La Línea, rehén del narco

María —nombre ficticio— lleva una semana bombardeada a mensajes y audios de voz que braman sobre la supuesta negligencia de unos policías que han dejado morir ahogados a dos vecinos acusados de colaborar con el narco. La vecina de La Atunara, una de las barriadas más deprimidas de La Línea de la Concepción (Cádiz), estaba ofuscada con la idea, hasta que el pasado viernes una testigo de lo ocurrido le desmintió el más que probable bulo: “Ahora no sé qué creer”. Como ella, centenares de linenses han llegado a creer la versión que ha incendiado durante cuatro días las calles de los barrios más pobres de la ciudad, donde una minoría ha sido capaz de imponer una suerte de “guerra de guerrillas”, en opinión de la policía.

Contenedores quemados, emboscadas por la noche de grupos organizados, un tiro de escopeta y una manifestación con 800 asistentes. Los disturbios que se han vivido hasta el pasado jueves —que ya suman ocho investigados y se prevé que suban en los próximos días— tienen su origen en una acumulación de hartazgos. Toda España se percató de que en La Línea había un problema de seguridad cuando en febrero de 2018 unos encapuchados asaltaron su hospital para llevarse a un narco. Para entonces, el traficante local llevaba casi una década comprando voluntades en una suerte de narcocultura según la cual ganar dinero con portes de hachís desde Marruecos era algo digno de presumir en barrios en los que el paro juvenil roza el 80%. En tres años suman más de 2.460 detenciones y 365,5 toneladas de droga incautada en el Campo de Gibraltar. Los altercados demuestran que el espejismo de la vida narco en sus barrios de La Atunara, San Bernardo o Los Junquillos será más difícil de romper.

“Hemos estado viviendo una calma tensa porque la actuación policial ha limitado los movimientos de esta gente [por los traficantes]. Todo les sirve como mecha”, sentencia Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Nexos. En este caso, la chispa prendió en torno a las dos de la tarde del pasado lunes, cuando Sergio R., de 19 años, y Ángel A., de 51, murieron aparentemente ahogados a 200 metros del puerto de La Atunara. El Bola y el Baila, respectivamente, como eran conocidos, venían, según las sospechas policiales, de suministrar petacas de gasolina a una narcolancha que acabó alijando apenas media hora después. La familia del más joven lo niega. El atestado de la Policía Nacional relata que una patrulla vio desde tierra cómo una embarcación particular rescataba los cuerpos y dio aviso a la Guardia Civil.

Un vídeo registró cómo los agentes realizaron maniobras de reanimación a los accidentados mientras llegaba la ambulancia. Según el Ministerio del Interior, todo parece indicar que fue una actuación normal, y el Juzgado Instrucción número 5 de La Línea, que investiga el suceso, no tiene por ahora ningún investigado. Apenas dos horas después del presunto accidente, a María le llegó un fuerte olor a quemado: unos encapuchados estaban incendiando una rotonda cercana a su casa. Para entonces, la mujer ya había recibido una grabación de voz en la que un anónimo aseguraba que los agentes habían impedido el rescate a unos vecinos. Muchos en La Atunara o San Bernardo creyeron la versión que provocó la quema de contenedores, sobre la que María reflexiona: “Aquí nos tiene que ayudar alguien. Los policías y guardias nos tratan mal. Se supone que a los niños hay que enseñarles que la policía es buena, pero aquí estamos acojonados”.

Al alcalde de La Línea, Juan Franco, le han llegado estas críticas, pero también es consciente de que “los narcos manipulan a los barrios”, justo ahora que el negocio vive sus días más asfixiantes por el cerco policial. “Se ha producido una disociación. En La Línea (62.000 habitantes) hay un 90% de la población que sigue los parámetros normales y un porcentaje que ronda el 6% vive instalado en una realidad alternativa, que ve el narcotráfico como algo normal. El estallido social responde a esta realidad paralela y la chispa ha sido el fallecimiento de estas personas”, resume el regidor. Franco y las asociaciones antidroga llevan meses clamando para que el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar no se quede solo en refuerzos policiales. “Hemos perdido ya a dos generaciones, ¿vamos también a por la tercera?”, denuncia Mena.

El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, coincide en que “La Línea necesita una apuesta a medio-largo plazo”. “No conseguimos cambiar el chip de la gente en un día. Hay que ir poniendo los mimbres para construir ese cambio social, ofrecer una alternativa”, asegura el político, aunque no sabe precisar si el Gobierno reeditará el plan integral de inversiones, que ve insuficiente para La Línea. Tampoco hay noticias de planes de empleo específicos para una ciudad con una tasa de desempleo del 42%. “La Junta de Andalucía [competente en esa materia] se ha puesto de perfil”, añade Mena.

Una vecina de María, con dos hijos en paro y que tampoco quiere dar su nombre, camina por el paseo marítimo a la altura de la barriada San Bernardo, territorio del poderoso clan de los Castaña —conocidos como “los reyes del hachís”—. “Me repatea ver siempre la misma imagen de esta ciudad, la mayoría somos normales y honrados”, afirma. A pocos metros, el hollín ennegrece una rotonda con forma de castillo en el que una pintada pide “Justicia para Baila y Bola”. Hay un coche quemado y en el pretil que da a la playa se lee “Policías sicarios del Gobierno”. Son destrozos de una guerra que van a costar más de 244.000 euros, según estimaciones municipales.

En el montante no están contabilizadas las lunas rotas de los coches de la Policía Nacional, dispuestos en la rotonda calcinada de San Bernardo en un control dinámico en el que participan más de diez agentes. Después de tres noches intensas para los 70 antidisturbios, La Línea retoma la normalidad. Al requerimiento policial, hay quien para su coche con miradas desafiantes e incluso golpes al volante. “Son viejos conocidos”, tercia un responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

La tranquilidad tiene visos de ser solo calma chicha. Y el presidente de la coordinadora antidroga se pregunta: “Un policía local, un niño, estos dos vecinos… ¿Cuántos muertos estamos dispuestos a asumir como víctimas colaterales del narco?”.