El Gobierno reformará la ley si el Tribunal Supremo veta el plan anticovid
El Ejecutivo apoyará las peticiones de decreto de alarma que hagan las autonomías
El Gobierno cree que lo peor de la pandemia ha pasado y la excepcionalidad del estado de alarma ya no es imprescindible. Aunque entiende que hay suficientes instrumentos jurídicos para mantener las medidas restrictivas, algunas de las cuales afectan a derechos fundamentales, el Ejecutivo sostiene que acometerá los cambios legales necesarios si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunas autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. A la vez, recuerda que los presidentes autonómicos pueden pedir al Gobierno que apruebe decretos de alarma solo para sus territorios.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene en el artículo que firma este lunes en EL PAÍS que los avances de la vacunación y la fase en que se encuentra la pandemia en España han hecho posible el fin del estado de alarma, lo que considera una buena noticia. Tras sufrir tres olas de la pandemia que han causado más de 78.000 fallecidos, según el Ministerio de Sanidad, y un leve repunte en marzo que está remitiendo en los últimos días, España todavía registra una media de 600 muertos cada semana por la covid.
Las UCI de varias comunidades autónomas (Madrid, el País Vasco y Cataluña principalmente) siguen con una ocupación excesiva por enfermos de coronavirus, mientras que los índices de contagio en estos territorios superan o bordean el riesgo extremo.
El ritmo de vacunación se aceleró en abril, lo que permite avanzar que la población más vulnerable, la que tiene más de 60 años y en la que se concentra el 95% de la mortalidad, estará inmunizada o habrá recibido al menos una dosis antes de que acabe mayo. Cuando se alcance esta situación, la presión en los hospitales disminuirá, según todos los expertos.
“El Gobierno entiende”, señala el ministro Campo, “que el marco jurídico es adecuado para combatir la pandemia en la fase en la que estamos”. “Es un marco flexible y garantista, que permite a las autoridades sanitarias adaptar las decisiones y medidas necesarias a cada situación territorial. Y tienen que ser los jueces quienes realicen el juicio de proporcionalidad si hay que tomar medidas restrictivas de derechos”, añade.
Los primeros resultados de esa situación vaticinan un problema jurídico mayor, dado que mientras el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha vetado las restricciones que quería imponer el Gobierno de Iñigo Urkullu en un territorio que sufre uno de los peores índices de contagios de toda España, los jueces de Baleares y de la Comunidad Valenciana han avalado medidas restrictivas similares.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó el domingo ratificar “la limitación de entrada y salida de personas”, y también se negó a autorizar la restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos en horario nocturno.
La decisión del tribunal canario, formado por cinco magistrados, contó con dos votos particulares discrepantes, lo que vuelve a demostrar las enormes diferencias de criterio que surgen entre los jueces y fiscales de los distintos territorios a la hora de resolver si las principales medidas de restricción de derechos fundamentales se pueden o no aprobar sin estado de alarma.
El Gobierno aprobó la semana pasada un decreto ley para que el Supremo pueda unificar la doctrina en torno a estos litigios en un tiempo breve. Para ello, o la Fiscalía o los gobiernos autonómicos tendrán que recurrir en casación las resoluciones de los distintos tribunales superiores. El ministro de Justicia anuncia que si de las resoluciones del alto tribunal “se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”.
Campo recuerda también que “los gobiernos autonómicos siempre tienen la posibilidad de solicitar la declaración para su territorio, con el alcance que consideren, del estado de alarma”. El Ejecutivo se ha comprometido a apoyar esta posibilidad.
