Los Franco piden fecha para vaciar el Pazo de Meirás y la Xunta anuncia su “intención” de no dejar marchar algunas piezas

Empieza la carrera para la mudanza de Meirás, ese descomunal trasiego de muebles con historia para el que familiares de Francisco Franco calculaban que harían falta unos 50 camiones. Pero el posible desfile de tráileres —después de que la semana pasada la Audiencia de A Coruña revocase el depósito cautelar de los bienes muebles del pazo— todavía depende del juzgado que ha llevado el asunto, aquel que en diciembre acordó retener 697 objetos inventariados. Y también está sujeto a algunas decisiones políticas que pueden torcer las pretensiones de los herederos, como el veto de la Xunta a que marchen de Galicia algunos bienes de interés cultural: la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y las estatuas de la catedral de Santiago (siglo XII), en manos de la familia desde 1955. Este lunes los abogados de los nietos del dictador han solicitado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que fije un plazo “razonable” y “de forma inmediata” para retirar “todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble”.

Creen los letrados que un mes les bastará para llevarse todo, “con la sola excepción de aquellas [cosas] que, eventualmente, se encuentren en él por haber sido colocadas” por el Estado después de tomar posesión del pazo, de forma provisional, el pasado 10 de diciembre. Con esto último, los letrados de los Franco no se refieren a los objetos que un informe de Patrimonio Nacional identificó como propios en diciembre, desde un sofá hasta un escritorio, una mesa-vitrina, una pantalla de chimenea o una alfombra. “Hay varios bienes muebles que claramente tienen su origen en las Colecciones Reales Españolas”, advertía entonces la jefa de Conservación, Pilar Benito.

Estos objetos que fueron incorporados a las Torres de Meirás durante la dictadura, cuando el pazo funcionaba como una extensión del Palacio del Pardo, sí entran en el lote que los Franco aspiran a trasladar en virtud de lo acordado por la Audiencia Provincial. Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia, asegura que el escrito presentado este lunes en el juzgado se refiere a “todos” los bienes, incluidos los que han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta. “Lo que está declarado BIC también es propiedad de mis clientes, la única matización respecto al traslado de bienes que son BIC es que están sometido a la protección de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia”, ha recordado el representante de los Franco a Europa Press.

Antes de sacar de la comunidad autónoma esos dos elementos —la biblioteca y las estatuas labradas por el taller del Maestro Mateo para el originario nártex románico de la catedral—, los Franco tienen que pedir permiso directamente a la Consellería de Cultura. Y según ha confirmado este departamento a EL PAÍS, la “intención” del conselleiro, Román Rodríguez, “es no permitir que salgan de Galicia”. “La Xunta va a seguir defendiendo el patrimonio de todos los gallegos como viene haciendo desde el principio, apostando por la unidad entre las Administraciones”, comenta una portavoz en su respuesta oficial.

“Los servicios jurídicos están analizando el fallo [de la Audiencia] y están a disposición de la Abogacía del Estado”, dice también la consellería, porque “a diferencia de lo que ocurría en 2008″, cuando el palacete fue declarado BIC, “hoy el pazo es de titularidad estatal y Patrimonio Nacional tiene identificadas como suyas algunas de las piezas inventariadas”.

Bienes que dependen de la Xunta

Al margen de los bienes que corresponde reclamar al Estado, de la Xunta dependen las esculturas de Abraham e Isaac, BIC desde 2019 (y actualmente envueltas en otro procedimiento judicial iniciado por el Ayuntamiento de Santiago), y miles de libros que ya estaban en el pazo cuando fue comprado por suscripción popular para regalar al Jefe del Estado en 1938. La Biblioteca de Pardo Bazán fue transportada parcialmente a la sede de la Real Academia Galega en A Coruña después del incendio que sufrieron las torres en 1978, pero unos 3.200 libros permanecieron en el pazo del municipio de Sada. Tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1, que otorgaba la titularidad de la mansión al Estado el pasado septiembre, la Xunta inicio el expediente por la vía de urgencia para declarar BIC el conjunto de los volúmenes, y desde entonces tienen la “máxima protección”.

El mayor investigador de la historia del pazo, Carlos Babío, señala que allí perduran, además de los libros, diversos muebles que ya estaban desde el principio. Es el caso, por ejemplo, de la mesa de trabajo del despacho de Pardo Bazán, donde escribía sus obras, hasta ahora no destacada en ningún informe judicial. También sobreviven a la intemperie en el jardín dos pilas bautismales del siglo XII, originales de la iglesia románica de San Xián de Moraime (Muxía, A Coruña), que no son BIC y que corresponde reclamar a la Archidiócesis de Santiago.

Desde que se conoció la decisión de la Audiencia de revocar el depósito cautelar de los muebles, cuadros o vajillas del pazo, en Galicia numerosas voces, desde la oposición y desde otras Administraciones implicadas, reclaman a la Xunta que reformule la declaración de Bien de Interés Cultural de Meirás. Porque en 2008 no se pudo realizar un inventario y en el decreto autonómico no se hacía mención a los objetos concretos que atesoraba.

No obstante, aquel decreto sí recogía el dictamen de dos instituciones que actuaron como órganos consultivos de la Xunta: el Consello da Cultura Galega y la Real Academia de Belas Artes. Estos organismos “no consideraron tan decisivos los valores arquitectónicos o artísticos” de Meirás, decía el texto, como “su importancia como lugar de memoria, reflejo de un pasado burgués, cosmopolita, nobiliario y político”. El “conjunto de elementos que conforman las Torres”, continuaba la declaración de BIC, “contienen en sí mismos la memoria de momentos importantísimos de la historia de Galicia y del Estado” y está “asociado con dos personalidades de gran notoriedad”, Pardo Bazán, su primera dueña, y Franco.

En su escrito de este lunes, los Franco piden también al juzgado que ordene al Estado dar acceso al inmueble a los profesionales que se vayan a encargar de la mudanza. Y no solo quieren que se eliminen de las diligencias tanto el inventario que elaboraron los técnicos de la Xunta el pasado noviembre como el informe de Patrimonio Nacional sobre los objetos que, según el Estado, proceden de las Colecciones Reales. Sino que reclaman al juzgado que dicte una orden para prohibir al Estado y las demás partes personadas (Xunta, Ayuntamientos de Sada y A Coruña y Diputación Provincial) “todo uso, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada, de tales documentos”.