El fiscal del Tribunal de Cuentas remite a la justicia ordinaria una denuncia por financiación ilegal de Vox

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía provincial de Madrid la denuncia por irregularidades en la financiación de Vox, presentada por el partido político Alianza Cívica, “por ser la competente para la investigación penal de tales hechos, dado que el Tribunal de Cuentas carece de competencia para el conocimiento de ilícitos de naturaleza penal”. Además, ha decidido trasladar la documentación presentada al Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas, “que es el competente para el control externo de la actividad financiera de los partidos políticos”.

Los denunciantes consideran que, con su decisión, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas “reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable” por parte de Vox y muestran su confianza en la acción de los tribunales para “sacar a la luz todo hecho que empañe el adecuado funcionamiento de las instituciones” democráticas.

Alianza Cívica presentó una primera denuncia contra Vox ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el pasado 13 de mayo, que amplió el día 25. Según la denuncia, a la que se adjunta abundante documentación, el partido ultra estaría supuestamente “esquivando de forma sistemática y organizada la ley de financiación de los partidos políticos”.

Para ello, recurriría, según los denunciantes, a la “recepción y posterior fraccionamiento de donaciones de naturaleza opaca, preferiblemente fraccionándolas y ocultándolas mediante microdonaciones, siendo el sistema preferido el de las mesas informativas, donde la formación ofrecía su mercadotecnia”, o mediante actividades de promoción, “manteniendo sus ingresos de forma artificial y por instrucciones del partido, siempre por debajo del límite de los 300 euros”, a partir del cual la ley obliga a identificar a los donantes.

Además, asegura la denuncia, “Vox recurriría a cargos orgánicos y empleados de base para correr con los gastos propios de la actividad habitual del partido, estableciendo un sistema clientelar similar a una estructura multinivel, mediante la cual Vox suministraría los materiales necesarios, cuyo importe debería ser pagado y devuelto disfrazado de donación”.

Ambos procedimientos, concluyen los denunciantes, se complementarían entre sí, siendo el destino principal de gran parte de los ingresos en metálico obtenidos por estos sistemas “financiar las diversas campañas electorales de la formación, esquivando las restricciones de gasto máximo” fijados por la ley electoral.