El rosario de desencuentros entre Díaz Ayuso y Sánchez

La primera reunión bilateral entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso desde la cumbre de las banderas que mantuvieron el 21 de septiembre ha ahondado en las profundas diferencias que, más allá de la gestión de la crisis territorial en Cataluña, separan al Gobierno central y al madrileño. Los frentes son múltiples y abarcan la gestión de la pandemia y sus derivadas sanitarias, económicas y sociales; la política fiscal de Madrid y el arraigo de la enseñanza concertada en la región. “Que nos dejen trabajar, que nos dejen en paz”, afirmó este jueves la nueva referente del PP en la primera sesión de control en la Asamblea de Madrid tras ser investida después de las elecciones del 4-M. Un tono que apenas varió en el cara a cara con Sánchez. Lo que sigue es un recopilatorio de los principales desencuentros entre La Moncloa y la Puerta del Sol.

Impuestos

La armonización fiscal que planea el Gobierno es el principal punto de desencuentro, con permiso de Cataluña. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, pactó el año pasado una reforma con ERC para impedir que el Gobierno madrileño siga dejando exentos tributos como el de patrimonio (es la única comunidad que lo hace).

“Estamos absolutamente en contra de la subida de impuestos”, reiteró el viernes Ayuso, “y menos a la carta, para pagar independencias”. La presidenta contempla acudir al Tribunal Constitucional “o donde sea”. Su estrategia pasa por que cale la idea de que la revisión impositiva al alza es una exigencia de uno de los socios clave del Gobierno. Pero la mayoría de comunidades autónomas —el PSOE preside nueve y cogobierna en otras dos— comparten su malestar con la fiscalidad madrileña, que también bonifica al 99% sucesiones y donaciones. “Si estamos pidiendo armonización [fiscal] en el mundo y en Europa”, ha declarado Montero, “es lógico que se plantee caminar en ese marco en España, sin acabar con la autonomía fiscal”. La ministra afea a Ayuso que por un lado quiera rebajar impuestos y por otro pida más fondos al Estado.

La presidenta madrileña adelantó en el debate de investidura en junio que llevará a la Asamblea de Madrid una ley de Defensa de la Autonomía Fiscal para “blindar” las competencias. Las fuentes consultadas del Ministerio de Hacienda sostienen que no afectaría a los tributos cedidos por el Estado. Además, Ayuso planea aprobar este año una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF que entraría en vigor a partir de 2022. Sería su primera rebaja de impuestos, tras romper en 2020 con la racha de más de 15 años seguidos de reducciones con la firma de los gobiernos populares en Madrid. “No va a ayudar subir impuestos anacrónicos como sucesiones. El capital que se expulse de Madrid se irá a otras partes del mundo porque Madrid es universal”, ha advertido.

Litigios en los tribunales por casi 500 millones de euros

Desde que Díaz Ayuso llegó al poder, ha usado los tribunales para dirimir sus choques con Sánchez en numerosas ocasiones. Igual que acudió al Supremo cuando Madrid no fue incluida en la fase 1 de la desescalada por la pandemia, logró que la Audiencia Nacional le concediera medidas cautelares para paralizar las restricciones que quería activar el Ejecutivo en el ocio nocturno. En esa instancia se resolverán también dos pleitos económicos de la máxima importancia para la región.

Así, Madrid reclama al Estado 377 millones de euros por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 —aún está pendiente de resolución, pero el Supremo le acaba de dar la razón por este mismo asunto a Castilla y León—. También, 54 millones que considera que le faltan de las entregas a cuenta de 2019.

Fondos europeos y del Gobierno

Díaz Ayuso suele protestar por lo que considera un trato discriminatorio del Gobierno a la comunidad que preside. Pero Madrid es de las autonomías que más fondos públicos ha recibido del Ejecutivo durante la emergencia sanitaria. Fue el territorio que se llevó la mayor parte (3.346 millones) del fondo de 16.000 millones no reembolsables que el Gobierno habilitó el verano pasado. Detrás estaban Cataluña (3.166 millones), Andalucía (2.199) y la Comunidad Valenciana (1.486).

Aun así, Díaz Ayuso ha reprochado que Madrid recibiera 1.284 millones del fondo REACT de la UE, dotado con 10.000 millones. De nuevo el argumento fue que Cataluña (1.706 millones) o la Comunidad Valenciana (1.254 millones) habían tenido un trato preferente. La más favorecida fue en este caso una comunidad del PP, Andalucía (1.881), la más poblada del país y la segunda más extensa.

Los fondos europeos anticipan una nueva fractura entre ambas administraciones. El Gobierno se ha comprometido a reunirse con el consejero de Hacienda de Madrid en los próximos días, pero la lluvia de millones comunitarios —se esperan 9.000 millones en julio— la gestiona La Moncloa. Sánchez detallará sus intenciones en la conferencia de presidentes de final de mes en Salamanca. Madrid pide que los fondos destinados a la digitalización se realicen “con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios”, disponer de autonomía para la selección de los proyectos a ejecutar y que las conferencias sectoriales realicen “una planificación realista y ajustada a la establecida en el propio Mecanismo de Recuperación”.

Vacunación

Madrid se ha quejado de manera recurrente de que el Gobierno no le suministraba las dosis acordes a su capacidad para proteger a la población. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, advirtió en abril de que la falta de dosis hacía peligrar la operatividad de los centros de vacunación masiva del Zendal, Wanda Metropolitano y WiZink Center. “Necesitamos las vacunas prometidas, si no, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva”. Tres meses después, Madrid es la comunidad con el ritmo más bajo de pinchazos . Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, había administrado el 84,8% de las dosis entregadas. En el otro extremo se situaban Extremadura (96,2%) y Asturias (95,2%). Madrid almacena 1,1 millones de las 7,1 millones de dosis que le ha entregado el Gobierno.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso encabezó otro encontronazo con La Moncloa por la “confusión generada por parte del Ministerio de Sanidad” por el retraso de la segunda dosis de Astrazeneca —la Agencia Europea del Medicamento (EMA) vinculó esta vacuna a varios casos de trombos aunque respaldaba su uso— a trabajadores esenciales y sexagenarios. Zapatero afirmó que eso llegó a provocar hasta un 70% de rechazos a la vacuna de Oxford. Madrid se ha opuesto al criterio del Ministerio de Sanidad, partidario de que docentes, policías o bomberos de menos de 60 años completaran la inmunización con Pfizer en vez de con Astrazeneca.

Barajas

El principal aeropuerto de España acaparó las críticas de la Comunidad conforme Madrid se adentraba en la segunda ola de la pandemia. “Es un coladero”, llegó a decir a finales de agosto Ignacio Aguado, el exvicepresidente regional. Los datos, en cambio, no reflejaban el alarmismo que trasladaban en la Puerta del Sol. Entre el 11 de mayo y el 23 de agosto de 2020 Barajas tuvo dos millones de pasajeros y la Comunidad detectó 135 casos importados. Comparados con los más de 42.000 positivos registrados en la región a finales de ese mes, los casos vía Barajas equivalían al 0,3% del total de contagios registrados.

En noviembre los casos detectados en Barajas no llegaban a 200, pero la presidenta de Madrid insistía en señalar al Gobierno por la situación crítica de la pandemia en la comunidad. Un mes antes llegó a escribir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar mayores controles y una normativa común contra la covid en todos los aeropuertos del espacio aéreo europeo. La decisión de Sánchez de pedir una PCR en origen a los pasajeros procedentes de países de riesgo a partir del 23 de noviembre, basada en una recomendación del Consejo Europeo, la consideró un éxito personal aunque lamentó que hubiera pasado “demasiado tiempo”.

Desde el pasado 11 de mayo, los casos importados de otros países diagnosticados en España son 9.704, de los que 1.199 se han detectado en Madrid. Por delante se sitúan Andalucía (2.122) y Canarias (1.480). Ninguna otra comunidad ha responsabilizado al Gobierno del incremento de casos en sus territorios por el descontrol en sus aeropuertos. La Asamblea de Madrid aprobó el jueves la comisión de investigación sobre Barajas tras rechazar las objeciones del PSOE y Más Madrid. La primera propuesta de la lista que Díaz Ayuso ha llevado a La Moncloa es “conocer los protocolos específicos” a los viajeros de vuelos internacionales y “establecer un control exhaustivo en el punto de inicio de viaje que permita garantizar y certificar la negatividad de la prueba diagnóstica realizada en origen; así como reforzar el control de viajeros para evitar la transmisión de las variantes del virus”.

Residencias de ancianos

La falta de medios en las residencias en el inicio de la pandemia hizo que el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pidiera el 24 de marzo, pese a la oposición inicial de Díaz Ayuso, la “activación urgente del Ejército para el apoyo sanitario y logístico”. La presidenta terminó reclamando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaborara en las labores de desinfección. De las 5.300 desinfecciones militares en geriátricos de toda España, 896 fueron en Madrid (17%).

Las Fuerzas Armadas ejecutaron 3.410 intervenciones en la región durante la emergencia sanitaria, el 17% de las 20.000 de la Operación Balmis en España. El 44% de las actuaciones militares en Madrid fueron desinfecciones (1.489), seguidas de las misiones de apoyo sanitario (720), presencia en poblaciones (667), apoyo logístico (346), instalación de albergues (185) y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (3). “El Gobierno mandó al Ejército”, aseveró Sánchez el 14 de junio. “Todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del Gobierno autonómico [de Madrid] sobre las residencias de mayores y el ingreso en hospitales. Ahí lo dejo”, dijo. El 55,7% de las intervenciones en Madrid las desempeñó la UME (1.900). El Ejército de Tierra realizó 970 y el Ejército del Aire 410. La Armada se encargó de las 130 restantes.

El golpe de la covid en los geriátricos de Madrid en la primera ola fue brutal. A 19 de junio habían fallecido 5.985 ancianos, el 15% de los residentes, por el virus o con síntomas similares. El plan “histórico” que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presentó el 12 de marzo e incluía en teoría la medicalización de las residencias para evitar su traslado a los hospitales no se cumplió. En los 12 días de la Operación Bicho, con la que se pretendió dar atención médica con un pequeño grupo de ambulancias, los residentes fallecidos se dispararon por encima de 4.200. En el tiempo que duró la operación, más de 3.000 personas perdieron la vida en las residencias madrileñas. La comisión de investigación sobre las residencias, que la legislatura pasada fue muy incómoda para la Comunidad, irá la semana que viene a la Asamblea, pero el PP y Vox impedirán que salga adelante. Díaz Ayuso afirmó en la campaña del 4-M en una entrevista en EL PAÍS que “diseccionar por fascículos los días de terror” en las residencias “un año y medio más tarde no aporta nada”.

Educación concertada

La ley Celaá (Lomloe), la octava reforma educativa en cuatro décadas, ha encontrado un fortísimo rechazo en Madrid, la comunidad junto a el País Vasco donde la enseñanza concertada está más implantada. Miles de personas en vehículos protestaron en diciembre en la región —regía el estado de alarma que se aprobó en otoño y ha estado vigente hasta el 9 de mayo— contra la nueva ley educativa al entender que, además de suprimir el castellano como lengua vehicular —una exigencia de ERC para su apoyo a los Presupuestos— amenaza la concertada y por tanto la “libertad de elección”.

La presidenta de Madrid se movió rápido y en diciembre anunció la ampliación de seis a 10 años la duración de los conciertos educativos: unos de los grandes beneficiados son los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley prevé retirar las subvenciones una vez finalicen los conciertos en vigor. El Consejo de Gobierno aprobó el miércoles el proyecto de ley maestra de Libertad Educativa que blinda la concertada y la especial en la región, manteniendo los fondos públicos a la segregación por sexos de los privados concertados.

“La ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos”, sostiene la responsable del PP, que el viernes solicitó a Sánchez que “de forma urgente articule la suspensión” del calendario de implantación de la Lomloe y abra “un proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas”. La Comunidad pospondría a su vez la tramitación de la ley maestra “con el objeto alcanzar ese acuerdo educativo”.

El Ministerio de Educación defiende que la normativa pretende corregir la distribución desigual del alumnado más desfavorecido, que se matricula preferentemente en la pública, donde se concentran 9 de cada 10 estudiantes de los hogares con rentas más bajas. La normativa establece que las comunidades autónomas tendrán que establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Además acaba con el “distrito único” de Madrid, que implica que un estudiante pueda elegir el colegio que quiera de la región si hay plazas disponibles, entre otros requisitos: el criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio. También se tendrá muy en cuenta la renta familiar. Los ayuntamientos tampoco podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos, una medida muy habitual en Madrid para fomentar la concertada. Otros puntos de desencuentro son que las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar y la creación de oficinas de garantías que vigilen el proceso de admisión y reduzcan el margen de maniobra de los centros para elegir al alumnado.

Otro punto de fricción es que Díaz Ayuso reclama una única prueba de Evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el país. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a Sánchez más fondos para bajar las ratios de alumnos-profesor en las aulas regionales.

Inversiones en transportes

¿Dónde están los 5.000 millones de euros para invertir en la red de Cercanías que prometió el Gobierno en 2018? Es una de las preguntas recurrentes del Gobierno de Díaz Ayuso, y la repitió el viernes la presidenta de Madrid ante Sánchez. Invocando, además, un supuesto agravio comparativo: que Cataluña vaya a recibir 6.300 millones para mejorar su red de trenes de media y corta distancia. Además, las dos administraciones no han logrado aún culminar el proyecto de abrir un bus-VAO (carril para vehículos de alta ocupación) en la A-2, un plan en el que también participa el Ayuntamiento de la capital, y que arrancó en 2018.

Menores extranjeros no acompañados

La Comunidad solicita al Gobierno más financiación para sostener la atención a los menores extranjeros no acompañados en la región. El Ejecutivo de Díaz Ayuso asegura que no recibe nada por este concepto, y pide la creación de un órgano estatal de coordinación para repartir a los migrantes, así como reformas normativas en los procedimientos de la determinación de la edad de los afectados. Es el reflejo de un problema regional: Vox, único socio posible del PP, ha puesto la diana en estos menores.