Condenada la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros por aceptar un soborno de 100.000 euros de un constructor

La Audiencia de Lugo ha condenado por un delito de cohecho cometido en 2007 a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y medio. El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La sentencia también le impone al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, el tribunal optó por la tipificación más beneficiosa para él porque no se ha podido acreditar si el pago de 100.000 lo hizo por solicitud de la secretaria o lo ofreció el acusado.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación razonable que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

También el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que por aquel entonces ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. La sentencia da por acreditado que la acusada intervino en la aprobación de un expediente promovido para la construcción de 51 viviendas, para lo cual realizó una anotación favorable para el promotor. No obstante, los magistrados hacen constar en el fallo que se desconoce quién le indicó a la entonces secretaria “la conveniencia” de añadir la citada anotación, por lo que se han inclinado por absolverla del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

El fiscal solicitaba para la principal acusada una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial, así como una multa de 300.000 euros, mientras que para la auxiliar administrativa la condena solicitada era de 3 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 720 euros. Para el promotor de las obras, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y multa de 300.000 euros.