargo, a Juan González Rivas (presidente) y a Encarnación Roca (vicepresidenta) les llegaron cantos de sirena. Les sondearon para ocupar la presidencia del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que van aparejadas. Pero fueron palabras que se llevó el viento. Sin que tenga que ver forzosamente con ello, el presidente fue cultivando un perfil cada vez más institucional y menos vinculado a su sector natural, el conservador, dada su trayectoria. Roca, en cambio, apareció cada vez más cerca de este bloque, pese a haber sido propuesta por CiU con apoyo del PSOE.

Esa distinta evolución propició fricciones entre ambos, como sucedió cuando la vicepresidenta impulsó una carta interna para criticar que un recurso relacionado con la pandemia se viera en una Sala del tribunal, y no en sesión plenaria. Ese recurso fue el que se resolvió para rechazar que el 1 de mayo del año pasado, en pleno confinamiento, tuviera lugar una marcha sindical en Vigo, con el argumento de que la garantía del derecho a la salud debía ser prioritaria con respecto al derecho de manifestación. La carta impulsada por Roca fue respaldada por otros magistrados y obtuvo como resultado que a partir de entonces todos los asuntos relacionados con la pandemia se avocaran al pleno, como los del procés. Asunto resuelto, pero de aquella manera, porque los fenómenos de disidencia interna siempre dejan poso y deterioran las relaciones.

La última imagen de un encuentro entre González Rivas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves, en el acto de homenaje a las víctimas de la covid-19 entre los sanitarios, es muy expresiva de la situación. El día anterior acababa de aprobarse la sentencia contra el estado de alarma. González Rivas y Pedro Sánchez no se miran directamente. El primero tiene arqueada una ceja y una expresión de circunstancias interpretable como “y qué quiere usted que yo le diga, presidente”. Una expresión, en todo caso, que refleja la fatiga del Constitucional.