Los acusados del ‘caso Matinsreg’ confirman la trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Jaén

Varios acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Jaén por el llamado caso Matinsreg han confirmado la existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales durante el gobierno municipal que, entre los años 2011 y 2016, presidió el popular José Enrique Fernández de Moya (PP). Fernández Moya, que se enfrenta a ocho años de prisión por delitos prevaricación y malversación continuada, ha negado cualquier implicación en esta trama y ha reiterado que delegó toda la responsabilidad en los concejales de su equipo de gobierno.

Dos de los antiguos ediles se sientan en el banquillo de los acusados y se enfrentan a una petición por parte del fiscal —que no acusa al exalcalde— de nueve años de prisión: seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho. En el juicio se analizan los pagos inflados desde el Ayuntamiento jiennense a la empresa Matinsreg, contratada a dedo para el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. La vista, que comenzó el lunes y se prolongará durante tres semanas, se reanudará el día 19 con la declaración de casi medio centenar de testigos.

Fernández de Moya ocupó durante dos años la Secretaría de Estado de Hacienda, con Cristóbal Montoro como ministro, tras abandonar la alcaldía jiennense. El exalcalde se ha negado este jueves a responder a los letrados del Ayuntamiento y del PSOE, que ejercen la acusación particular y popular, respectivamente. Ha vuelto a eludir cualquier implicación suya en la trama. “Ni participé, ni conocí, ni me reuní o di ninguna instrucción sobre ninguna empresa”, ha enfatizado Fernández de Moya, tras aclarar que lo delegó todo en la “confianza y solvencia” de su equipo de concejales. Ha argumentado que el decreto de alcaldía que permitió a la compañía zamorana empezar a trabajar en Jaén se firmó un ocho de agosto de 2012, con otra edil, Rosa Cárdenas, ejerciendo las funciones de alcaldía, porque él estaba de vacaciones.

El gerente de la empresa zamorana Matinsreg, Luis Gregorio González, una de las nueve personas enjuiciadas, confirmó la existencia de la red corrupta. “Sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo”, ha declarado por sorpresa González, tras reconocer ante el tribunal haber “inflado” las facturas que pasaba al Ayuntamiento de Jaén por el mantenimiento de fuentes y semáforos y haberlo hecho con el visto bueno del que fuera primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, uno de los acusados y que además, según subrayó, “se llevaba una parte de la facturación”.

El acuerdo alcanzado, según recalcó ante el tribunal, pasaba por facturar al Ayuntamiento entre 450.000 y 480.000 euros al mes. En esas sumas se incluían “las comisiones, el coste real, el beneficio y la financiación”, ha señalado, admitiendo así que “se alteró la realidad de las facturas” para poder hacer frente al pago de las comisiones. El acusado ha manifestado que se subieron las horas trabajadas e incluso el precio de los productos y materiales empleados para elevar las cuantías de los importes que se facturaban al Consistorio y así poder alcanzar una facturación mensual cercana al medio millón de euros, que era “lo que se había hablado”.

El responsable de Matinsreg manifestó haberse entrevistado en una única ocasión con el entonces alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, a pesar de que este negó esa reunión durante su declaración ante el juez en 2018. González, que no tuvo reparos en señalar que su único objetivo era “ganar dinero”, admitió que todo se truncó por la dificultad en la legalización de las facturas. “Todo era un despropósito y no se atrevían a llevarlas a pleno”, señaló.

Por su parte, José Merino, conocido como el “conseguidor” en esta trama, se desmintió a sí mismo respecto a lo declarado ante el juez cuando llegó a admitir que se llevaba comisiones de hasta el 10% de las facturas emitidas por la empresa Matinsreg. Ahora niega los hechos y argumentó que en su día estaba “nervioso”. Sin embargo, otro de los acusados, Agustín Sánchez, técnico responsable de la Oficina de Control de Concesionarias del Ayuntamiento jiennense, llegó a reconocer, tras las preguntas del Ministerio Fiscal, que fue “imprudente en la firma de facturas” que le llegaban, aunque descartó haber recibido indicaciones tanto del exalcalde como de los otros ediles imputados.