Archivada la investigación judicial por las cartas con balas dirigidas a Marlaska, Iglesias y Gámez

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, María Isabel Durantez, ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación judicial abierta por las cartas amenazantes con proyectiles en su interior que recibieron a finales de abril, en plena campaña para las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el entonces líder de Podemos y candidato en aquellos comicios, Pablo Iglesias; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La decisión se produce después de que las pesquisas realizadas en los últimos tres meses por la Policía Nacional y la Guardia Civil no hayan arrojado resultados para identificar al autor o autores de los envíos. “De las gestiones llevadas a cabo no se derivan datos para la identificación de las personas responsables”, recalca la jueza en su auto, fechado el pasado viernes pero dado a conocer este martes.

La investigación, ahora archivada de modo provisional, se inició después de que el 22 de abril el exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4-M, Pablo Iglesias, denunciara que en el Ministerio del Interior se había recibido una carta “con amenazas de muerte” contra él y su familia. Iglesias hizo público el envío con un tuit en el que mostraba una foto del sobre, la nota y lo que él describía como “4 balas de Cetme [antiguo fusil de asalto del Ejército español]”. En otro tuit, el líder de Podemos revelaba que no había sido la única misiva de estas características, y que el ministro Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil también habían recibido envíos postales con munición: la del ministro, con dos proyectiles. La de Gámez, con uno. Las siete balas eran del mismo calibre: el 7,62.

Las pesquisas iniciadas entonces se encontraron con un primer obstáculo. Un error humano cometido cuando las cartas fueron procesadas, el 19 de abril, en el Centro de Tratamiento Automatizado (CAT) que Correos tiene en el barrio de Vallecas (Madrid), impidió conocer un dato clave: el buzón donde fueron depositadas. En el CAT, todos los envíos que superan los 100 gramos de peso pasan por un escáner de rayos X para analizar su contenido y detectar objetos prohibidos. En ese caso, se identifica la saca en la que llegó y, con ello, el buzón. Sin embargo, y pese a que estos sobres también pasaron por el escáner y este mostró la existencia de siete balas, nadie se percató y llegaron a su destino. La información del buzón hubiera permitido a los agentes rastrear los vídeos grabados por las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, comercios, sucursales bancarias y estaciones de Metro cercanas para buscar una imagen de la persona que las depositó. También recabar datos de las compañías de telefonía sobre los móviles que estuvieron activos en la zona en aquella jornada. Nada de esto se pudo hacer.

Tampoco arrojaron información relevante las pruebas de criminalística practicadas a los tres sobres y su contenido. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, anunció entonces que los investigadores habían obtenido de su análisis huellas dactilares y resto de ADN para cruzarlos con los datos que obran en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) y la base policial de perfiles genéticos en busca de coincidencias que pusieran nombre al autor. Sin embargo, las huellas correspondían a personas que manipularon los sobres desde su recepción en Correos y, por tanto, sin vinculación con el verdadero remitente. Tampoco permitió avanzar la identificación de la empresa donde se fabricaron los proyectiles (todos databan de los años 80), y de la firma que elaboró los sobres, así como la compañía que los distribuye en España. Ninguna pista arrojó el análisis de la letra que figuraba en los tres sobres y las notas amenazantes. Su autor usó una regla de moldes de letra para hacer inútil un estudio grafológico.

La noticia de las cartas sacudió la campaña electoral y provocó un efecto imitación que hizo que los días siguientes se interceptaron otras cuatro cartas similares: una remitida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; una segunda dirigida a Iglesias, aunque enviada a la sede de la Guardia Civil; una más que tenía como destinataria la candidata del PP al 4-M, Isabel Díaz Ayuso, y, finalmente, un mensaje con insultos al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Las pesquisas concluyeron que sus autores no tenían nada que ver con los de las tres primeras misivas. El autor de la dirigida a Maroto, que contenía una navaja aparentemente manchada de sangre, fue el único de todas ellas que pudo ser identificado. Se trataba de un hombre diagnosticado de esquizofrenia que fue identificado y localizado el mismo día del envío. Había puesto su nombre y dirección reales en el remitente. Durante el interrogatorio, el hombre aseguró ser “agente secreto”.