La Fiscalía rebaja la petición de cárcel de once a ocho años para el exalcalde de Jaén

El que fue alcalde de Jaén desde 2011 a 2016, José Enrique Fernández de Moya (PP), no será juzgado por el delito de cohecho, aunque se mantienen contra él las imputaciones de prevaricación y malversación continuada del PSOE, que ejerce la acción popular. Esa exclusión supone que el antiguo regidor popular se enfrenta a 8 años de prisión y no a 11, como reclamaba inicialmente la acusación popular.

Este lunes, en las cuestiones previas al inicio del juicio del caso Matinsreg, que investiga pagos inflados desde el Ayuntamiento jiennense a la empresa contratada a dedo para el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, el ministerio fiscal ha pedido que el PSOE, que ejerce la acción popular, retire la acusación de cohecho contra Fernández de Moya por su supuesta mediación para la contratación de familiares y conocidos por parte de la empresa que da nombre al caso, Matinsreg, y otras vinculadas a ella.

A su llegada a la Audiencia Provincial, Fernández de Moya, que fue número dos del Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro tras su paso por la alcaldía, ha dicho tener “la conciencia muy tranquila” y ha agregado que esta causa judicial responde a una estrategia “miserable y canallesca” del PSOE, que le supone un coste personal “irreparable”. “Vengo a este juicio a defender mi honestidad, mi honradez y a defender mi integridad personal y por supuesto a defender ante este tribunal que toda mi actuación fue conforme a derecho, conforme al informe del secretario general, conforme al informe de los letrados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y conforme a ley”, ha señalado Fernández de Moya a los medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Jaén, que ejerce la acusación particular, reclama seis años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya, a quien responsabiliza de un delito de prevaricación en concurso medial, con otro de fraude y exacción ilegal (exigencia de derechos o tarifas indebidas). Por su parte, el PSOE, como acción popular, pide que se le condene a ocho años de prisión por el delito de prevaricación absoluta e inhabilitación especial para empleo público durante diez años. Fue el actual alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, quien firmó la querella contra su predecesor en el cargo.

Penas de prisión

El ministerio fiscal sí solicita penas de prisión para quien fue teniente de alcalde en la etapa de Fernández de Moya, Miguel Ángel García Anguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP), así como para un técnico municipal, A. S. G. Para estos tres acusados pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. La fiscalía también reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años.

Para otros tres empresarios acusados, J. M. A., I. H. C. S. y L. G. G. V., solicita penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide que los siete acusados indemnicen al Ayuntamiento de Jaén en 4,9 millones de euros, cantidad en la cifra el perjuicio económico causado al Consistorio jiennense.