Comienza el juicio a un exsecretario de Hacienda por una trama de facturas falsas en Jaén
El Ayuntamiento andaluz pide seis años de cárcel para Fernández de Moya, exalcalde y ‘número dos’ de Cristóbal Montoro
José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda entre 2016 y 2018 y exalcalde de Jaén por el PP (2011-2016), se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por prevaricación, malversación continuada y cohecho. Comienza en la ciudad el el juicio por el caso Matinsreg, una presunta trama de corrupción bautizada así en referencia a la empresa a la que el Ayuntamiento de la ciudad andaluza abonó cuatro millones de euros por servicios con precios supuestamente inflados.
En la vista, que se prolongará durante tres semanas con casi medio centenar de testigos en la Audiencia de Jaén, la Fiscalía no ha presentado cargos contra Fernández de Moya pese a su procesamiento, tras estimar que no estaba “debidamente acreditada” su participación en los hechos. Sin embargo, el ministerio público sí que acusa a otras siete personas: los exconcejales populares Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral y cinco técnicos municipales y responsables de las empresas contratadas.
La investigación de esta trama de corrupción se inició tras la querella interpuesta por el PSOE municipal a finales de 2017 que denunciaba pagos “inflados” a la empresa Matinsreg, a la que supuestamente se había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad en 2012, con Fernández de Moya como alcalde. La Audiencia de Jaén fijó una fianza de 6,5 millones para todos los procesados.
El auto de apertura de juicio oral explica que el exregidor Fernández de Moya “vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa [Matinsreg] en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento”. En dichos reparos “se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén”.
Además, las facturas que la empresa zamorana pasaba al cobro recogían supuestamente trabajos que no se habían realizado, o a los que se incluían un número de horas y operarios ajenos a la realidad y materiales cuyo precio en el mercado estaban muy por debajo de lo que Matinsreg facturaba al Ayuntamiento jiennense. El importe total de las facturas emitidas entre agosto de 2012 y septiembre de 2013 ascendió a 4,3 millones, incluidas partidas inciertas sobre productos químicos con unos precios “muy superiores” a los pagados por su adquisición por Matinsreg.
A pesar del auto incriminatorio, la Fiscalía pidió excluir del banquillo a Fernández de Moya al entender que estuvo al margen y no era conocedor de la trama. El ministerio público consideró que los múltiples reparos a las facturas realizados por el interventor por ausencia contractual se levantaron por acuerdo del Pleno con el apoyo de 16 concejales. Todos ellos, incluido el alcalde, “desconocían la mendacidad de las facturas” y se basaron “en la existencia de crédito para aprobar el pago de unos trabajos que formalmente aparentaban haberse realizado”.
El Ayuntamiento de Jaén, que ejerce la acusación particular, reclama seis años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya, a quien achaca un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude y exacción ilegal. Por su parte, el PSOE, como acción popular (fue el ahora alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, quién firmó la querella), pide que se le condene a 11 años de prisión, ocho por el delito de prevaricación absoluta, tres por el de cohecho y, alternativamente, si no se le condena por este delito, el PSOE reclama que sea condenado por tráfico de influencias a seis meses de prisión, multa de 10.000 euros e inhabilitación especial para empleo público durante diez años.
El Ministerio Fiscal sí que solicita penas de prisión para el que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP), así como al técnico municipal A.S.G.. Para estos tres acusados pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros.
Tanto Fernández de Moya como Miguel Ángel García Anguita ya solicitaron su baja cautelar de militancia en el PP una vez que conocieron que la Audiencia de Jaén rechazó todos los recursos de apelación.
