El informe sobre la Ley de Memoria divide al Consejo General del Poder Judicial

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que debatirá y votará el lunes el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dividido a los miembros del Gobierno de los jueces. Para el ala más conservadora, el texto es “excesivamente benévolo” con la ley, mientras que algunos vocales progresistas reprochan que se cuestionen aspectos esenciales de la norma.

El texto elaborado por los vocales Roser Bach (propuesta para el CGPJ por el PSOE) y Wenceslao Olea (por el PP) es el segundo intento del Consejo por cumplir con el trámite preceptivo de informar sobre los proyectos de ley del Gobierno. El primero se fue al traste tras la renuncia de los dos vocales a los que se les había encargado la ponencia, el progresista Álvaro Cuesta y el conservador José Antonio Ballestero, que no consiguieron encontrar un punto de encuentro. Bach y Olea lo han logrado con un informe muy técnico, de “perfil bajo”, según lo define un vocal del bloque conservador. Un texto que pasa de puntillas por alguno de los aspectos que más discrepancias generan entre los vocales, aunque cuestiona aspectos clave de la ley.

La mayoría de consejeros agradecen el “esfuerzo” de consenso y se muestran partidarios de apoyar el texto, aunque pretenden incorporar enmiendas para corregir puntos en los que disienten. Varios vocales de uno y otro bloque han presentado o van a presentar escritos con observaciones concretas que serán debatidas en el pleno. Y aquí puede estar el problema: “Cuantas más enmiendas discutamos, más probabilidades hay de alejarnos del texto original y volver al desencuentro”, admite un vocal del sector progresista.

Aunque la intención de la mayoría de los vocales consultados es salvar el grueso del texto, algunos miembros del pleno, tanto del ala progresista como de la conservadora, avanzan que votarán en contra. Dos consejeros propuestos por el PP han elaborado un texto alternativo que, en la práctica, es una enmienda a la totalidad. Otros vocales conservadores consultados no prevén apoyar este “contrainforme”, aunque sí pretenden integrar en el texto final algunas de sus aportaciones. Estos son alguno de los aspectos del informe original que más debate generan entre los vocales.

La reparación de las víctimas. El anteproyecto incorpora como novedad respecto de la Ley de Memoria Histórica la definición de un concepto de víctima de la Guerra Civil y la dictadura. Es uno de los puntos en los que más discrepan los conservadores. Para algunos de ellos, la definición es “excesivamente amplia” porque incluye desde las personas fallecidas como consecuencia de la contienda y la dictadura a los niños y familiares directos de niños sustraídos o adoptados de forma irregular durante este periodo. “El concepto de víctima tiene un componente penal que en esta ley no encaja. A ver cómo podemos engarzarlo”, apunta un consejero de este bloque. Los más conservadores sostienen que la definición que recoge el anteproyecto es “totalmente parcial”, porque solo se enfoca a las víctimas de la dictadura.

Ilegalización de fundaciones. El anteproyecto establece la extinción de las fundaciones que no persigan “fines de interés general” y que se considerará contrario a estos “la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”. El informe del Consejo pone reparos a este punto porque podría colisionar con el derecho a la libertad ideológica. La mayoría de los vocales consultados comparte, aunque con matices, esta tesis, aunque al menos dos vocales progresistas prevén defender en el pleno el espíritu del anteproyecto.

Nulidad de las sentencias. El anteproyecto de ley declara nulas todas las condenas y sanciones impuestas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra y la dictadura. El borrador del informe del Consejo considera innecesario este punto bajo la premisa de que como la Ley de Memoria Histórica, de 2007, ya las declara ilegítimas, estas sentencias son “inexistentes”. Este razonamiento no convence a algunos vocales progresistas, que defienden que no es lo mismo “ilegítimo” que “nulo” y abogan por avalar ese paso que da el anteproyecto de ley. Algunos vocales conservadores se oponen también a este apartado de la norma y consideran que el informe del Consejo debería haber sido más crítico.

El Valle de los Caídos. Es uno de los aspectos del anteproyecto de ley que más rechazo genera entre los vocales propuestos para el Consejo por el PP. El borrador de la norma prevé que el lugar en el que estuvo enterrado Franco durante 44 años se convierta en un cementerio civil, protegido por Patrimonio Nacional, que acoja los restos de víctimas de ambos bandos. El cambio implicaría la expulsión de los monjes benedictinos que regentan el Valle desde 1957. Varios consejeros conservadores sostienen que este plan tiene “lagunas jurídicas” y que podría incluso vulnerar los acuerdos con la Santa Sede. Los vocales progresistas consultados no comparten esta tesis.