La Policía alerta de un parón en sus pesquisas sobre la caja b del PP por falta de documentos

La investigación judicial sobre la supuesta relación entre la entrega de fondos a la caja b del PP por parte de empresarios, que se refleja en los llamados papeles de Bárcenas, y la concesión de contratos públicos ha encontrado un nuevo obstáculo. Cuatro organismos estatales no han entregado, cuatro meses después de que los reclamase el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los expedientes de nueve de las 23 adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar bajo sospecha de haber servido para financiar a los populares.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitió el pasado 22 de marzo al magistrado un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que le solicitaba que se reclamase esta documentación a estos cuatro organismos —entre los que está el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana— y pusiera una fecha límite para su entrega en el juzgado “con el fin de poder efectuar el análisis del contenido de los expedientes y aportar al procedimiento un informe completo dentro del plazo de instrucción”. Un día después, el juez Pedraz dictaba una resolución para reclamarla.

Se trata, en concreto, de los expedientes de licitación, por parte del antiguo Ministerio de Fomento, de cinco contratos adjudicados entre 2002 y 2004 para la construcción de otros tantos tramos de carretera por un importe total de 204,8 millones de euros. Se reclaman también dos expedientes de Renfe por 450.000 euros; uno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 502.000 euros, y uno más de la Agencia Tributaria para levantar, por 2,5 millones, una nueva sede en Avilés (Asturias). Solo este último ya ha sido entregado.

La Policía también pidió al juez que reclamase “documentación complementaria” al Ministerio de Defensa sobre la construcción de un cuartel en Paracuellos del Jarama (Madrid), y al Instituto de Turismo de España sobre las obras del Parador de Turismo de Lorca (Murcia), al no haber incluido ambos organismos toda la información solicitada.

Los expedientes reclamados por la Policía forman parte de 23 contratos que el Gobierno de Aznar adjudicó, entre los años 2000 y 2004, por cerca de 600 millones de euros a Constructora Hispánica —luego llamada Assignia Infraestructuras—, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I.

El juez Pedraz había reclamado el pasado 11 de diciembre “el contenido íntegro de los expedientes de contratación” a cinco ministerios, Renfe, Adif y Aena, entre otros organismos públicos. Todo ello después de que así se lo pidieran la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. En un informe de noviembre, la Policía destacaba que Constructora Hispánica recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigación.

Confesión en el juicio

El nombre de García Pozuelo aparece nueve veces en los papeles de Bárcenas como supuesto donante de más de 258.000 euros. En el juicio del caso Gürtel en el que fue condenado, confesó que pagó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que se le adjudicaran obras en Castilla y León, y en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según añadió, sabía que parte del dinero era para lo que denominó “organismos centrales”. Un término que aclararía Correa en el mismo juicio: “Eran obras de la Administración central [...] En las que yo, esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.

El objetivo de la investigación de esta pieza del sumario Gürtel es buscar pruebas que acrediten una supuesta relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios que refleja la contabilidad paralela del PP que llevaba el extesorero Luis Bárcenas, actualmente en prisión. El juez Pedraz resaltaba en el auto en el que reclamó los 23 expedientes que la investigación ya había permitido afirmar indiciariamente que en el PP se creó “un sistema para obtener fondos ilícitamente”, a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”.

El magistrado recalcaba que los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apuntaba el magistrado.