Los ‘rehabilitados’ del ‘procés’ descartan volver a la política

Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs se convirtieron el pasado miércoles en los tres primeros condenados por el Tribunal Supremo en la causa del procés que cumplen con su pena. El Tribunal Supremo ha dictado tres autos en los que declara extinguida la responsabilidad criminal de los exconsejeros catalanes de Justicia (Mundó), Gobernación (Borràs) y Empresa (Vila) al haber cumplido el 9 de junio la condena de 1 año y 8 meses de inhabilitación especial que se les impuso por delito de desobediencia, lo que les habilita para volver a ocupar cargos públicos electivos o de gobierno. El fin de la pena, no obstante, no va a suponer ningún cambio a corto y medio plazo en la vida de los tres exconsellers, que desde que fueron condenados trabajan en la empresa privada. Ninguno de ellos se plantea, por ahora, regresar a la vida pública que abandonaron en plena tormenta judicial por el desafío independentista. No aspiran a ejercer cargos en la administración, aunque no renuncian de manera drástica y definitiva a la actividad política, que les apasiona.

Carles Mundó es socio de un despacho de abogados que defiende, entre otros, a los implicados en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos relacionados con el proceso independentista. “No puedo estar cada dos por tres entrando y saliendo del despacho. Mi profesión es de abogado, y quiero dedicarme a ella”, dice Mundó en conversación con este diario. El exconsejero admite haber recibido toda clase de ofertas de su partido: desde volver al Govern hasta formar parte de la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. “Estoy muy agradecido, pero he dicho que no. No tiene nada que ver con el momento en el que estamos. Para mí la política no es una profesión, sino una dedicación puntual”, añade Mundó, que no obstante no descarta regresar a la arena pública en el futuro: “Tengo una clara vocación política”.

También tiene claro que va a seguir a lo suyo Meritxell Borràs, que igual que Mundó pasó algo más de un mes en prisión. La exconsejera de Gobernación, que trabaja como coordinadora de desarrollo de políticas corporativas de la Universidad de Vic (Barcelona), fue la primera de los líderes independentistas que dio un paso al lado y anunció públicamente que dejaba la política. Fuentes cercanas a Borràs sostienen que fue una decisión personal y añaden que el espacio político que antes representaba (PDeCAT) ha quedado volatilizado por la preponderancia de Junts, de modo que tampoco ha recibido una oferta concreta para volver a la política.

La situación es algo distinta en el caso de Santi Vila, exconsejero de Empresa, que siempre ha sido un verso suelto. Pasó una noche en prisión provisional y, casi desde el inicio de la causa judicial por el procés, fue visto por el independentismo poco menos que como un traidor. En una entrevista en Cadena SER, coincidiendo con el fin de su inhabilitación, asumió la pena: “La condena por desobediencia nos la ganamos a pulso”. Vila trabaja como gerente a tiempo parcial de la empresa Aigües de Banyoles, y también da clases. En su caso, sin embargo, el virus de la política sigue muy presente y, aunque no ha definido su trayectoria, abre la puerta a seguir en la carrera. Preguntado por los rumores en torno a la puesta en marcha de una plataforma para ganar la alcaldía de Barcelona, Vila dijo: “Son especulaciones (…) El procés se ha acabado. En la ciudad de Barcelona me gustaría que la etapa más populista también se acabe. Me implicaré tanto como pueda para que sea así”. Matizó, no obstante, que no quiere volver a la primera línea. “Es positivo que haya caras nuevas y aire fresco”.

Mundó, Borràs y Vila fueron juzgados en el Supremo junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas entre febrero y junio de 2019, pero, mientras los nueve procesados por rebelión y sedición eran trasladados cada día desde la cárcel hasta la sede del alto tribunal, los exconsejeros de Justicia, Gobernación y Empresa afrontaron el juicio en libertad al no estar acusados del delito principal. Se exponían a entrar en la cárcel una vez que la se dictara la sentencia porque la Fiscalía les acusaba de malversación de fondos públicos y desobediencia, pero el tribunal finalmente los absolvió del primero de estos delitos, lo que les libró de la pena de prisión y solo fueron condenados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y una multa de 60.000 euros. El tribunal rebajó luego esta cantidad en compensación por los días que habían pasado en prisión preventiva. En el caso de los exconsellers de Justicia y Gobernación, que estuvieron 33 días en la cárcel (entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017), el Supremo rebajó la multa a 35.600 euros, mientras que el exconseller de Empresa (quien dimitió un día antes de la declaración de independencia) pasó una noche en prisión y ha tenido que pagar 48.400 euros de multa.

Mundó, Borràs y Vila están incluidos en las peticiones de indultos que tramita el Gobierno para los condenados por el procés, pero el fin de la condena dejará previsiblemente sin efecto esas peticiones. Así lo advertía ya el Supremo en el informe que envió hace unas semanas al Ministerio de Justicia, en el que se oponía a los indultos de los 12 condenados y, en el caso de los exconsejeros de Justicia, Gobernación y Empresas, justificaba su negativa en que no hay razones que obliguen a corregir la pena, ya que las multas fueron saldadas y la inhabilitación de un año y ocho meses estaba prácticamente cumplida.