El Constitucional respalda la abstención de Conde-Pumpido sobre el ‘procés’ para “reforzar la apariencia de imparcialidad” del tribunal

El Constitucional ha aceptado por unanimidad la renuncia del magistrado Cándido Conde-Pumpido a intervenir en todos los recursos del procés, con el objetivo de “reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del tribunal”. Así se hace constar en el auto, dado a conocer este jueves, por el que el Constitucional avala la abstención de dicho magistrado, que hasta la semana pasada dirigía la comisión encargada de redactar todas las propuestas de resolución relacionadas con los recursos presentados contra el fallo del Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas.

Conde-Pumpido fue recusado por todas las defensas de los condenados, por una conferencia que pronunció en noviembre de 2017, en la que se refirió a los hechos del procés. El auto recoge que el magistrado estima que no había causa de recusación, pero que se dirigió al pleno del tribunal para mostrar su voluntad de abstenerse con el fin de “garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías” para quienes ahora están cumpliendo las penas que el Supremo les impuso, mientras mantienen recurrida dicha sentencia por medio de diversas solicitudes de amparo.

El auto —del que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero— explica que Conde -umpido se dirigió al tribunal argumentando que, dada la notoria controversia constitucional, social y política generada en torno a la causa penal abierta sobre el procés, se “impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar indebidamente las resoluciones que habrán de ser dictadas”.

El Constitucional, en suma, hace suyo dicho propósito de reforzar la confianza en el tribunal “en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, es decir, en defensa de la Constitución y los valores que proclama”, y subraya que el propio Conde-Pumpido destacó “la singularidad política y social del objeto de los recursos presentados por los demandantes en relación con su enjuiciamiento penal”.

El auto también recoge que el magistrado ha expresado su desacuerdo con la tesis de que su intervención en el coloquio celebrado en noviembre de 2017 en el Congreso “anticipara un prejuicio sobre la culpabilidad de los implicados en la referida causa penal”. Conde-Pumpido ha sostenido que se limitó a identificar “la pretensión de subvertir el Estado Social y Democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia” como una preocupante amenaza para la democracia representativa, y se refirió a este propósito a dos pronunciamientos previos del Constitucional sobre resoluciones del Parlamento catalán, que el propio tribunal estimó contrarias a la Carta Magna.